Quiero comenzar saludando al conjunto del Partido de los Trabajadores y agradeciendo muy sinceramente su apuesta generosa por este seminario, que se ha convertido en una de las grandes referencias internacionales para el intercambio de experiencias, el debate de ideas y el enriquecimiento del pensamiento de la izquierda. Quiero agradecer de manera muy especial al profesor Anaya, fundador del Partido de los Trabajadores, su compromiso con esta iniciativa, y expresar también mi reconocimiento personal a la compañera Isi por el esfuerzo generoso, constante e incansable que realiza para que este seminario siga creciendo y alcanzando sus objetivos.
Encuentros como este tienen un valor extraordinario. Quienes compartimos una tradición internacionalista sabemos que necesitamos espacios donde podamos debatir nuestras diferencias, aprender de experiencias distintas y analizar con honestidad nuestros aciertos y nuestros errores. La izquierda necesita pensamiento crítico, intercambio de ideas y capacidad para comprender la realidad más allá de las fronteras nacionales. Por eso agradezco especialmente la oportunidad de compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la situación política española.
España celebrará elecciones generales el próximo 29 de noviembre. Llegamos a esta cita después de varios años de avances sociales importantes, de una política exterior que ha mantenido posiciones propias en cuestiones fundamentales y de una experiencia de Gobierno que también ha puesto de manifiesto nuestras limitaciones. Mi intención es explicaros cómo hemos llegado hasta aquí, qué hemos conseguido, qué problemas siguen sin resolverse y por qué considero que la fragmentación de la izquierda constituye hoy uno de nuestros mayores peligros.
Para entender la situación actual debemos comenzar en 2018. Aquel año, el Partido Socialista Obrero Español recuperó el Gobierno mediante una moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Presidencia. En 2019, después de las elecciones generales y de una negociación política que desembocó en el primer Gobierno de coalición estatal de la democracia española, Unidas Podemos entró en el Ejecutivo junto al PSOE. En 2023, tras las nuevas elecciones generales, la coalición se reeditó con Sumar como socio minoritario del Partido Socialista.
Esta evolución tiene una importancia política que debemos comprender. El PSOE es una fuerza socialdemócrata con una larga trayectoria institucional y ha gobernado España en distintas etapas. La novedad de estos años ha sido la participación directa de la izquierda transformadora en el Gobierno central. Para nosotros, y especialmente para el Partido Comunista de España, esa participación abrió la posibilidad de convertir reivindicaciones históricas del movimiento obrero y popular en decisiones concretas de Gobierno.
España es hoy una experiencia singular en Europa: la izquierda transformadora ha formado parte del Ejecutivo estatal en un contexto en el que las fuerzas conservadoras y las derechas radicalizadas han ganado terreno en numerosos países. Esa singularidad ayuda a explicar tanto la importancia internacional que ha adquirido nuestro Gobierno como las dificultades que ha tenido que afrontar.
Uno de los resultados más claros se encuentra en el terreno laboral. Desde 2018, el salario mínimo interprofesional ha pasado de 735,90 euros mensuales en catorce pagas a 1.184 euros en 2025. El incremento acumulado es del 61 %. Este avance ha sido posible gracias a las decisiones del Gobierno, a la movilización sindical y, de manera muy importante, a la presión política ejercida por nuestro espacio, que ha defendido reiteradamente la necesidad de elevar los salarios más bajos.
A ello debemos añadir la reforma laboral de 2021, la reducción de la temporalidad y el refuerzo de la negociación colectiva. Estas medidas han contribuido a mejorar las condiciones de contratación y a ampliar la protección de millones de trabajadores.
También se han revalorizado las pensiones conforme al IPC, se ha creado el Ingreso Mínimo Vital y se han ampliado distintas prestaciones sociales. Durante la pandemia, los ERTE, las ayudas a autónomos y empresas y las medidas extraordinarias de protección evitaron que una crisis sanitaria de dimensiones históricas se tradujera en una destrucción todavía mayor del empleo y de los ingresos familiares. Posteriormente, se adoptaron medidas para hacer frente a la inflación, al encarecimiento de la energía y a otras consecuencias de las sucesivas crisis.
