Una concentración convocada bajo el paraguas de Save Europe Act tendrá lugar hoy en el centro de Barcelona reivindicando algo que hace apenas una década resultaba impensable como consigna de masas en una capital europea: una Europa blanca, étnicamente homogénea, construida sobre la exclusión de quienes no encajan en esa definición racial. Sería un grave error tratar esta acción como una anécdota folclórica de unos cuantos nostálgicos del fascismo histórico. Hay que tratarlo como lo que es: la manifestación pública, organizada y transnacional de un proyecto político que lleva años construyéndose con paciencia, con financiación, con estrategia comunicativa y con aliados en muchos de los principales gobiernos de occidente, y que ha decidido que España, y en particular Barcelona, es un lugar adecuado para medir sus fuerzas.
Martin Sellner y Eva Vlaardingerbroek, las dos figuras que dan rostro europeo a esta campaña, no representan una ocurrencia aislada. Sellner procede de la Generación Identitaria austríaca, un movimiento que durante años ha trabajado la estética, el lenguaje y la puesta en escena del supremacismo blanco para hacerlo digerible ante audiencias que rechazarían de forma instintiva la esvástica pero que pueden sentirse cómodas con un discurso sobre la «identidad europea» y la «continuidad etnocultural». Ese es precisamente el logro táctico de este sector de la extrema derecha contemporánea: ha aprendido a decir lo mismo que decía el nazismo clásico sustituyendo el vocabulario racial explícito por un vocabulario culturalista que produce el mismo efecto político sin activar de inmediato el rechazo social que produciría la referencia directa a la raza. Cuando se habla de preservar la «continuidad etnocultural» europea, se está hablando de raza. Cuando se habla de detener el «reemplazo», se está hablando de raza. El maquillaje lingüístico no cambia la naturaleza del contenido.
La Comisión Europea rechazó registrar esta iniciativa como Iniciativa Ciudadana Europea por considerarla manifiestamente contraria a los valores de los Tratados y a la Carta de Derechos Fundamentales. Este dato merece ser mencionado, no porque unas instituciones comunitarias cuya trayectoria en materia migratoria, en la gestión del Mediterráneo, en sus acuerdos con Marruecos, Libia o Turquía para externalizar el control de las fronteras y en su pasividad ante gobiernos de extrema derecha instalados en varios de sus estados miembros puedan considerarse un dique fiable frente al avance de estas ideas, sino porque, incluso dentro de ese marco institucional limitado, la naturaleza racista del proyecto resultó demasiado evidente como para quedar disimulada bajo fórmulas jurídicas.
El Gran Reemplazo como maquinaria ideológica
Para entender lo que se está jugando hace falta detenerse en la teoría que sostiene toda la campaña: el llamado Gran Reemplazo. Su formulación contemporánea procede del escritor francés Renaud Camus, pero su función política es mucho más antigua que su nombre actual. Se trata de presentar la transformación demográfica de las sociedades europeas como el resultado de una conspiración deliberada, orquestada por élites que estarían sustituyendo a la población blanca por población procedente de África, Oriente Próximo y otras regiones del planeta. No hace falta profundizar mucho en la historia del pensamiento europeo para reconocer en esta estructura mental el mismo esquema que han sostenido históricamente las distintas corrientes supremacistas, incluidos el fascismo y el nazismo: un pueblo puro amenazado por una minoría que actúa en la sombra para disolverlo. Cambia el objetivo señalado —antes el judío, ahora el musulmán, el africano, el migrante en general— pero la arquitectura del pensamiento es idéntica.
Una vez aceptada esa premisa, la conclusión política se presenta como defensa propia: si existe un reemplazo planificado, hace falta revertirlo. Ahí aparece la remigración, el término que Sellner y sus aliados han conseguido instalar en el debate público europeo con una eficacia notable. La remigración no propone simplemente restringir la entrada de nuevos migrantes. Propone la expulsión de personas ya residentes, incluidas aquellas con residencia legal, bajo el criterio de que no están suficientemente integradas, un criterio que en la práctica se reduce casi siempre al origen étnico y religioso de la persona. Cuando el derecho a permanecer en un territorio deja de depender de la legalidad de la residencia y pasa a depender del origen de quien reside, se ha cruzado la frontera que separa una política migratoria restrictiva —discutible, criticable, pero inscrita dentro del marco del derecho— de un proyecto racial de limpieza demográfica.
