La inclusión del Sáhara Occidental en las políticas públicas de memoria democrática se ha convertido en una de las principales reivindicaciones de organizaciones memorialistas, académicas y colectivos saharauis tras la reciente creación de la Comisión de la Verdad en España el pasado mes de marzo. Así lo recogen el manifiesto Por la inclusión del Sáhara Occidental en las políticas públicas de Memoria Democrática, firmado por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) y la Coordinadora estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS-Sahara), que cuentan con el apoyo de Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (EHU). En dicho manifiesto denuncian la existencia de una “deuda histórica pendiente” del Estado español con la población saharaui, especialmente en lo relativo al reconocimiento de las víctimas y la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo colonial y la descolonización inconclusa.
El documento subraya que el Sáhara Occidental, bajo dominio español entre 1884 y 1976, fue considerado provincia española desde 1958, lo que implicaba que su población tenía, al menos formalmente, la condición de ciudadanía española. Sin embargo, durante el franquismo y los años posteriores, esta población sufrió persecución política, represión y abandono institucional, sin que estos hechos hayan sido plenamente incorporados a las políticas de memoria democrática vigentes. En concreto cita la guerra de Ifni-Sáhara (1957), la represión de manifestaciones pacíficas como la de Zemla y múltiples desapariciones ocurridas durante la retirada española, como la del líder saharaui Mohamed Bassiri, hechos recogidos en El informe Saharauis. Las otras víctimas del franquismo y postfranquismo (Aomar Lahsen, Abdeslam, 2025) en el que también se critica
Invisibilidad histórica
Uno de los ejes centrales del manifiesto es precisamente la invisibilización histórica de estas víctimas. Según denuncian las entidades firmantes, la narrativa oficial sobre la memoria democrática en España ha tendido a centrarse en el territorio peninsular, dejando fuera los contextos coloniales. Este vacío ha contribuido a que episodios como la represión de manifestaciones pacíficas, las desapariciones forzadas o la violencia durante la retirada española en 1976 permanezcan en gran medida desconocidos para la sociedad española, consecuencia, en parte, cómo el Sáhara Occidental desapareció progresivamente de los manuales educativos españoles tras 1976.
El texto pone especial énfasis en el proceso de descolonización truncado tras los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975. Dichos acuerdos, firmados entre España, Marruecos y Mauritania, son considerados por los impulsores del manifiesto contrarios al derecho internacional, ya que no garantizaron el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui ni transfirieron legítimamente la soberanía del territorio. Como consecuencia, la retirada española dejó a la población expuesta a graves violaciones de derechos humanos, incluyendo desplazamientos masivos, desapariciones y situaciones prolongadas de apatridia.
Además, las organizaciones denuncian un trato discriminatorio en el momento de la evacuación: mientras la población española de origen europeo fue trasladada e indemnizada, gran parte de la población saharaui quedó desprotegida frente a la ocupación militar. Este hecho, sostienen, evidencia una desigualdad basada en criterios raciales y constituye uno de los elementos clave de la deuda histórica que aún no ha sido reparada.
En este contexto, la reciente creación de la Comisión de la Verdad es vista como una oportunidad decisiva. Las entidades valoran positivamente su puesta en marcha, pero advierten de que la actual legislación —en particular la Ley de Memoria Democrática— no contempla de forma explícita el caso saharaui, lo que podría perpetuar su exclusión si no se adoptan medidas específicas.
Por ello, el manifiesto articula una serie de peticiones concretas tanto al Gobierno como a la propia Comisión. Entre las principales demandas destaca el reconocimiento oficial de las víctimas saharauis como parte del conjunto de víctimas del franquismo y del periodo posterior. Asimismo, se reclama el acceso a archivos y registros históricos que permitan esclarecer los hechos, muchos de los cuales permanecen aún bajo clasificación o difícil acceso.
Otra de las solicitudes clave es la apertura de investigaciones independientes sobre lo ocurrido durante la administración española, incluyendo los episodios de represión y las responsabilidades institucionales en el proceso de descolonización. En esta línea, también se exige la incorporación del caso del Sáhara Occidental como una línea específica dentro del Plan Estatal de Memoria Democrática, con recursos y mecanismos propios.
El manifiesto insiste igualmente en la necesidad de garantizar la participación directa de las víctimas y sus familiares en los procesos de verdad, justicia y reparación, en consonancia con los estándares internacionales de justicia transicional. Esta participación es considerada esencial para construir un relato completo y legítimo de los hechos.
De forma específica, se solicita que la Comisión de la Verdad investigue las responsabilidades del Estado español durante la retirada de 1975-1976, un periodo que, según los firmantes, resulta clave para entender la situación actual del pueblo saharaui y las violaciones de derechos humanos que se produjeron.
El documento concluye con una apelación a completar el proceso democrático español a través del reconocimiento de todas las víctimas, sin exclusiones. “Reconocer a las víctimas saharauis no supone reabrir el pasado”, señalan, “sino garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación”.
En un momento en el que España revisa su memoria histórica, las organizaciones impulsoras advierten de que dejar fuera al Sáhara Occidental no solo perpetuaría una omisión histórica, sino que impediría cerrar de manera coherente el ciclo de reconocimiento y reparación iniciado con la democracia.
