Golpes con porras y puñetazos, personas inmovilizadas con bridas y posteriormente agredidas, amenazas, humillaciones religiosas, vejaciones sexuales y expulsiones de personas que habían pedido protección internacional. Es el cuadro que Amnistía Internacional (AI) asegura haber documentado en Ceuta tras entrevistar a más de 65 migrantes y solicitantes de asilo durante una visita realizada entre el 10 y el 15 de septiembre. La organización denuncia que miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente de los Regulares y la Legión, habrían sido los autores de dichas torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Amnistía ha trasladado sus conclusiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a quienes reclama una actuación urgente. Entre sus principales demandas están una investigación independiente sobre las denuncias, la identificación y protección de las personas especialmente vulnerables y el traslado a la península de menores no acompañados, solicitantes de asilo y otras personas que necesiten protección.
La organización asegura haber recogido 22 testimonios directos de personas que atribuyen a patrullas militares golpes, acoso, humillaciones, robos o confiscación y destrucción de teléfonos. Entre las personas entrevistadas había 31 menores de entre 13 y 17 años, 26 mujeres —dos de ellas embarazadas— y 12 solicitantes o potenciales solicitantes de asilo. Todas las personas entrevistadas eran racializadas y procedían de Marruecos, Argelia, Somalia o Yemen.
Para AI, los testimonios y las evidencias reunidas apuntan a algo más que a episodios aislados. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, explicó que la organización da “bastante credibilidad a un patrón” después de contrastar los relatos con imágenes, testimonios de testigos y documentación médica. Según Beltrán, las lesiones observadas son compatibles en algunos casos con golpes producidos con porras rígidas.
Uno de los casos recogidos por la organización corresponde a un joven marroquí que aseguró que un militar lo empujó desde una zona elevada cerca de la ermita de San Antonio después de despertarlo y acosarlo. El joven afirmó que permaneció 25 días sin poder caminar como consecuencia de la caída.
Otros dos jóvenes, procedentes de Marruecos y Argelia, relataron que fueron golpeados repetidamente con porras y puñetazos mientras estaban inmovilizados con bridas. Los investigadores de AI observaron marcas en sus muñecas. Uno de ellos describió así lo sucedido: “Me pusieron bridas y me metieron en el maletero. Cuando me sacaron, me amordazaron la boca y me pegaron la cara contra un árbol, y así me pegaron porrazos y puñetazos. Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén”.
Los testimonios recogidos incluyen también denuncias de amenazas para que abandonaran Ceuta, impedimentos para dormir o desplazarse, insultos, golpes en la cabeza y la espalda con porras y botas y privación de alimentos como castigo por no obedecer. Algunos jóvenes denunciaron además que les habían obligado a afeitarse el pelo.
La organización recoge asimismo episodios de humillación por motivos religiosos. Algunos jóvenes musulmanes aseguraron que fueron obligados a arrodillarse o a besar una cruz cristiana. En otros casos, según AI, los militares habrían actuado durante la noche con el rostro cubierto, utilizando material antidisturbios y expulsando posteriormente a personas a través de la valla del Tarajal. La organización afirma que varios de estos episodios aparecen también en vídeos que ha podido comprobar.
Las mujeres aparecen especialmente expuestas en los testimonios recogidos. AI documenta insultos y comentarios de carácter sexual dirigidos contra mujeres marroquíes. Una joven embarazada relató que los militares se burlaron de ella con comentarios sobre “cómo había podido abrir las piernas”. Para la organización, estos testimonios deben investigarse también desde la perspectiva de la violencia y discriminación de género.
Un solicitante de asilo expulsado a Marruecos
Entre los casos que más preocupan a Amnistía está el de un hombre de 34 años procedente de Yemen, que aseguró haber llegado a Ceuta el 29 de junio y haber sido expulsado seis días después. Según su relato, unos 70 migrantes fueron interceptados, los militares le golpearon en una mano y el pasaporte y posteriormente fueron trasladados hasta la frontera y entregados a la policía marroquí. AI afirma que ha podido contrastar su relato con documentación.