Esta teoría no permanece en el terreno de las ideas. Martin Sellner recibió en 2018 una donación de Brenton Tarrant, el autor de la masacre de Christchurch, y mantuvo comunicación con él. Tarrant citó explícitamente el Gran Reemplazo en el documento que dejó tras asesinar a 51 personas en dos mezquitas de Nueva Zelanda. No existen pruebas de que Save Europe Act haya planificado o inspirado directamente atentados en Europa pero resulta imposible ignorar que el universo ideológico que hoy se presenta en Barcelona como una defensa legítima de la identidad europea es el mismo universo ideológico que ha producido, de forma reiterada y documentada, actos de terrorismo racista en distintos países occidentales. Quien difunde esta teoría sabe, o debería saber, en qué compañía se mueve.
Ceuta, Marruecos y el uso político de una frontera
La campaña ha encontrado en la crisis de Ceuta uno de sus principales argumentos propagandísticos, presentándola como prueba viviente del reemplazo étnico que denuncia. Aquí es donde el análisis tiene que abandonar el terreno puramente ideológico para entrar en el terreno geopolítico, porque lo sucedido en Ceuta no puede entenderse como un fenómeno migratorio espontáneo desconectado de las relaciones de poder en el Mediterráneo occidental.
Marruecos mantiene desde hace décadas reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, y en 2026 altos responsables marroquíes han vuelto a plantear públicamente esa cuestión de soberanía. El precedente de 2021 resulta imprescindible para comprender el patrón: más de diez mil personas entraron en Ceuta en apenas cuarenta y ocho horas después de que Rabat relajara deliberadamente los controles fronterizos, en el contexto de la crisis diplomática abierta por la acogida en España para tratamiento médico del Secretario General del Frente Polisario y Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali. El propio Gobierno español denunció entonces, sin ambigüedad, que la inmigración estaba siendo utilizada como instrumento de presión política. No se trata de una interpretación de parte. Es un hecho reconocido y documentado: Marruecos dispone de la capacidad de abrir o cerrar el grifo migratorio en su frontera con España según le convenga a sus intereses de Estado, y la ha ejercido.
Esa capacidad de presión se ha reforzado en los últimos años a través de una alianza estratégica que no podemos obviar. En diciembre de 2020 Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental como parte del acuerdo que acompañó la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel, en el marco de los Acuerdos de Abraham. Washington ha mantenido posteriormente ese reconocimiento. Israel, por su parte, ha profundizado de forma constante su cooperación militar, tecnológica y de seguridad con Rabat desde entonces. Existe, por tanto, una alianza tripartita entre Washington, Tel Aviv y Rabat que ha adquirido un peso creciente en el norte de África, y que convierte a Marruecos en un socio reforzado precisamente frente a un Gobierno español que ha reconocido al Estado palestino y que ha mantenido una posición de condena contundente al genocidio cometido por la entidad sionista en Gaza.
Es evidente el peso de esta «coincidencia» de intereses entre tres aliados que comparten el objetivo de un cambio de gobierno en España: primero, Marruecos ha utilizado en varias ocasiones la cuestión migratoria como instrumento de presión sobre España. Segundo, existe una convergencia estratégica creciente entre Rabat, Washington y Tel Aviv que refuerza objetivamente la posición marroquí frente a Madrid. Tercero, la extrema derecha española e internacional ha aprovechado sin ningún pudor la crisis fronteriza para alimentar un relato racial sobre una supuesta invasión, con independencia de cuáles fueran las motivaciones últimas de cada actor estatal implicado.
España como anomalía y como objetivo
Es necesario preguntarse por qué precisamente España se ha convertido en escenario de esta ofensiva, y la respuesta tiene que ver con una singularidad que el actual Gobierno de coalición ha adquirido dentro del panorama europeo. Esa singularidad tiene nombre y causa política concreta: la presencia de Izquierda Unida en el Gobierno, y la presión sostenida que IU ha ejercido desde dentro de la coalición, han llevado a un Ejecutivo cuyo socio mayoritario es el PSOE a aprobar medidas que ese mismo PSOE, gobernando en solitario, jamás habría aprobado por iniciativa propia. El reconocimiento del Estado palestino, la denuncia explícita del genocidio que Israel comete en Gaza en un momento en que la mayoría de gobiernos europeos optaban por el silencio o la ambigüedad calculada, el cuestionamiento de determinadas políticas de la Administración Trump, y la negativa a asumir el discurso que presenta la inmigración como una amenaza racial para Europa son fruto de esa correlación de fuerzas interna que Izquierda Unida ha sostenido con firmeza dentro del Congreso de los Diputados y que ha trasladado al Gobierno. Por esas posiciones, y pese a sus insuficiencias, el Gobierno de coalición español se ha convertido en un referente internacional de resistencia frente al trumpismo y al sionismo, uno de los pocos ejecutivos europeos capaces de plantar cara abiertamente a ese bloque. Esa es la singularidad que la internacional reaccionaria no está dispuesta a tolerar.
