Getafe será el escenario del primer proyecto piloto de Seguridad Social Alimentaria (SSA) que se desarrollará en España. La iniciativa, impulsada por Biolíbere Supermercado Cooperativo y financiada por la Fundación Daniel & Nina Carasso, busca sentar las bases de una nueva política pública orientada a garantizar el derecho a una alimentación saludable, sostenible y justa.
El proyecto se desplegará entre febrero y noviembre de 2026 y permitirá que 30 personas, seleccionadas por sorteo entre 370 candidaturas, reciban una asignación mensual fija de 100 euros para la compra de alimentos agroecológicos en Biolíbere. Durante este periodo, las personas participantes se incorporarán al supermercado cooperativo y formarán parte activa de la experiencia.
La Seguridad Social Alimentaria se plantea como un sistema análogo a la seguridad social sanitaria: un modelo que no solo garantice el acceso universal a una alimentación adecuada, sino que también asegure condiciones de vida dignas para quienes producen, transforman y distribuyen los alimentos. Aunque la propuesta ya se debate en distintos países europeos, esta será la primera experiencia práctica que se pone en marcha en el Estado español.
Además del impacto en las personas beneficiarias —que será evaluado en términos de hábitos alimentarios, calidad de vida y percepción del derecho a la alimentación—, el proyecto analizará también sus efectos sobre el propio supermercado cooperativo y sobre la red de productores y productoras que lo abastecen.
La iniciativa cuenta con un órgano de gobernanza amplio y diverso, en el que participan proveedores agroecológicos como Ecojerte (productoras de fruta de Cáceres), Fariza (queso de Zamora) o Panakós (pan de Getafe), así como entidades sociales y vecinales del municipio. Entre ellas se encuentran varias AMPAs de colegios públicos, asociaciones locales, Cáritas Diocesana de Getafe y el propio Ayuntamiento.
Desde Biolíbere subrayan que el proyecto nace de una constatación clara: el precio de los alimentos agroecológicos sigue siendo una barrera de acceso para una parte importante de la población. “Llevamos años aplicando estrategias para que cualquier persona, tenga el nivel de renta que tenga, pueda consumir en nuestro supermercado”, explica Lourdes López, presidenta de la cooperativa. “Aun así, son necesarias políticas públicas que permitan dar un salto de escala y garantizar el acceso universal a este tipo de alimentación”, añade.
Más allá de la experiencia local, el objetivo final es generar un efecto multiplicador que influya en el diseño de futuras políticas públicas en materia de alimentación y contribuya a sensibilizar a la sociedad sobre el papel que deben desempeñar las administraciones en la garantía de este derecho fundamental.
De implantarse a gran escala, la Seguridad Social Alimentaria permitiría remunerar de forma justa a las personas trabajadoras de la cadena alimentaria y asegurar que toda la población pueda acceder de manera estable a productos agroecológicos, avanzando hacia una transición alimentaria más justa y sostenible.
