El pasado 20 de noviembre no fue únicamente el aniversario de la muerte de Francisco Franco. Fue, sobre todo, un recordatorio de que en España sigue pendiente la tarea que las élites del régimen y sus herederos lograron aplazar durante décadas: desmontar la arquitectura política, económica y cultural del franquismo. Medio siglo después, la sombra de la dictadura continúa incrustada en las instituciones, en las estructuras de poder y en la vida cotidiana de un país que no ha afrontado con valentía la depuración democrática que sí realizaron otras naciones europeas.
Mientras el dictador moría en la cama, los pilares que sostenían su proyecto se reacomodaban para sobrevivir a la transición. No hubo ruptura, no hubo justicia, no hubo depuración. Hubo continuidad. Y esa continuidad se expresa hoy en la impunidad judicial, en los privilegios de la monarquía, en la permanencia del aparato represivo del Estado y en el blindaje de aquellas élites económicas que se enriquecieron gracias a la represión y al trabajo esclavo.
La Ley de Memoria Histórica, aprobada hace más de 15 años, nació como un intento limitado e insuficiente de reconocer a las víctimas y retirar símbolos fascistas. No solo eso, sino que además su aplicación ha sido deliberadamente insuficiente. Tras dejar atrás un nuevo 20N, constatamos que España continúa repleta de calles, placas y monumentos que honran a golpistas y criminales, mientras los nombres de los antifascistas siguen dependiendo casi exclusivamente del esfuerzo militante y del movimiento memorialista.
Se habla de “reconciliación”, pero se evita explicar quién mató, reprimió y se enriqueció. El franquismo fue un régimen de clase al servicio de la oligarquía, la misma que hoy domina el IBEX 35
La ausencia de una apuesta contundente por la verdad histórica se manifiesta en la educación. A pesar de décadas de lucha del movimiento obrero, las aulas siguen sin garantizar que las nuevas generaciones conozcan los crímenes del franquismo ni el papel decisivo que desempeñó la clase trabajadora en la resistencia. Se habla de “reconciliación”, pero se evita explicar quién mató, quién reprimió y quién se enriqueció. El franquismo no fue un paréntesis: fue un régimen de clase al servicio de la oligarquía española, esa misma que hoy domina el IBEX 35 y que jamás ha rendido cuentas por su pasado.
Lo mismo ocurre con las exhumaciones. España sigue abriendo fosas como quien tramita un expediente administrativo. Sin jueces, sin investigación penal, sin responsables. Los restos aparecen, pero los verdugos permanecen intocados. Ningún Estado que se considere democrático puede permitir que los crímenes de una dictadura se gestionen como simples trámites burocráticos. Esta situación es una prolongación de la Ley de Amnistía convertida en ley de punto final, una barrera que protege a los culpables y condena a las víctimas a una segunda desaparición.
La monarquía: el eslabón intacto de la cadena franquista
Si hay una institución que simboliza la continuidad del franquismo, esa es la monarquía. Las memorias del rey emérito, publicadas este otoño, no dejan lugar a dudas: fue designado por el dictador, formado por sus ministros y colocado en el centro del aparato estatal para garantizar la continuidad del poder. Su confesión de haber recibido “donaciones” millonarias no declaradas ilustra a la perfección el carácter de una institución basada en la opacidad, la impunidad y la herencia de privilegios.
La monarquía es el mecanismo que asegura la permanencia del bloque de poder surgido del franquismo. Su inviolabilidad constitucional, su blindaje judicial y su papel intocable en el Estado son herencias del 18 de julio
La monarquía española no es un simple vestigio histórico: es el mecanismo que asegura la permanencia del bloque de poder surgido del franquismo. Su inviolabilidad constitucional, su blindaje judicial y su papel intocable en el Estado son herencias directas del 18 de julio. La monarquía es el punto de anclaje que impide una democratización real.
Por eso, cuando hablamos de memoria histórica, hablamos de un combate político. Y cuando hablamos de democracia, hablamos de correlación de fuerzas. Desde el Partido Comunista de España llevamos décadas defendiendo una verdad que incomoda al régimen del 78: no habrá democracia plena mientras exista impunidad y mientras las estructuras heredadas del franquismo sigan intactas. La impunidad no es un error: es una decisión política del Estado para preservar la arquitectura que sostiene a la oligarquía española.
La izquierda institucional ha sido incapaz de afrontar esta tarea. Ha mantenido intactas leyes que impiden juzgar los crímenes franquistas, ha impulsado políticas simbólicas sin contenido y ha evitado un enfrentamiento real con el bloque de poder que sostiene la monarquía y la impunidad. El resultado es un país que avanza en lo superficial pero se paraliza ante los cimientos del régimen.
No basta con homenajear, hay que transformar. No basta con localizar fosas, hay que hacer justicia. No basta con denunciar la impunidad, hay que desmantelar los mecanismos que la garantizan
La tarea del presente
Desde el Partido Comunista de España afirmamos que no basta con homenajear, hay que transformar. No basta con localizar fosas, hay que hacer justicia. No basta con denunciar la impunidad, hay que desmantelar los mecanismos que la garantizan.
Es por ello que este 20 de noviembre pasado no fue un día de resignación, fue un recordatorio de la urgencia histórica que tenemos entre manos. Un recordatorio de que España necesita, de forma inaplazable:
—La aplicación efectiva de la Ley de Memoria Histórica.
—La retirada inmediata de todos los símbolos franquistas.
—La incorporación obligatoria y rigurosa del estudio del franquismo y la lucha antifascista en las aulas.
—Exhumaciones judiciales, con jueces y procedimientos penales, no con trámites administrativos.
—La derogación de la Ley de Amnistía en lo que bloquea la persecución de crímenes franquistas.
—Y, sobre todo, abrir el debate democrático que el régimen del 78 cerró: la superación de la monarquía y la construcción de una República basada en la soberanía popular y la justicia de clase.
Solo cuando afrontemos esta tarea con plena determinación podremos decir, sin autoengaños, que España ha dejado atrás al franquismo. Solo entonces podremos afirmar, con verdad y no con deseos, que Franco ha muerto.
