Por Andalucía llevará al Parlamento andaluz el denominado ‘decreto Mari Carmen’, una Proposición No de Ley con cinco medidas destinadas a reforzar la protección de las personas inquilinas y limitar las prácticas que, a juicio del grupo, están agravando el acceso a la vivienda. La iniciativa busca además que el Gobierno de Juanma Moreno fije posición sobre el uso de las competencias autonómicas en materia de vivienda.
El portavoz adjunto de Por Andalucía, Ernesto Alba, ha anunciado la propuesta poniendo como referencia el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de la vivienda en la que residía desde 1956 y que finalmente podrá regresar a su casa tras el acuerdo alcanzado con la propiedad.
«Vamos a traer el ‘decreto Mari Carmen’ al Parlamento andaluz para que se retrate todo el mundo», ha señalado Alba, que ha reclamado al presidente de la Junta que deje de remitir al Gobierno central cada vez que se plantea un problema relacionado con la vivienda.
La PNL plantea impedir los desahucios cuando no exista una alternativa habitacional, establecer límites a los precios del alquiler, perseguir el fraude en los contratos de temporada y por habitaciones, garantizar asistencia jurídica gratuita a las personas inquilinas ante situaciones de abuso y prohibir nuevas viviendas turísticas en las zonas declaradas tensionadas, además de revisar las licencias existentes.
Cinco medidas ante el problema de la vivienda
Con estas propuestas, Por Andalucía pretende trasladar al Parlamento una discusión que, según Alba, no puede limitarse a las competencias estatales. El dirigente ha recordado que la Junta cuenta con atribuciones propias en materia de vivienda y ha reclamado al Ejecutivo autonómico que concrete qué medidas piensa aplicar para evitar nuevos casos como el de Maricarmen.
«Las competencias de vivienda en Andalucía las tiene él. Los problemas los tenemos aquí. Pues que responda aquí», ha afirmado.
Alba ha cuestionado especialmente el discurso del Gobierno andaluz cuando atribuye al Ejecutivo central la responsabilidad sobre los precios del alquiler o los desahucios, mientras la Junta sí interviene activamente en el ámbito turístico.
En este sentido, ha señalado el respaldo institucional del Gobierno andaluz a encuentros empresariales vinculados al alojamiento turístico, como Vitur, para contraponerlo a la falta de medidas que, según Por Andalucía, permitan garantizar el acceso a una vivienda.
«Para sentarse con quienes hacen negocio con la vivienda hay dinero y hay Junta. Para quien no puede pagar un alquiler, que llame a Madrid», ha ironizado.
El portavoz de Por Andalucía ha situado así el debate en el destino que se da al parque residencial. «Una casa es para vivir. Antes que una inversión o un apartamento turístico, es el sitio donde vive la gente», ha defendido.
Críticas a Moreno por la Diputación Permanente
Alba también ha cuestionado las críticas de Moreno Bonilla al uso de la Diputación Permanente del Congreso para convalidar los últimos decretos estatales relacionados con la vivienda.
El dirigente de Por Andalucía ha recordado que este mecanismo también se ha utilizado anteriormente en el Parlamento andaluz y ha reprochado al presidente de la Junta que ahora lo considere un «fraude».
«Moreno Bonilla dice que utilizar la Diputación Permanente para aprobar estos decretos es un fraude. Hombre, depende para qué, ¿no? Cuando la utilizó para subirse el sueldo no era tanto fraude», ha afirmado.
Por Andalucía considera que las medidas adoptadas por el Gobierno central incorporan avances en materia de protección frente a los desahucios, contratos de alquiler y determinadas prácticas especulativas, pero sostiene que la Junta no puede utilizar las competencias estatales como argumento para no actuar dentro de las suyas.
La iniciativa pretende que el debate se traslade ahora al Parlamento andaluz y que el Gobierno de Moreno Bonilla tenga que pronunciarse sobre las cinco medidas. Para Alba, la votación permitirá conocer «quién quiere poner las herramientas de la Junta al servicio de evitar nuevos desahucios y quién prefiere seguir protegiendo los intereses de los especuladores».
El dirigente ha resumido el objetivo de la propuesta en una exigencia al Ejecutivo autonómico: «Se le acabó el cuento de que la vivienda es cosa de Madrid». La PNL busca, en definitiva, que la Junta concrete qué papel quiere desempeñar ante el encarecimiento de la vivienda y la pérdida de hogares por parte de quienes no pueden asumir los precios del mercado.
