El mundo ha entrado en una fase de inestabilidad extrema, producto no solo de la acumulación de conflictos armados, sino también de una nueva vuelta de tuerca en la normalización de la fuerza como método de gobierno internacional y el deterioro acelerado de los mecanismos multilaterales de resolución pacífica de disputas. Lo estamos viendo de manera especialmente dramática en Gaza y en Venezuela. Cuando se desprecia el derecho internacional y se vacían de contenido organismos como las Naciones Unidas, lo que queda es la ley del más fuerte. Y esa ley siempre se impone contra los pueblos.
La escalada protagonizada por Estados Unidos y sus aliados estratégicos, con Israel a la cabeza, ilustra esa deriva. Sanciones unilaterales, coerción económica, amenazas de anexión, bloqueos y operaciones de desestabilización se combinan con el uso directo de la fuerza y con una retórica que busca legitimar lo ilegítimo: que la soberanía sea un obstáculo y que la paz sea una excepción. La agresión contra Venezuela supone un salto cualitativo de radicalidad excepcional y expresa con crudeza el cambio de época, combinando coerción económica, guerra mediática, desestabilización política, violencia directa y secuestro de un presidente de Gobierno legítimo y constitucional. Estamos, al fin y al cabo, ante un acto de guerra en abierta colisión con el principio de igualdad soberana entre Estados y que coloca a Estados Unidos abiertamente enfrente de la legalidad internacional.
No estamos ante un episodio aislado, sino que es un patrón que se repite en Oriente Próximo, donde la tragedia palestina continúa bajo una impunidad insoportable, o en América Latina, donde se multiplican las amenazas contra gobiernos soberanos como los de Colombia, México o Cuba. Ahora es Dinamarca, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, la que tiene que enfrentarse a la amenaza de la administración Trump de hacerse con Groenlandia “por las buenas o por las malas”. Estas agresiones conforman la escalada neofascista del imperialismo estadounidense, impulsada por el entorno económico y el complejo industrial-militar de la administración Trump.
Ante esta realidad, o se refuerza el multilateralismo como marco efectivo de solución de conflictos, o se acepta un mundo de bloques militares, sanciones permanentes y guerras “administradas” como forma de negocio y disciplina geopolítica. Defender el derecho internacional no puede ser un ejercicio retórico, sino un compromiso coordinado que abarque una intensa movilización social y popular global en defensa de los pueblos agredidos, junto con el trabajo diplomático entre Estados y gobiernos comprometidos con la convivencia pacífica entre pueblos.
Nuestro país no puede seguir instalado en el seguidismo atlantista. La OTAN no solo no es la garantía de seguridad que se proclama, sino su principal enemigo. Lo coherente es la salida de una estructura que amarra nuestra política exterior a una lógica de confrontación y subordinación estratégica. Es el momento de reabrir el debate sobre nuestra salida de la OTAN y el desmantelamiento de las bases militares estadounidenses de nuestro país, propiciando la reactivación de una amplia red social, sindical e intelectual capaz de sostener la defensa de nuestra soberanía.
La pasividad fortalece al agresor y debilita el sistema internacional en su conjunto. Frente a la agresión imperialista, las Naciones Unidas y los foros multilaterales deben asumir su responsabilidad histórica. Actualmente, la lucha por una paz con dignidad es una lucha profundamente anticapitalista, que exige más coordinación entre Estados soberanos y más movilización de las organizaciones políticas y sociales que comparten el compromiso por un marco de convivencia pacífica a nivel global. Porque cuando se rompe la legalidad internacional, quienes pagan el precio no son los gobiernos que firman órdenes ejecutivas, sino las mayorías trabajadoras, aquí y en cualquier lugar del mundo.
