El debate sobre los menores migrantes de Ceuta ha llegado al Congreso en un momento de especial tensión en la ciudad autónoma. A las denuncias sobre agresiones y vejaciones sufridas por personas migrantes se ha sumado el enfrentamiento político por el futuro de los menores que permanecen en la ciudad tras la llegada masiva de personas procedentes de Marruecos a finales de julio.
Desde la tribuna, el diputado de Izquierda Unida Nahuel González ha dirigido sus críticas especialmente contra Vox y su portavoz parlamentario, José María Figaredo. Durante su intervención, González recordó unas declaraciones anteriores de Figaredo en las que, según el diputado de IU, llegó a reclamar «cazar» a personas migrantes.
«Usted pidió en este Congreso ‘cazar’ a personas, a niños, uno a uno, y hoy ya es una realidad», afirmó González. El parlamentario vinculó aquellas palabras con las agresiones denunciadas actualmente en las calles de Ceuta y sostuvo que quienes utilizan ese tipo de lenguaje adquieren una responsabilidad política sobre el clima que generan.
El debate sobre los menores
González intervino para explicar el rechazo de su grupo a la iniciativa de Vox sobre los menores migrantes. A su juicio, la propuesta de la extrema derecha no resuelve la situación de los centros de acogida, no garantiza la protección de los menores ni obliga a Marruecos a colaborar y tampoco ofrece una respuesta para descongestionar Ceuta.
Frente a ello, defendió el traslado de los menores a otras comunidades autónomas que dispongan de plazas y recursos suficientes. «No existe una tercera opción mágica», sostuvo el diputado, que recordó que los menores no pueden ser simplemente devueltos a Marruecos sin cumplir las garantías legales establecidas para cualquier procedimiento de retorno.
Según González, el Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, ha intentado establecer contacto con las autoridades marroquíes para abordar la situación, sin obtener colaboración por parte de Rabat.
El diputado de IU también reconoció la responsabilidad de las autoridades marroquíes en la utilización de personas vulnerables como instrumento de presión política. Pero estableció una diferencia entre esa responsabilidad y el trato recibido por quienes llegan a Ceuta. «Una cosa es enfrentarse al poderoso que las utiliza y otra muy distinta es convertir a sus víctimas en culpables», defendió.
Denuncias de agresiones a migrantes
La intervención parlamentaria se produce además después de que elDiario.es publicara una investigación basada en los testimonios de una veintena de migrantes que denuncian haber sufrido agresiones, robos y vejaciones durante actuaciones de patrullas militares en Ceuta. El medio asegura haber contrastado esos relatos con organizaciones que trabajan sobre el terreno, que habrían documentado alrededor de un centenar de casos.
Entre las denuncias aparecen golpes, sustracción de teléfonos y dinero y prácticas humillantes. Algunos testimonios apuntan además a agresiones contra menores. Uno de los episodios relatados por el medio se habría producido durante la madrugada del 11 de septiembre en la barriada de Los Rosales, donde varios migrantes afirmaron haber sido golpeados y tres tuvieron que ser trasladados a un hospital.
Se trata de acusaciones formuladas por las personas afectadas y recogidas periodísticamente, por lo que corresponde a las autoridades investigar los hechos y determinar eventuales responsabilidades.
La polémica ha provocado ya una reacción política de Sumar. Su portavoz parlamentaria, Verónica Martínez, ha reclamado al Ministerio de Defensa que investigue las denuncias y depure responsabilidades si se confirman. La dirigente ha considerado especialmente graves los relatos por afectar a personas migrantes y ha advertido de que Defensa no puede permanecer al margen.
En la misma línea, el portavoz de IU y secretario general del PCE Enrique Santiago ha reclamado explicaciones al departamento dirigido por Margarita Robles. Santiago ha recordado que su grupo ya había trasladado sus preocupaciones al Congreso y ha planteado que, si se acreditaran actuaciones delictivas, estas deberían ponerse en conocimiento de la Fiscalía.
«Convertir a un niño en enemigo»
González situó su intervención en el terreno de la deshumanización. Citó los términos empleados habitualmente para referirse a las personas migrantes —»invasores», «ilegales» o «avalancha»— para advertir de una escalada discursiva que, según su interpretación, termina presentando a todos los recién llegados como delincuentes.
El diputado puso como ejemplo a dos menores, Ali y Soraya, y afirmó que se está cuestionando incluso su condición de niños a partir de su aspecto físico.
«Primero dejan de llamarles personas», señaló, antes de denunciar que esa deshumanización permite convertir a menores en una amenaza. «Convertir a un niño en enemigo para conseguir un miserable puñado de votos», resumió al dirigirse a Vox.
La crisis de Ceuta continúa así atravesada por dos debates paralelos: qué respuesta dar a los miles de menores y adultos que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva de finales de julio y cómo garantizar sus derechos mientras se resuelve su situación. El Gobierno ha planteado la reubicación de los menores ante el bloqueo de algunas comunidades autónomas, mientras continúan las dificultades para la reunificación familiar y la cooperación con Marruecos.
En ese contexto, las denuncias sobre posibles agresiones por parte de militares añaden una nueva dimensión a una crisis en la que, según González, el debate político no puede desligarse de la obligación de garantizar la protección de quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
