Las alianzas de la oligarquía americano-anglosajona con las sumisas élites españolas determinaron la penetración del capitalismo estadounidense en España en el primer tercio del siglo XX, inicialmente desde las telecomunicaciones, entonces en auge. Cuando España se propone en 1931, mediante una república democrática, acabar con el atraso secular impuesto históricamente por las derechas y el clero, y emprender una modernización para nivelarse con los Estados de su entorno europeo, las fuerzas reaccionarias locales se plantean descabalgar militarmente la Segunda República desatando la guerra civil.
Durante su atribulado curso, no le faltan en ningún momento a las fuerzas franquistas el petróleo estadounidense, ni la aviación fascista italiana ni la Legión Cóndor de la Luftwaffe nazi, ni los bastimentos y alimentos portugueses, mientras Inglaterra y Francia se lavan las manos y se atienen a una cómoda no Intervención. Solo México y la Unión Soviética ayudarán a la República Española. También, la memoria de los españoles no olvida a los combatientes estadounidenses que participaron heroicamente en las Brigadas Internacionales contra el fascismo, muestra de la sintonía entre sendos pueblos, tan contravenida por las élites de aquel país.
Estados Unidos codicia a toda costa la posición geoestratégica de España. El abrazo de Eisenhower a Franco en 1959, a cambio de bases militares, prorrogaría el régimen fascista 16 años más.
Una apetitosa posición geoestratégica
Inglaterra, a partir entonces, no puede mantener su influencia ni su hegemonía sobre sectores de la economía y la política interior y exterior española. Su designio pasará a ser aplicado por Estados Unidos, que, pese a las sintonías militares e ideológicas probadas de Franco con Adolf Hitler y Benito Mussolini, codicia a toda costa la posición geoestratégica de España en el extremo occidental de Europa; reclama pues a Franco y obtiene de él importantes bases militares estadounidenses en territorio español —Rota, Torrejón de Ardoz y Zaragoza entonces, hoy Morón de la Frontera y Rota— y el presidente estadounidense Dwight Ike Eisenhower no tiene reparo en abrazar al dictador Francisco Franco en la madrileña plaza de Callao en diciembre de 1959. Aquel abrazo prorrogaría su régimen fascista 16 años más.
Se establece un Tratado bilateral considerado ominoso para los intereses de España, con decenas de cláusulas secretas: España se abre a la penetración del capitalismo estadounidense en todos los registros de su política, su economía y su cultura, influjo que no cesará hasta nuestros días. La Casa Blanca consigue integrar al franquismo en la llamada Coalición de la Guerra Fría (1), ideada por Washington como herramienta estratégica anticomunista para enfrentarse en Europa al creciente ascendiente de la Unión Soviética, vencedora en el Viejo Continente de la Segunda Guerra Mundial contra el nazifascismo, señaladamente en su área oriental, con importante influjo ideológico en el área occidental, España incluida.
Para atajar tal influencia, manifiesta en el antifranquismo rampante del movimiento obrero y estudiantil en España, el nivel de injerencia estadounidense en la política española no dejará de incrementarse tóxicamente. El número de individuos en nómina de la CIA en España escalará a partir de entonces hasta cotas de varias decenas de miles de agentes, confidentes e informadores (2). El nexo entre los tecnócratas del Opus Dei, en el poder en Madrid, y las autoridades de Washington será muy estrecho. En el plano castrense, comienzan los programas de adiestramiento de oficiales españoles en Estados Unidos, mientras los servicios de información y cargos del Alto Estado Mayor del régimen franquista reciben sobresueldos por informar a Washington de la situación interior en España. En el reparto de tareas de la Coalición de la Guerra Fría a escala militar, a España solo le corresponderá la cosecha de componentes secundarios para los submarinos nucleares estadounidenses.
Así pues, nada de armas atómicas aquí, si bien Inglaterra y Francia ya cuentan con ellas. Empero, un choque en vuelo durante el aprovisionamiento de un bombardero B-52 norteamericano, por un avión cisterna o nodriza, K-135, también norteamericano, en enero de 1966, arroja cuatro bombas termonucleares B28 sobre la costa mediterránea de la provincia andaluza de Almería.
