El Ministerio de Sanidad ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una norma que sustituirá a la legislación vigente desde 1997 y que marcará un giro en el modelo de gestión sanitaria en España. El objetivo principal: poner límites a la externalización de hospitales públicos y reforzar los controles sobre la colaboración con empresas privadas.
La futura ley introduce requisitos más estrictos para que las comunidades autónomas puedan privatizar la gestión de un centro hospitalario. A partir de ahora, cualquier intento de externalización deberá someterse a una evaluación previa obligatoria y a un informe justificativo que acredite que no es posible la prestación directa del servicio. Ese documento será revisado por un comité de expertos y técnicos, y además deberá hacerse público.
Según el texto, la externalización solo será viable si se garantiza la sostenibilidad financiera y se cumplen condiciones de calidad, continuidad asistencial, accesibilidad y asequibilidad. Además, se priorizarán los conciertos con entidades sin ánimo de lucro frente a empresas con fines lucrativos, una medida que, en la práctica, limita el papel de grandes grupos hospitalarios privados especializados en la gestión de centros públicos.
Fin al modelo de concesión integral
Uno de los cambios más relevantes afecta al modelo de concesión utilizado durante años en comunidades como Madrid y la Comunitat Valenciana. Hasta ahora, algunas empresas construían hospitales y obtenían a la vez la gestión del centro mediante contratos a largo plazo con un canon anual garantizado por la administración. La nueva norma prohíbe vincular en un mismo contrato la construcción del hospital y su posterior gestión, cerrando así la puerta a este tipo de concesiones integrales.
“La sanidad no se vende”
La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la reforma como una respuesta a lo que considera una deriva mercantilista del sistema público. “Vamos a proteger la sanidad de las garras especuladoras”, afirmó tras el Consejo de Ministros, enmarcando la ley en el lema: “La sanidad no se vende, la sanidad se defiende”.
García justificó la iniciativa aludiendo a declaraciones públicas de directivos del sector sanitario privado en las que, según señaló, se evidenciaba una lógica de rentabilidad económica aplicada a servicios públicos esenciales. También mencionó la existencia de “audios internos” en los que responsables empresariales hablaban de prácticas como inflar listas de espera, citar a pacientes en horarios inusuales para aumentar facturación o reutilizar material sanitario para reducir costes, con el consiguiente riesgo para la calidad asistencial.
La ministra citó además el crecimiento de la actividad de grandes grupos hospitalarios en determinadas comunidades y alertó de que la externalización de pruebas diagnósticas y programas de cribado, como los de cáncer de mama, ha generado problemas de control y seguimiento en algunos territorios.
Cambio de marco estructural
Para Sanidad, estos casos no son episodios aislados, sino la consecuencia de un marco normativo que durante décadas ha permitido orientar la gestión de la sanidad pública hacia el beneficio económico. El nuevo anteproyecto busca corregir esa base legal y reforzar el principio de que la atención sanitaria debe regirse prioritariamente por criterios de salud pública y equidad.
El texto inicia ahora su tramitación legislativa, que incluirá informes consultivos y el paso por el Parlamento, donde previsiblemente abrirá un intenso debate político sobre el modelo de colaboración público-privada en el sistema sanitario español.