Esa singularidad convierte al Gobierno español en un objetivo prioritario para la internacional reaccionaria, y la propia campaña Save Europe Act lo señala explícitamente como uno de sus blancos políticos. La operación es transparente para quien quiera observarla sin prejuicios: convertir una crisis fronteriza puntual en una crisis de régimen, presentar al Ejecutivo como incapaz de proteger el territorio nacional, y capitalizar después esa percepción de debilidad para fortalecer electoralmente a Vox y al conjunto de la derecha reaccionaria española. La inmigración deja de ser, en esta operación, un fenómeno social que requiere gestión y se convierte en un instrumento para desplazar el equilibrio político interno del país.
Vox ha encontrado en Save Europe Act un aliado explícito, y su implantación territorial en España se articula a través de Reconquista, organización vinculada a sectores juveniles próximos al partido de Abascal. Alianza Catalana participa de esa misma dinámica en el terreno catalán. Todos ellos se insertan en un espacio ideológico compartido con Orbán en Hungría, con Zemmour y la nueva ultraderecha francesa, con Vannacci en Italia, con el propio Sellner en Austria, y con la nueva derecha estadounidense que Trump ha contribuido a normalizar. Elon Musk aporta a este ecosistema una capacidad de amplificación internacional extraordinaria a través de su control sobre la red social X, un altavoz que multiplica el alcance de discursos que hace pocos años quedaban confinados a foros marginales. La frontera entre las distintas derechas reaccionarias nacionales se ha vuelto cada vez más porosa, y lo que ocurre hoy en Barcelona forma parte de un mismo movimiento que atraviesa el Atlántico en ambas direcciones.
La estrategia de desgaste ante el horizonte de 2027
España debe celebrar elecciones generales como máximo en 2027, y esa fecha proyecta su sombra sobre todo lo que estamos analizando. Las democracias occidentales no suelen caer por golpes de Estado clásicos. Se erosionan mediante un proceso más lento y más difícil de señalar con el dedo: la creación permanente de conflictos que desgastan al Gobierno en el terreno mediático, la construcción sistemática de enemigos internos sobre los que descargar el malestar social, la utilización de la cuestión migratoria como eje movilizador constante, la normalización progresiva de discursos que antes resultaban impresentables, la presión institucional sostenida, y la deslegitimación acumulativa del adversario político hasta convertir posiciones extremas en opciones aceptables dentro del sentido común social.
Esa es la batalla real que se libra hoy en España, y su terreno no es principalmente parlamentario ni jurídico. Es cultural. Se disputa en la definición de qué problemas se consideran prioritarios, en quién consigue señalar culpables, y en qué soluciones aparecen ante la sociedad como razonables o como extremistas. Cuando una manifestación que reivindica abiertamente una Europa racialmente homogénea puede convocarse en una gran ciudad europea sin que su naturaleza supremacista resulte automáticamente descalificadora ante amplios sectores de la opinión pública, algo se ha desplazado ya en ese terreno cultural, y ese desplazamiento constituye precisamente el objetivo estratégico de la operación, con independencia de cuántos votos obtenga finalmente Vox en las urnas.
El papel de Izquierda Unida y de los movimientos sociales
Frente a esta ofensiva, una parte importante de la respuesta institucional española en materia de política exterior no puede entenderse sin la presión ejercida desde los movimientos sociales, populares, pacifistas e internacionalistas, y sin la capacidad de Izquierda Unida para trasladar esas demandas al espacio parlamentario. El reconocimiento del Estado palestino, la condena al genocidio en Gaza, la resistencia a determinadas dinámicas de la OTAN, no surgen de manera espontánea desde el aparato del Ejecutivo. Son el resultado de años de movilización social sostenida —del movimiento de solidaridad con Palestina, del movimiento pacifista, de las organizaciones internacionalistas— que ha encontrado en el Congreso de los Diputados un canal de traducción institucional a través de la izquierda que forma parte y es determinante en el gobierno progresista de coalición.