Luis Carrero Blanco, almirante, vicepresidente del Gobierno y mano derecha de Franco, idea un proyecto, denominado Islero (3), para proporcionar a Franco un arma atómica: utiliza como pantalla para la experimentación una Oficina de Óptica regida por la Marina y cuenta con un polígono de pruebas en un área desértica de la provincia de Soria. En 1969, recibirá de Charles De Gaulle, ex presidente de la República francesa, de visita privada a España, la aquiescencia francesa para que España se dote del arma atómica. “Si la tiene Inglaterra, ¿por qué no podéis tenerla vosotros?” sugiere a Franco en presencia de Carrero.
Pero, al enterarse Henry Kissinger de los planes de Carrero Blanco, ya entonces presidente del Gobierno, el todopoderosos factor de la política exterior de los Estados Unidos de América se presenta en Madrid y mantiene con él una discusión al respecto —al parecer acalorada—: es el 19 de diciembre de 1973. Al día siguiente, 20 de diciembre, juzgarán en el Tribunal de Orden Público de Madrid a Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Eduardo Saborido, Juan Muñoz Zapico, Paco García Salve, Fernando Soto, Francisco Acosta, Miguel Ángel Zamora, Luis Fernández Costilla y Pedro Santiesteban,… dirigentes sindicales comunistas de las clandestinas Comisiones Obreras, detenidos en 1972 y ya presos, sobre los que pesaban condenas que sumaban 160 años de prisión, hasta los 20 años para Camacho y 19 para Sartorius, entre otras condenas, por su actividad a favor de la libertad sindical y los derechos laborales y de huelga.
Hipótesis fundada sobre el asesinato de Carrero
El régimen franquista percibe su propia consunción. Poco después de iniciarse el juicio aquella mañana, Carrero Blanco sale de misa de 9, en un Dodge Dart negro de 1.800 kilos, en la iglesia de los Jesuitas de Serrano, para dirigirse a ver cómo ha quedado una estatua ecuestre de Francisco Franco que ha encargado al escultor Juan de Ávalos para instalarla en el Palacio Real de Madrid. Al atravesar la calle de Claudio Coello, a la altura de su número 104, recibe el impacto de una potente carga explosiva ubicada en un túnel perforado por un comando de ETA en el subsuelo por donde cruzaban metódicamente el almirante y su escolta cada día. El túnel se hallaba situado a unos 130 pasos en línea recta de la sede de la Embajada estadounidense en Madrid: el vehículo del presidente del Gobierno vuela más de 25 metros con Carrero y sus acompañantes dentro, cae estruendosamente sobre un patio interior del edificio jesuítico y mueren también, aplastados por la explosión y la caída, un policía y su chófer. Henry Kissinger había abandonado España apenas unas horas antes, en dirección hacia un safari en África central, donde permanecerá un mes largo…
¿Qué hipótesis política o geopolítica cabe formular ante este magnicidio? Varias. Una de las más consistentes se expone aquí. Su ejecución material, está fuera de duda, fue obra de un comando de la organización armada vasca ETA, que inicialmente había ideado un secuestro de Carrero y su canje por decenas de presos de ETA. Sin embargo, al conocer la muerte del dirigente independentista vasco Eustaquio Mendizábal, alias Txikia, la organización vasca decide el asesinato magnicida.
Para los poderes fácticos mundiales, lo que está en cuestión, entonces, es el trasunto político y geopolítico del posfranquismo, habida cuenta de la ya muy quebradiza salud de Franco, y su muerte ya en ciernes, pues cuenta entonces con 81 años. Carrero Blanco, franquista fundamentalista, con fuertes vínculos con los tecnócratas del Opus Dei, señaladamente Laureano López Rodó y Gregorio López Bravo, y pretendidamente mentor de Juan Carlos de Borbón, aún Príncipe de Asturias, se configura como titular del futuro franquismo sin Franco. Él va a ser el heredero continuista del franquismo. Pero carece del ascendiente del dictador en las Fuerzas Armadas y de su inexplicable pero cierto carisma.