La organización advierte de que estos hechos podrían vulnerar el principio de no devolución, que impide devolver a una persona a un país donde pueda sufrir persecución o graves violaciones de derechos humanos. También reclama que las personas que quieran solicitar asilo puedan hacerlo de manera efectiva y que no se produzcan expulsiones colectivas.
Amnistía asegura haber observado además situaciones de perfil racial. Durante su visita, sus investigadores presenciaron cómo militares ordenaban a personas racializadas que abandonaran un banco público. Uno de los militares les respondió: “Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos”. La organización considera que este tipo de actuaciones deben investigarse y que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de prevenir cualquier forma de discriminación racial.
Cientos de menores siguen en la calle
Las denuncias sobre violencia se producen además en un contexto de fuerte presión humanitaria en Ceuta. Más de 80.000 personas llegaron a la ciudad durante la entrada masiva del 30 de julio, según las cifras manejadas por AI. Dos meses después, cientos de personas permanecen en condiciones precarias, mientras las autoridades tratan de ampliar los dispositivos de acogida y traslado.
La organización recoge como cifra oficial 2.383 menores no acompañados identificados, de los que calcula que entre 500 y 700 siguen viviendo en la calle. Solo 54 habrían sido reunificados con familiares en la península. AI reclama que las comunidades autónomas faciliten el traslado de estos menores y que se identifique de forma individualizada a quienes se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad.
La situación hoy es de personas durmiendo en tiendas, bajo plásticos o directamente al aire libre, problemas de acceso a agua potable, duchas, ropa limpia y atención sanitaria y dificultades para conseguir alimentos. En uno de los puntos, Cruz Roja distribuye una bolsa diaria con pan, agua, atún, zumo y galletas. Algunos migrantes, según AI, tienen que caminar durante horas para acceder a estos recursos y esperar más de tres horas al sol.
También se han registrado denuncias relacionadas con la atención sanitaria. AI recoge testimonios de comentarios racistas en el Hospital Universitario de Ceuta y el caso de un hombre herido que se desplazaba en silla de ruedas y que, según su relato, fue empujado varios metros y no recibió una radiografía, sino únicamente un vendaje.
AI pide que los militares que pudieran estar implicados sean apartados temporalmente mientras se investigan los hechos y que se determinen las responsabilidades penales o disciplinarias pertinentes
La organización señala además que durante agosto aumentaron un 76% los mensajes de odio en redes sociales, según los datos del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), en paralelo al incremento de discursos contra las personas migrantes.
AI pide investigar y apartar a los militares implicados
Amnistía Internacional reclama al Gobierno que garantice de inmediato una acogida digna, alimentación, agua, atención sanitaria y protección para las personas que permanecen en la calle. También pide identificar a quienes se encuentren en situación de especial vulnerabilidad y trasladar a la península a solicitantes de asilo, menores y otras personas que necesiten protección.
Pero la principal exigencia de la organización es una investigación independiente, rápida y exhaustiva de las denuncias de violencia. AI pide que los militares que pudieran estar implicados sean apartados temporalmente mientras se investigan los hechos y que se determinen, en su caso, las responsabilidades penales o disciplinarias.
La organización reconoce la dificultad de la situación a la que se enfrentan las fuerzas militares y de seguridad desplegadas en Ceuta y recuerda que también se han producido agresiones contra agentes. Pero sostiene que esa situación no exime a las fuerzas desplegadas de cumplir la legislación española y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
AI reclama asimismo protección para periodistas, organizaciones humanitarias y activistas que trabajan sobre el terreno. La propia delegación de Amnistía asegura haber sido identificada e insultada por un militar cerca del hospital el 11 de septiembre, cuando uno de sus integrantes recibió el grito de “Perroflautas. ¡A chuparla!”.
La organización ya había reclamado en agosto que España y Marruecos situaran los derechos humanos en el centro de su respuesta a la llegada masiva de personas a Ceuta. Ahora sostiene que, dos meses después, las denuncias acumuladas requieren una respuesta institucional que permita esclarecer qué ocurrió, identificar a los responsables y garantizar que las personas migrantes y solicitantes de asilo puedan ejercer sus derechos.