Esa relación entre calle e institución merece subrayarse porque desmiente una idea que la propia derecha reaccionaria intenta instalar: la de que las posiciones progresistas del Gobierno español responden a un cálculo electoral cínico o a una imposición ideológica minoritaria. Responden, por el contrario, a una correlación de fuerzas construida pacientemente desde la sociedad civil organizada. Y esa misma lógica es la que debe activarse ahora frente a la ofensiva neofascista: ninguna ley, ninguna sentencia judicial, ninguna resolución institucional va a detener por sí sola la normalización del racismo supremacista si no existe detrás una sociedad movilizada que haga políticamente insostenible su expansión.
La normalización como verdadero campo de batalla
El peligro que representa Save Europe Act no reside principalmente en su capacidad de convertirse en un partido con representación parlamentaria propia. Reside en su capacidad de desplazar los límites de lo aceptable dentro del debate público general, incluso entre quienes nunca votarían directamente por una organización identitaria declarada. Combatir electoralmente a la extrema derecha es necesario, pero resulta insuficiente si al mismo tiempo se permite que sus ideas —el miedo racializado al otro, la sospecha sistemática hacia el islam, la presentación de la inmigración como amenaza existencial— penetren en el lenguaje cotidiano de partidos que no se reconocen como de extrema derecha, en las tertulias televisivas, en los titulares de prensa, en las conversaciones ordinarias. Cuando eso ocurre, la extrema derecha ya ha ganado buena parte de la batalla, gobierne o no gobierne.
La antifascismo eficaz no puede limitarse a reaccionar cuando la extrema derecha alcanza posiciones de poder institucional. Tiene que actuar antes, sobre las condiciones culturales y sociales que hacen posible esa expansión: en la escuela, en los barrios, en los medios de comunicación, en las redes sociales donde estos discursos circulan hoy con una velocidad y un alcance que ninguna generación anterior de fascistas pudo imaginar. Los algoritmos que priorizan el contenido que genera indignación, la falta de contexto político con la que determinados discursos se viralizan, y la amplificación deliberada que figuras como Musk proporcionan a estas ideas, convierten a las plataformas digitales en un terreno decisivo de esta disputa, tan importante como cualquier plaza o cualquier urna.
Una sociedad democrática puede acostumbrarse, sin apenas darse cuenta, a convivir con discursos que hace pocos años resultaban radicalmente incompatibles con su propia idea de sí misma. Ese acostumbramiento no llega de golpe. Llega por acumulación, por repetición, por la sensación progresiva de que ciertas ideas, aunque incómodas, forman ya parte legítima del abanico de opiniones posibles. Frente a ese proceso no cabe la pasividad ni la confianza ciega en que las instituciones europeas o los tribunales harán el trabajo de contención. La experiencia reciente de buena parte del continente demuestra exactamente lo contrario: gobiernos de extrema derecha instalados con normalidad institucional en Italia, en Hungría, en Finlandia, con posiciones de fuerza creciente en Francia, en Alemania, en los Países Bajos, mientras las instituciones comunitarias se limitaban en el mejor de los casos a gestos simbólicos sin consecuencias reales.
Llamamiento
Lo que se anuncia en Barcelona no es una anécdota. Es la puesta en escena pública, en suelo español, de un proyecto internacional que combina teoría racial, financiación transnacional, alianzas políticas con partidos como Vox, amplificación mediática global y un objetivo estratégico concreto: debilitar a uno de los pocos gobiernos europeos que hoy mantiene, con sus limitaciones, una posición incómoda para el bloque trumpista y sionista. Frente a ese proyecto no basta con la denuncia moral ni con esperar que los tribunales o las instituciones europeas resuelvan lo que en realidad exige respuesta política y social.
Hace falta que las organizaciones políticas, los sindicatos, los movimientos sociales, las asociaciones vecinales, las organizaciones juveniles, los colectivos antirracistas, el movimiento por la paz y las redes de solidaridad internacionalista ocupen la calle el mismo día y disputen físicamente el espacio público que Save Europe Act pretende apropiarse. Hace falta que esa presencia no se agote en un acto puntual, sino que se traduzca en trabajo sostenido en los barrios, en los centros de trabajo, en los institutos, allí donde el discurso racista intenta hoy echar raíces disfrazado de sentido común. Y hace falta entender que la defensa de una España y una Europa plurales, solidarias e internacionalistas no puede delegarse en exclusiva en ningún Gobierno, por más que ese Gobierno merezca respaldo frente a quienes buscan derribarlo desde posiciones supremacistas. Se defiende organizándose. Se defiende en la calle. Y se defiende, sobre todo, negándose colectivamente a normalizar lo que nunca debió dejar de resultarnos intolerable.
