El 27 de septiembre de 1975 el franquismo fusilaba a José Humberto Baena, José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz, Jon Paredes “Txiki” y Ángel Otaegi. Eran militantes antifranquistas, que entregaron su vida en la lucha contra la dictadura. Sus asesinatos, en los últimos estertores del régimen, no fueron un exceso aislado, sino la confirmación de lo que siempre fue el franquismo: represión, miedo y sangre para perpetuar los privilegios de una minoría. Hoy, cuando se cuestionan los homenajes a su memoria, conviene recordar que aquellos fusilamientos forman parte de una historia que aún no ha terminado.
Porque no es solo el franquismo el que asesinó a cinco militantes en septiembre del 75, sino el mismo sistema que aún hoy niega el derecho de este pueblo a decidir su futuro. Las élites heredadas del régimen supieron blanquearse con una Constitución que nunca fue fruto de un proceso constituyente popular, sino un pacto de impunidad. Se cambió el decorado, pero no los cimientos: la monarquía borbónica, el poder judicial atado a la herencia franquista, las cloacas del Estado, la represión de quienes luchan.
En este marco resulta especialmente sangrante la paradoja jurídica y política que atraviesa el relato oficial del régimen del 78. Mientras la Ley de Víctimas del Terrorismo de 2011 retrotrae la condición de víctima hasta el 1 de enero de 1960, permitiendo que agentes del Estado franquista, represores y verdugos que cayeron bajo la acción de la resistencia armada antifranquista sean reconocidos y homenajeados como “víctimas”, los combatientes que se jugaron la vida contra la dictadura son catalogados como “terroristas”. Es decir, quienes torturaban, perseguían y ejecutaban en nombre de un régimen ilegal son elevados hoy al altar de la memoria institucional, mientras los guerrilleros que se enfrentaron a esa maquinaria criminal son condenados a la invisibilidad o la infamia. Una inversión ética explica bien qué tipo de régimen tenemos: el que honra a los herederos del franquismo y margina a quienes lucharon por la libertad. No es casual: reconocer la legitimidad de la resistencia antifascista abriría la grieta en el relato del 78 y pondría en cuestión toda la arquitectura política construida sobre la amnesia y la impunidad.
A los asesinados por el franquismo se les relega a cunetas, al olvido o, en el mejor de los casos, a homenajes populares levantados desde abajo
Por eso no es casual que los nombres de Baena, Sánchez-Bravo, García Sanz, Txiki y Otaegi apenas aparezcan en la historia oficial, ni que sus familiares sigan esperando reconocimiento. Mientras se multiplican los minutos de silencio por unas víctimas y se levantan monumentos por otras, a los asesinados por el franquismo se les relega a cunetas, al olvido o, en el mejor de los casos, a homenajes populares levantados desde abajo.
La diferencia no es de calendario, sino de clase: se honra a las víctimas cuando eso no pone en cuestión la legitimidad del régimen del 78; se silencia a las que muestran que este Estado nació de una dictadura.
La polémica por los homenajes a Txiki y Otaegi demuestra que no estamos ante un debate de memoria, sino de presente. Se criminaliza el recuerdo de quienes se enfrentaron a la dictadura porque su ejemplo cuestiona el mito fundacional de esta democracia mutilada. Reconocerles significaría aceptar que la libertad no nos fue regalada por el rey ni por las élites, sino conquistada con lucha, cárcel y fusilamientos. Y eso abriría la puerta a otra conclusión: que la verdadera democracia pendiente en este país se llama República.
Hoy, cuando vemos guerras en Europa y genocidios televisados en Palestina con la complicidad de las potencias occidentales, el ejemplo de aquellos jóvenes fusilados adquiere nueva vigencia. La lucha antifascista no es un recuerdo nostálgico, es una necesidad urgente. La impunidad de ayer se repite en los crímenes de hoy, y el silencio institucional sigue siendo cómplice. Quien se indigna por recordar a Txiki y Otaegi pero calla ante la barbarie presente demuestra que no defiende la democracia, sino los intereses de un sistema que necesita olvidar para sobrevivir.
No pedimos permiso para recordar, ni para señalar al régimen que aún persiste bajo otra bandera. Como ayer, la dignidad de los pueblos se defiende enfrentando la barbarie. Y la mejor manera de honrar a Baena, Sánchez-Bravo, García Sanz, Txiki y Otaegi no es solo recordarlos, sino continuar su combate: contra la explotación, contra el imperialismo, contra la represión y contra la monarquía que es la herencia directa del franquismo.
La memoria no es un acto del pasado, es un arma para el presente.
