El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha trasladado al Gobierno una batería de preguntas tras la inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior de la formación denominada “Noviembre Nacional”, impulsada por la entidad Núcleo Nacional. La iniciativa pone el foco en la posible utilización de la figura de partido político como cobertura jurídica para actividades vinculadas a la extrema derecha. Advierte de que “la constitución de la referida formación política podría constituir un supuesto de fraude de ley”, al utilizar la cobertura formal de partido para desarrollar actividades que podrían encajar en estructuras de tipo paramilitar, expresamente vetadas por la Constitución.
Según el escrito registrado, la organización, de carácter juvenil y con sede en Valladolid, ya había sido previamente monitorizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su ideología ultraderechista y su participación en diversas concentraciones públicas. Algunas de estas convocatorias, entre ellas protestas frente a la sede del PSOE en Madrid, habrían derivado en incidentes violentos, con detenciones y actuaciones policiales.
El documento presentado recoge que en redes sociales se han difundido vídeos protagonizados por militantes encapuchados en los que se alude a postulados asociados a la extrema derecha, como la llamada “teoría del reemplazo” o mensajes sobre la expulsión de personas migrantes mediante el término “remigración”.
Además, en abril de 2025 la Guardia Civil abrió diligencias tras la difusión de un vídeo en el que se instaba a una “defensa activa” de las calles y a una “lucha conjunta contra la invasión”, trasladando un informe a un juzgado de Valladolid ante la posible existencia de mensajes constitutivos de delito de odio.
La formación también ha promovido concentraciones ante centros de acogida de menores y frente al Congreso en las que, según se recoge en la iniciativa, se corearon consignas de carácter fascista y se produjeron insultos contra el presidente del Gobierno, con tres detenidos durante uno de los actos.
La preocupación se extiende también a la actividad pública del colectivo y a su narrativa política. En su página web, la organización reivindica un “despertar nacional” y justifica el ocultamiento de la identidad de sus miembros por las posibles consecuencias derivadas de la adscripción a ideologías como el nacionalsocialismo, el franquismo o el fascismo, lo que ha incrementado las críticas políticas e institucionales.
Izquierda Unida, integrada en el grupo parlamentario Sumar, ha pedido expresamente la revisión de la legalidad de la formación e incluso su disolución, al considerar que se trata de un grupo de ideología extremista que podría promover actos de odio y una llamada a la movilización en la calle. La preocupación se centra en la posibilidad de que el partido articule discursos de confrontación y fomente dinámicas de activación social en torno a postulados radicales.
La iniciativa parlamentaria concluye con tres preguntas dirigidas al Ejecutivo. Entre ellas, se solicita conocer qué comprobaciones previas realiza el Ministerio del Interior para garantizar que las organizaciones inscritas respetan los principios constitucionales y los derechos fundamentales. Asimismo, se plantea si el Gobierno ha solicitado o prevé solicitar a la Fiscalía la revisión de la legalidad de Noviembre Nacional conforme a la Ley Orgánica de Partidos Políticos, en caso de acreditarse conductas incompatibles con el orden constitucional.
Finalmente, el grupo reclama medidas para impedir que organizaciones que promuevan ideologías contrarias a los valores constitucionales utilicen la figura jurídica de partido político como instrumento para su actividad pública, financiación o expansión. La petición de Izquierda Unida y las preguntas registradas abren ahora un debate jurídico y político sobre los límites legales de la inscripción de nuevas formaciones y el alcance de los mecanismos de control del Estado ante posibles discursos de odio o incitación a la acción.