Ergo, los intereses de la élite y del capital estadounidense y sus terminales europeas perciben el peligro: si Carrero se hace con el Gobierno a la muerte de Franco, su endeblez de imagen y su desprestigio entre la fuerte pulsión democrática que se vive en las calles españolas, escorará la hegemonía política de la futura transición hacia la izquierda comunista, que protagoniza la sed social de cambios y la demuestra con un gran ascendiente movilizador de masas entre trabajadores, estudiantes, ciudadanos, mujeres y sectores de la burguesía nacional hartos, también, de la ausencia de libertades democráticas por las cuales el PCE y otros partidos de izquierda pugnan en primera línea de la lucha antifranquista. Tal lucha ha deslegitimado, ya plenamente, la legitimación manu militari del régimen de Franco durante la sangrienta posguerra.
Un peligro a conjurar
Para los analistas de Washington, la continuidad de Carrero como presidente del Gobierno y potencial hombre fuerte del cambio en ciernes escondía un hipotético peligro que no querían correr, habida cuenta de lo sucedido en Portugal con la entonces reciente Revolución de los Claveles, había derrocado el continuismo de la dictadura salazarista de Marcelo Caetano y había aupado a la dirección política del país vecino a una fracción comunista y progresista de las Fuerzas Armadas lusitanas. Ante el riesgo de que en España se reprodujera una solución portuguesa o semejante, los servicios secretos estadounidenses, presumiblemente al tanto de la preparación del atentado de ETA contra Carrero, miraron presumiblemente para otro lado cuando la organización terrorista lo perpetraba a tan corta distancia de la sede de Embajada de Estados Unidos en Madrid.
Apartado Carrero de la escena, el riesgo de una hegemonía de la izquierda comunista descendía abruptamente, abriendo así una alternativa política teledirigida desde Washington
Según esta hipótesis, los planes de Washington para España eran, desde luego, muy otros. Apartado Carrero de la escena previa a la transición en ciernes, el riesgo de una hegemonía de la izquierda comunista descendía abruptamente, erosionando sus expectativas, para dar entrada a una opción política distinta; sobre todo, a una alternativa política teledirigida desde Washington, conforme a sus intereses y controlable vía Berlín, entonces en manos socialdemócratas; una nueva situación se abría paso en España sin Carrero al frente.
Y tal fue lo que sucedió. El dinero a través de fundaciones, asesores, agentes de acción encubierta, analistas, medios de comunicación, comenzaron a fluir unos, a bullir los otros y las posibilidades de un cambio antidictatorial profundo en las instituciones y una ruptura completa con el pasado franquista se desvanecieron. La dicotomía ruptura-reforma se decantará por la vía reformista. El pensador marxista Nikos Poulantzas, en conversación con quien esto escribe (4), se preguntaba qué tipo de transición a la democracia se materializaría en España cuando más de un centenar de altos oficiales militares griegos del régimen de la dictadura de los coroneles fueron depurados, mientras aquí no se emprendió depuración alguna entre el generalato, a la sazón alineado estrechamente con el franquismo y en posiciones extendidas de extrema derecha.
En la transición, el dinero invertido a través de fundaciones, asesores, agentes de acción encubierta, analistas y medios de comunicación, logró imponer la vía reformista frente a la rupturista.
Desde el punto de vista geopolítico, la transición democrática en España se produce en un momento en la correlación mundial de fuerzas en el que Estados Unidos no se puede permitir que España, donde el neutralismo de Adolfo Suárez frente al bipartidismo capitalismo-socialismo era una opción sobre la escena, se desalineara de los Estados Unidos de América; y ello, toda vez que Irán, en los albores de la revolución iraní, había abandonado su inserción bajo el paraguas militar y político norteamericano con el derrocamiento de su fiel aliado, el sha Reza Pahlevi. El neutralismo de Suárez provocó, con pocas dudas, su caída en desgracia ante el Rey.
