Los diputados y diputadas de Izquierda Unida han registrado en el Congreso una Proposición de Ley para el reconocimiento y equiparación de víctimas de crímenes cometidos por agentes del Estado con anterioridad al 1 de enero de 1983. La iniciativa busca reparar la situación de personas y familiares que, según la formación, han quedado sin reconocimiento oficial pese a haber sufrido violencia policial durante la Transición.
Entre los casos citados figura el de Manuel José García Caparrós, el joven asesinado por disparos policiales el 4 de diciembre de 1977 durante una manifestación a favor de la autonomía andaluza. La propuesta llega después de que el Ministerio del Interior denegara recientemente a su familia la condición de víctima del terrorismo al no existir una sentencia firme que reconociera responsabilidad civil por los hechos.
La proposición ha sido coordinada por el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y cuenta con la firma, entre otros, del diputado y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero. Santiago ya había reprochado esta situación al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una comparecencia en el Congreso, planteando la necesidad de modificar el marco legal vigente.
Reforma de la ley de víctimas del terrorismo
El texto propone modificar la Ley 29/2011 para incluir expresamente como destinatarias de sus medidas a las víctimas de “crímenes cometidos con anterioridad al 1 de enero de 1983 por agentes del Estado mientras realizaban actividades oficiales”. IU considera que ese periodo debe abarcar hasta la plena consolidación democrática tras el intento de golpe de Estado del 23F, fijando el límite temporal en esa fecha.
Entre los cambios planteados figura la posibilidad de reconocer la condición de víctima aunque no exista sentencia firme, siempre que se hayan practicado diligencias judiciales, comisiones de investigación parlamentarias o procesos penales. En esos supuestos, la acreditación podría realizarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho ante la Administración General del Estado.
La iniciativa también incorpora una disposición adicional para abrir un nuevo plazo de solicitud para estas víctimas desde la entrada en vigor de la eventual reforma.
Modificación de la ley de memoria democrática
Además, la proposición introduce cambios en la Ley 20/2022, añadiendo una disposición adicional que reconoce el derecho a una indemnización de 250.000 euros a los beneficiarios de personas fallecidas entre el 1 de enero de 1968 y el 1 de enero de 1983 en defensa de las libertades y derechos democráticos.
Podrán acceder a estas ayudas, en primer lugar, el cónyuge o pareja y los hijos de la persona fallecida; subsidiariamente, padres, nietos y hermanos, siguiendo un orden excluyente. El abono procederá siempre que no se haya recibido previamente compensación económica por los mismos hechos o que esta sea inferior a la cuantía fijada.
IU sostiene que la reforma constituye una respuesta “legal y argumentada” a la negativa administrativa conocida esta semana y defiende que el Estado debe reconocer y reparar a quienes sufrieron violencia policial en el contexto de la Transición y los primeros años de la democracia.