Se han producido igualmente avances en igualdad, derechos LGTBI, protección frente a las violencias sexuales, educación, formación profesional y protección de las familias. La Ley de Vivienda de 2023 introdujo instrumentos muy tibios para intervenir en el mercado del alquiler y proteger a los inquilinos, aunque sus resultados han sido insuficientes ante la dimensión del problema.
Todo ello se ha desarrollado en un contexto económico que merece atención. España ha dejado atrás la imagen de una economía condenada a situarse sistemáticamente por detrás de las principales economías europeas. En los últimos años ha registrado un crecimiento superior al promedio de la Unión Europea y un comportamiento comparativamente favorable frente a Alemania, Francia e Italia. Las previsiones de la Comisión Europea publicadas en mayo de 2026 situaban el crecimiento español en el 2,4 % para ese año, frente al 1,1 % previsto para el conjunto de la Unión Europea.
Es importante destacar que ese crecimiento se ha producido mientras se aprobaban medidas sociales de gran alcance y se reforzaba el empleo. Esto demuestra que la mejora de las condiciones laborales y la protección social pueden convivir con el crecimiento económico. El debate que debemos mantener es cómo conseguir que los frutos de ese crecimiento lleguen de manera más efectiva a las mayorías trabajadoras y se traduzcan en una mejora duradera de sus condiciones de vida.
Esta experiencia también tiene una dimensión internacional que merece ser destacada. A pesar de las limitaciones de su política exterior y de los compromisos de España con la OTAN y la Unión Europea, el Gobierno ha mantenido posiciones que le han otorgado una visibilidad internacional particular. En un contexto marcado por el avance de las derechas radicalizadas, el regreso de Donald Trump a la Presidencia estadounidense y la presión para que los gobiernos europeos se alineen con Washington, España se ha convertido en un símbolo internacional de resistencia política frente al trumpismo.
La cuestión palestina es el ejemplo más evidente. España reconoció el Estado palestino el 28 de mayo de 2024, denunció la destrucción de Gaza y defendió la necesidad de respetar el derecho internacional. En septiembre de 2025, el Gobierno aprobó un real decreto-ley que formalizó el embargo de armas, restringió determinadas operaciones comerciales y estableció medidas contra los productos procedentes de los asentamientos ilegales. También ha respaldado la labor de los tribunales internacionales y mantenido la ayuda humanitaria a la población palestina y el apoyo a la UNRWA.
Estas decisiones tienen importancia más allá de España. Han contribuido a demostrar que existen márgenes para adoptar posiciones propias en Europa, aunque todavía quede mucho por hacer para que las declaraciones políticas se traduzcan en una presión internacional capaz de detener el genocidio y garantizar los derechos del pueblo palestino.
Otro asunto especialmente significativo ha sido la negativa española a aceptar la exigencia de Donald Trump de elevar el gasto militar hasta el 5 % del PIB. En junio de 2025, el Gobierno anunció un acuerdo con la OTAN para cumplir los objetivos de capacidades militares con un gasto estimado del 2,1 % del PIB, rechazando la obligación de alcanzar aquel porcentaje.
Desde nuestra perspectiva, esta decisión tiene una dimensión política evidente. El presupuesto público debe responder también a las necesidades de la población, a la sanidad, la educación, las pensiones, la vivienda y los servicios públicos. España defendió que sus compromisos de seguridad podían cumplirse sin asumir el incremento de gasto exigido por Trump. La negativa también abrió un debate europeo sobre las prioridades presupuestarias, la autonomía estratégica y las consecuencias de una política de rearme acelerado.
En marzo de 2026, el Gobierno volvió a rechazar la utilización de las bases de Rota y Morón y del territorio español para apoyar la ofensiva militar estadounidense e israelí contra Irán. La decisión provocó nuevas tensiones con Washington. Desde una posición internacionalista, debemos destacar la importancia de impedir que el territorio español sea utilizado para facilitar guerras de agresión y de defender la soberanía como principio que debe aplicarse a todos los pueblos.