Comoquiera que tanto entonces como ahora, tiene aún vigencia en España la Ley de Secretos Oficiales, ley que carece de plazos de desclasificación, promulgada por el franquismo en 1968 ante la inminencia de cambios políticos exigidos a pie de calle por el movimiento de masas pilotado por el PCE, esta hipótesis sobre las motivaciones reales del asesinato de Carrero Blanco, con el trasunto geopolítico exterior y el político interior descritos, no deja de ser una teoría; fundada, pero teoría, mientras los archivos policiales y de los servicios secretos no se abran de par en par al acceso público para su estudio, tras su desclasificación como secreto de Estado.
Estados Unidos no se podía permitir que, con el neutralismo de Adolfo Suárez, España se desalineara de Whashington, y el presidente cayó en desgracia.
Un golpe aún oscuro
Algo similar corresponde al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Pese al voluminoso caudal de informaciones más o menos veraces y contrastadas, pero más bien superficiales, vertido al respecto, muy pocas aciertan a la hora de situar en términos geopolíticos lo que en verdad estaba en juego tras aquel asalto a mano armada y secuestro del Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional. La mecánica del golpe es más o menos conocida, pero nadie o casi nadie ha insertado el análisis de aquellos hechos en una perspectiva geopolítica ínsita en la última fase de la Guerra Fría vigente aún en la Europa Occidental entonces.
La integración de España en la Coalición de la Guerra Fría exigía su integración en la OTAN. Esa fue la condición impuesta para entrar en la Comunidad Europea.
Sobre la arena, la culminación de la integración de España en la Coalición de la Guerra Fría exigía, a su vez, la integración de España en la OTAN. Pero las prioridades españolas estaban entonces solo en torno a la integración en la Comunidad Europea. “No”, se le dijo a España desde Washington, “si queréis entrar en Europa”, anhelo muy extendido a la sazón entre la población española, “debéis antes entrar en la Alianza Atlántica” (fue el mismo dictado impuesto a Ucrania, 45 años después, cuando Kiev manifestó su deseo de ingresar en la Unión Europea y le fue condicionado a su ingreso previo en la OTAN. De ahí surgiría la guerra con Rusia, que percibió preventivamente la amenaza que ello implicaba). Por consiguiente, le meta socio-económica hacia la integración europea sería inaccesible mientras España no entrara en el redil militar dirigido desde Washington.
Intramuros del país, la inepcia de sector mayoritario de la oposición socialista, que tenía conciencia de la incesante injerencia política del Ejército en la política española —asonadas cuartelazos, golpes de Estado, dos dictaduras militares…— como un flagelo que España arrastraba desde mediados del siglo XIX, vio en la entrada del país en la OTAN el antídoto para atajar aquel intervencionismo.
Craso error: dos Estados pioneros de la Alianza Atlántica, Grecia y Turquía, ya en el seno de la OTAN, sufrieron sendos golpes de Estado militares de extrema derecha en sus países. La OTAN no aseguraba nada. Pero en España, esta coincidencia de propósitos entre lo que deseaba Estados Unidos y lo que anhelaba el PSOE chocaba con un impedimento presuntamente insuperable. Ni la derecha española, todavía recelosa con Estados Unidos por el expolio imperial de Cuba, Puerto Rico y Filipinas de 1898, ni la izquierda, enfrentada a Washington por su abrazo al dictador en Madrid en 1959, estaban por la labor de aceptar la entrada de España en la OTAN.
El golpe de Estado del 23-F consiguió su objetivo: un clima de miedo suficiente para presionar a muchos españoles a aceptar la OTAN, tan rechazada por la izquierda y la derecha española.
El gran miedo
Por consiguiente, había que revertir ese rechazo común antiamericano tan extendido. ¿Cómo hacerlo?: creando un gran miedo, que torciera la voluntad mayoritaria y obligara a los españoles y españolas, de derechas y de izquierdas a votar en referéndum a favor de la entrada de España en la Alianza Atlántica. ¿Cuál fue la ocasión?: la teledirección política del malestar militar, muy enraizado por el terrorismo de ETA y ampliado más aún por el temor de la España más reaccionaria ante la extensión de los derechos democráticos a partir de la Constitución de 1978. Generar una situación de crispación máxima, que mostrara la posibilidad del regreso de una dictadura militar a España; el regreso sería escenificado mediante el secuestro a mano armada del Congreso de los Diputados y resultaría suficiente para amedrentar al pueblo español y lograr el fin previsto. España, tras el supuesto fracaso instrumental del golpe, que no el éxito de su fin último, la entrada en la OTAN, lo haría por la puerta de atrás en 1981, para confirmar su ingreso —vía referéndum— en 1986; eso sí, siempre antes de adentrarse de pleno derecho en la Comunidad Europea.
