La política de seguridad japonesa atraviesa una transformación estructural que desborda el ámbito técnico de la defensa para situarse en el centro de un debate más amplio sobre identidad nacional, memoria histórica y legitimidad democrática. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Japón había construido una posición singular en el sistema internacional a partir del pacifismo constitucional, la renuncia explícita al uso de la fuerza como instrumento de política exterior y una inserción multilateral orientada a la reconstrucción de su legitimidad tras la experiencia del militarismo imperial. El artículo 9 de la Constitución de 1946 [1], que prohíbe la guerra, cristalizó este compromiso, convirtiendo a Japón en un caso atípico cuya contención militar contribuyó, durante décadas, a la estabilidad regional en Asia Oriental. El progresivo cuestionamiento de este marco plantea interrogantes relevantes sobre los efectos de la “normalización” estratégica japonesa tanto en el plano regional como interno.
Durante la Guerra Fría, la denominada Doctrina Yoshida [2] estructuró la política exterior japonesa sobre la base de una división funcional entre seguridad y desarrollo económico. Japón priorizó la reconstrucción industrial y el crecimiento económico, mientras delegaba su defensa en la alianza con Estados Unidos. Este arreglo permitió evitar una remilitarización temprana en un contexto regional marcado por conflictos recientes y facilitó el rápido ascenso económico del país. No obstante, también generó dependencias estructurales que, con el paso del tiempo, fueron reinterpretadas por sectores conservadores como una limitación a la soberanía estratégica japonesa.
A partir de la década de 1990, el pacifismo dejó de ser concebido de manera hegemónica como un activo democrático y comenzó a ser cuestionado como una anomalía incompatible con el estatus económico y político de Japón. Esta relectura alcanzó su máxima expresión durante los gobiernos de Shinzo Abe (Partido Liberal Democrático, 2012-2020), quien articuló la militarización del país como un objetivo político explícito. Bajo el concepto de “contribución proactiva a la paz”, su gobierno impulsó una reinterpretación del artículo 9 que permitió el ejercicio de la autodefensa colectiva. Aunque no se produjo una reforma constitucional formal, el cambio en la interpretación jurídica alteró sustancialmente el significado práctico del pacifismo constitucional, marcando una ruptura con la tradición estratégica de la posguerra.
Desde una perspectiva crítica, este proceso presenta un déficit significativo de legitimidad democrática. La reinterpretación del artículo 9 se llevó a cabo sin recurrir a los mecanismos formales de reforma constitucional ni a un referéndum, eludiendo un debate público amplio sobre el uso de la fuerza y el papel internacional de Japón. Más que una adaptación funcional a un entorno de seguridad cambiante, la normalización impulsada durante este periodo puede interpretarse como un proyecto ideológico orientado a redefinir la identidad nacional y a relativizar las restricciones constitucionales derivadas de la experiencia histórica del militarismo nacionalista. La «militarización» del discurso político desplazó así consideraciones éticas, memoriales y sociales que habían sido centrales en la cultura política japonesa de posguerra.
En 2024 la primera ministra ha acentuado el discurso nacional-militarista, y prevén incrementar el gasto militar al 2% del PIB
La llegada de Fumio Kishida (Partido Liberal Democrático, 2021-2024) al poder no supuso una ruptura con esta trayectoria, sino una continuidad matizada por un estilo más cauteloso. La invasión rusa de Ucrania en 2022 actuó como catalizador externo que facilitó la aceleración de reformas largamente debatidas. En este contexto, Japón aprobó el envío de asistencia militar a Ucrania, asumió un papel destacado en el régimen de sanciones contra Rusia y adoptó documentos estratégicos que proyectan un incremento del gasto en defensa hasta el 2% del PIB. Según el SIPRI [3], «el gasto militar de Japón aumentó un 21 %, situándose en 55,3 mil millones de dólares en 2024, el mayor incremento anual desde 1952. Su carga militar alcanzó el 1,4 % del PIB, el nivel más alto desde 1958». De concretarse, este aumento situaría a Japón entre los países con mayor gasto militar a nivel global, rompiendo límites autoimpuestos durante décadas.
El discurso oficial presenta estas reformas como estrictamente defensivas, orientadas a disuadir amenazas como el programa nuclear norcoreano o la modernización militar china. Sin embargo, esta narrativa omite el dilema de seguridad que caracteriza las dinámicas regionales. En un entorno donde la memoria del imperialismo japonés sigue teniendo un peso significativo, el fortalecimiento militar de Japón es percibido por sus vecinos no como una medida neutral, sino como un potencial signo de revisionismo estratégico. Estas percepciones pueden incentivar respuestas simétricas y alimentar una espiral de desconfianza que reduzca, en lugar de aumentar, la seguridad regional.
La experiencia histórica sugiere que la acumulación de capacidades militares, cuando no va acompañada de mecanismos sólidos de confianza y reconciliación, incrementa el riesgo de errores de cálculo que pueden derivar en conflictos. El pacifismo constitucional no fue únicamente el resultado de una imposición externa tras la derrota de 1945, sino también una lección interiorizada por amplios sectores de la sociedad japonesa sobre los costos humanos y morales del militarismo. Su progresiva erosión implica una pérdida de memoria política y una normalización del uso de la fuerza que resulta problemática desde una perspectiva histórica.
Aunque Japón mantiene formalmente una política antinuclear en el ámbito militar, la expansión de su infraestructura nuclear civil y el debate sobre la reinterpretación del artículo 9 de la Constitución, puede inducir a estudiar la posibilidad del uso del arma nuclear. La presidenta del Partido Comunista de Japón, Tomoko Tamura, el pasado diciembre pidió públicamente la dimisión de un alto funcionario partidario de la nuclearización militar de Japón [4].
A esta dinámica se suma el revisionismo histórico promovido por sectores conservadores que buscan minimizar o relativizar los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Estas disputas no son meramente historiográficas, sino profundamente políticas, ya que al reducir la carga moral del pasado se facilita la legitimación del rearme y se obstaculiza la reconciliación regional, especialmente con las dos Coreas y China. La memoria histórica se convierte así en un elemento central para comprender las limitaciones de una seguridad compartida en Asia Oriental.
Japón, bajo el liderazgo de la actual primera ministra, Sanae Takaichi, ha acentuado el discurso nacional-militarista, lo que ha llevado al Partido Comunista y al Partido Socialdemócrata a calificar a su gobierno como «el gobierno del Partido Liberal Democrático más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial» [5]. La experiencia histórica japonesa sugiere que el militarismo y el nacionalismo no generaron seguridad duradera, sino inestabilidad y devastación.
NOTAS:
[1] https://www.cu.emb-japan.go.jp/es/docs/constitucion_japon.pdf
[2] https://es.wikipedia.org/wiki/Shigeru_Yoshida
[3] https://www.sipri.org/sites/default/files/2025%20MILEX%20PR%20ESP.pdf
[4] https://www.japan-press.co.jp/s/news/index.php?id=16075&utm_source=chatgpt.com
[5] https://www.chinadailyhk.com/article/626723?utm_source=chatgpt.com