Quizá sea innecesario aclarar que nuestra propuesta sigue siendo, obviamente, la salida de España de la OTAN y el cierre de las bases norteamericanas en nuestro territorio.
Por estas razones, a pesar de sus contradicciones, la experiencia española ha adquirido una dimensión que trasciende nuestras fronteras. España ha mostrado que, incluso dentro de las estructuras políticas y militares occidentales, pueden existir espacios para cuestionar determinadas exigencias de Washington, defender el derecho internacional y mantener posiciones de solidaridad con los pueblos agredidos.
Las contradicciones y los problemas que no hemos sabido resolver
Sería un error presentar este balance únicamente en términos positivos. Hemos cometido errores importantes y tenemos limitaciones que debemos reconocer con claridad.
El problema de la vivienda es el más grave. Las subidas salariales y las mejoras laborales han beneficiado a muchos trabajadores, pero una parte de esas mejoras se ha visto absorbida por el encarecimiento de los alquileres y de la compra de vivienda. Para una parte importante de la juventud y de las familias trabajadoras, emanciparse o mantener una vivienda digna se ha convertido en una dificultad cotidiana.
La política de vivienda ha sido insuficiente. La falta de un parque público amplio, las dificultades para aplicar medidas de regulación, la especulación inmobiliaria y las limitaciones de la intervención pública han impedido responder con la intensidad necesaria. Cuando una persona trabaja y cobra más, pero sigue sin poder independizarse o vive con el temor permanente de perder su casa, el avance económico pierde buena parte de su significado social.
También hemos sido incapaces de abordar una reforma fiscal suficientemente profunda. Necesitamos un sistema en el que quienes acumulan más riqueza y obtienen mayores beneficios contribuyan de manera proporcionalmente mayor al sostenimiento de los servicios públicos. Un Estado fuerte necesita ingresos suficientes para garantizar una sanidad pública de calidad, una educación accesible, pensiones dignas, protección social y políticas de vivienda capaces de responder a las necesidades de la mayoría.
No podemos aspirar a transformar la sociedad si aceptamos que los recursos públicos sean insuficientes mientras la concentración de la riqueza continúa aumentando. La justicia fiscal debe formar parte de cualquier proyecto de transformación social que aspire a durar.
Hay otras contradicciones y limitaciones, pero quiero detenerme en una cuestión que considero decisiva para comprender nuestra situación: el problema de la izquierda española no reside únicamente en las insuficiencias de su gestión. Reside también en la falta de responsabilidad y visión política colectiva y en la incapacidad de algunas de sus direcciones para mirar más allá de los intereses inmediatos de sus propias organizaciones.
Lo digo con preocupación, porque considero que este es uno de los asuntos de los que depende nuestro futuro.
Con demasiada frecuencia, las direcciones de las organizaciones de izquierda actúan como si la prioridad fuera garantizar la supervivencia, la representación institucional o la influencia de su propio partido, incluso cuando esas decisiones perjudican al conjunto de la izquierda y a los intereses de la clase trabajadora. Hemos desarrollado una cultura política en la que las disputas entre organizaciones, los enfrentamientos personales y la competencia por los espacios electorales terminan ocupando más tiempo y energía que la construcción de una alternativa compartida.
Es una especie de narcisismo político e identitario que nos impide comprender la dimensión del momento histórico. Cada organización tiende a medir sus resultados en función de su propia posición, sin valorar suficientemente las consecuencias que sus decisiones tienen para el conjunto de las fuerzas populares.
Mientras tanto, las derechas trabajan para construir mayorías, consolidan sus posiciones institucionales y culturales y aprovechan nuestras divisiones. El resultado es que podemos terminar perdiendo conquistas sociales importantes después de haber demostrado que somos capaces de aprobar medidas que mejoran la vida de millones de personas.
Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. El PSOE tiene sus propias limitaciones y contradicciones, pero la izquierda transformadora tampoco puede eludir el examen de sus decisiones. Debemos preguntarnos por qué hemos sido incapaces de construir una relación estable entre nuestras organizaciones, por qué tantas diferencias terminan convirtiéndose en enfrentamientos destructivos y por qué nos cuesta tanto establecer prioridades compartidas.
La unidad que necesitamos no puede ser una simple suma de siglas ni un acuerdo electoral improvisado. Requiere un programa común, mecanismos democráticos, respeto entre las organizaciones y una estrategia que coloque en primer plano las necesidades de la mayoría social. Requiere también reconocer que ninguna organización, por importante que sea, puede representar por sí sola a toda la clase trabajadora ni monopolizar la respuesta a los desafíos que tenemos por delante.
Debemos ser capaces de debatir nuestras diferencias sin convertirlas en una guerra permanente. Necesitamos reconstruir la confianza, fortalecer los vínculos con los sindicatos y los movimientos sociales, recuperar la presencia en los barrios y los centros de trabajo y ofrecer soluciones concretas a problemas como la vivienda, los salarios, la sanidad y la educación.
Si no somos capaces de hacerlo, corremos el riesgo de convertirnos en una fuerza marginal, incapaz de influir de manera decisiva en el rumbo de la sociedad. Y esa marginalidad tendría consecuencias que irían mucho más allá de nuestros partidos: afectaría a la capacidad de la clase trabajadora para defender sus derechos y abriría nuevas oportunidades a las fuerzas reaccionarias.
Quiero terminar regresando al sentido de este seminario. El intercambio internacional de experiencias tiene valor precisamente porque nos permite comprender que nuestros problemas nacionales forman parte de procesos más amplios y que podemos aprender unos de otros.
La experiencia española demuestra que la participación de la izquierda transformadora en el Gobierno puede contribuir a elevar los salarios, ampliar derechos, reforzar la protección social y defender posiciones internacionales propias. También demuestra que esos avances resultan insuficientes cuando no se resuelven problemas estructurales como la vivienda, cuando el sistema fiscal no aporta los recursos necesarios y cuando las fuerzas que impulsan la transformación carecen de una estrategia común.
El crecimiento económico debe traducirse en bienestar para las mayorías. Los derechos conquistados necesitan instituciones capaces de garantizarlos y una sociedad organizada que los defienda. La solidaridad internacional debe acompañarse de decisiones concretas. Y la participación institucional debe formar parte de una estrategia de transformación social más amplia.
España afronta las elecciones del 29 de noviembre con todos estos elementos sobre la mesa: avances sociales relevantes, una posición internacional que ha adquirido visibilidad, limitaciones de gestión que debemos corregir y una izquierda profundamente dividida que tiene ante sí una responsabilidad histórica.
Me preocupa que nuestra incapacidad para construir una alternativa común termine facilitando el acceso de la derecha y la extrema derecha al Gobierno. Y me preocupa especialmente que, después de haber conseguido avances que hace unos años parecían difíciles, seamos nosotros mismos quienes contribuyamos a ponerlos en peligro por nuestra falta de visión colectiva.
No podemos pedir responsabilidad a la clase trabajadora mientras nuestras organizaciones se muestran incapaces de ejercerla. No podemos hablar de transformación social si anteponemos permanentemente los intereses de nuestros aparatos a las necesidades de la mayoría. Y no podemos defender la solidaridad internacional si no somos capaces de practicarla también entre quienes compartimos objetivos fundamentales.
La izquierda necesita recuperar la generosidad política, la capacidad de escuchar, la voluntad de cooperar y el sentido de la responsabilidad histórica. Necesita entender que nuestras diferencias deben servir para enriquecer un proyecto común y que la prioridad es mejorar las condiciones de vida de la mayoría trabajadora, defender los derechos conquistados y construir una sociedad más justa.
Ese es, a mi juicio, el desafío que tenemos por delante en España y también una de las grandes cuestiones que debemos debatir entre las fuerzas de izquierda de todo el mundo.
Muchas gracias.