El referéndum sobre la OTAN, alentado por Felipe González, entonces presidente del Gobierno que dijo que no se haría cargo de las riendas políticas del país de no votarse a favor, registró, por cierto, un apagón informático de hora y media durante el conteo de los votos emitidos, según sociómetras destacados en los nodos electorales centrales. El propósito estadounidense, con tales artes, estaba conseguido.
Como cabe ver, también hoy mismo, la histórica injerencia de la clase dominante estadounidense en la política española, cuando no su indiferencia, ya que registra evidencias que convierten las relaciones mutuas en altamente tóxicas y, en todo caso, dañinas para los intereses mayoritarios de la población española: prueba de ello es el rearme a marchas forzadas de Marruecos, vecino meridional y conflictivo de España, sobre el que Washington se vuelca hoy para allanar los denominados pactos de Abraham acometidos por Israel con determinados Estados árabes.
La OTAN exige a España renunciar a la descolonización del Sahara mediante un referéndum y a duplicar el gasto español en defensa comprando armas a Estados Unidos.
Por otra parte, la OTAN no defendería a España en caso de agresión norafricana. Exige sin embargo a España renunciar al compromiso de Naciones Unidas para culminar la descolonización del Sahara mediante un referéndum entre el pueblo saharaui y obliga, en un gesto de impostura inadmisible, por falaz y antisoberana, a duplicar el gasto español en defensa comprando armas a Estados Unidos, a costa de reducir los presupuestos sociales en pensiones, vivienda, salud y educación.
El apoyo irrestricto de la Casa Blanca a Israel en su operación de exterminio genocida del pueblo palestino, que ha indignado a millones de españoles y españolas por su crueldad infanticida, es un paso más hacia el rechazo generalizado del designio imperial y colonial preconizado por Washington. Rechazo que, sin duda, crece exponencialmente estos días aquí al conocerse las amenazas militares estadounidenses contra el pueblo hermano venezolano, protagonista de una revolución anticapitalista, cívica y solidaria, que tiene derecho a mantener la propiedad de sus recursos energéticos y naturales, así como su autonomía como Estado soberano.
Por otra parte, Washington impone a Madrid una hostilidad obligada en sus relaciones con China y con la Federación Rusa, hostilidad que los españoles detestan, porque choca con los intereses mayoritarios del pueblo español, amante de la paz, de la neutralidad y de los lazos culturales y comerciales con nuestros vecinos de Eurasia.
El desdén estadounidense hacia España encontró expresión en el envío a Madrid, como embajador de los Estados Unidos de América, al diseñador de los interiores de la casa de Michelle Obama, primera dama norteamericana. Dicho sea esto con todo el respeto por la profesión de los decoradores, a los que no se supone provistos profesionalmente de conocimientos sobre la diplomacia a aplicar en un viejo país europeo como el nuestro, que ayudó sobremanera a Estados Unidos a independizarse de Inglaterra, dato oficialmente desconocido en la cultura y las escuelas del gran país transtlántico.
Notas:
1. El término lo emplea Joan Garcés en su libro Soberanos e intervenidos. Siglo XXI. 5ª Edición.
2. Según testimonio de Antonio Romero, dirigente comunista andaluz miembro de la Comisión Parlamentaria de Gastos Reservados, fueron hasta 30.000 las personas en nómina de la CIA durante toda la Transición.
3. Islero fue el nombre del toro que corneó y dio muerte a Manolete en la plaza de toros de Linares.
4. Entrevista con Nikos Populantzas del autor. El País. 1977.
