Hace unos días, el 10 de diciembre, se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos y el 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, establecido por las Naciones Unidas en 1992 con el fin de concienciar sobre sus derechos y bienestar promoviendo su inclusión plena en todos los aspectos de la sociedad.
Según las estadísticas de abril de 2025 de la Comunidad Valenciana, hay un total de 324.708 personas con discapacidad reconocida es decir el 6% de la población. En la provincia de Alicante unas 167.000 personas.
Entre ellas están las que pertenecen al colectivo de personas con Síndrome de Asperger, Trastorno del Espectro Autista (TEA)
En Alicante, padres y madres de hijos con diagnóstico de TEA nos unimos en 2007 para defender sus derechos y mejorar las condiciones de vida del colectivo formando una asociación que cuenta con más de 400 familias de toda la provincia y que es miembro integrante de la Confederación Asperger España (CONFAE).
Las personas que se encuentran en el Espectro Autista presentan de forma inherente y consustancial a su condición una importante dificultad para identificar, gestionar y responder ante estímulos de carácter social constituyendo ello la base de su discapacidad psicosocial que se da a lo largo de todo su neurodesarrollo y repercute en todas las esferas de su vida.
Según la ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE DISCAPACIDAD 2022-2030 presentada por el Ministerio de Asuntos Sociales, el Estado español, a través de sus Administraciones y poderes públicos, debe contribuir a hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad y de sus familias.
El 5º párrafo de la introducción del documento dice:
“Esta herramienta nace también para dar voz, empoderar y apoyar a las personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo en las políticas públicas, y para que las personas con discapacidad psicosocial (personas que han recibido un diagnóstico se salud mental y que han experimentado factores sociales negativos como el estigma, la discriminación y la exclusión) la vean como elemento de orientación hacia sus derechos humanos”.
Con ello sigue lo iniciado por la Unión Europea y es por tanto la inclusión una política no solo comunitaria sino también política de Estado.
Se apoya en el diálogo civil nutriéndose del conocimiento y experiencia de las CCAA, responsables de descender la política social a las Entidades Locales.
Es un plan de acción para la discapacidad que consultará al Consejo Nacional de la Discapacidad en la elaboración de planes adyacentes que impulsen la participación y la inclusión plena y efectiva en la sociedad, la autonomía personal y vida independiente, la igualdad de oportunidades, el apoyo a las familias, la igualdad entre el hombre y la mujer, la accesibilidad universal y el respeto a la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad erradicando la visión lastimosa o de carga social.
Esta visión la deben potenciar las Administraciones y poderes del Estado, también los medios de comunicación describiendo de manera positiva la diversidad y los educadores para que se produzca un cambio sociocultural.
Desde la asociación, llevamos reivindicando desde hace años que se reconozca la discapacidad social para el colectivo TEA pues es en este ámbito donde se generan las barreras que provocan que personas capaces de desarrollar un empleo presenten un índice de paro superior al 85% al llegar a la vida adulta y por lo tanto escasas perspectivas de alcanzar la independencia e integración plenas.
Importantes Instituciones del Estado como el Parlamento de Andalucía, la Generalitat de Catalunya, el Parlamento Balear y multitud de Ayuntamientos y Diputaciones están respaldando esta justa reivindicación.
Nos consta que en las Corts Valencianes se presentó el 18 de febrero de 2021 una Proposición No de Ley para reclamar al Gobierno central iniciar el procedimiento legislativo correspondiente para lograr la tipología de discapacidad social junto a la física o intelectual. Creemos que esto está en proceso pero no se ven resultados.
Instamos a las Administraciones a que este concepto se refleje en los baremos de valoración y que ninguna persona en el espectro autista quede sin el derecho a la protección por discapacidad. Valoración que deberían hacer personas formadas en TEA para no aplicar criterios desajustados con respecto al perfil del colectivo y no quedar las valoraciones reflejadas en los certificados con menos del 33%. Este resultado imposibilita que, por ejemplo, puedan presentarse por el cupo de discapacidad en la Oferta Pública para empleo. Las familias recurren el resultado vía judicial, quienes pueden económicamente soportar los gastos que ello implica, generando un proceso con mucha carga emocional para tener que defender sus justos derechos.
Lo expuesto viene recogido en la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 en los apartados siguientes:
En el eje 1.1 (Inclusión social y participación)
Programas de formación y capacitación a los equipos de valoración de la discapacidad sobre los nuevos baremos, así como campañas de concienciación dirigidas al personal dependiente de los distintos ministerios sobre trato a las personas con discapacidad, sus necesidades y soluciones de accesibilidad.
En el Eje 1.2 (Autonomía personal y vida independiente)
Aumentar la tasa de actividad de las personas con discapacidad avanzando en asegurar su derecho a un empleo digno en entornos laborales abiertos, inclusivos y accesibles…
El plan estratégico recomienda a las CCAA, Diputaciones y Ayuntamientos incrementar la cuota de reserva en las ofertas de empleo público con pautas unificadas en su aplicación extendiéndola a todos los cuerpos, grupos, categorías y perfiles profesionales. Y también habría que revisar esta cuota en la empresa ordinaria.
Así mismo, insta a las diferentes Administraciones a que refuercen mecanismos de control para que se cumpla la cuota de reserva de trabajadores con discapacidad a la hora de otorgar ayudas públicas, subvenciones y convocatorias recogidas bajo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia e impulsar programas de Empleo con apoyo.
Así como facilitarles la autonomía personal en el propio domicilio con servicios de apoyo.
Nuestros hijos son Personas con TEA y queremos dar testimonio de la situación en primera persona.
Las familias suplimos las carencias de las Administraciones Públicas aportando lo necesario para que existan entidades que prestan servicios a través de profesionales: psicólogos, trabajadores sociales, integradores sociales, etc.
Las Personas con Discapacidad son las más vulnerables porque dependen de la sociedad para poder alcanzar la inclusión real incluida la libertad para tomar sus propias decisiones.
“Celebrar“ un día no es solución.
