La democracia como forma de gobierno atraviesa en todo el mundo un momento crítico que amenaza el futuro de la humanidad. No se trata de una crisis aislada, sino de un debilitamiento sistémico que erosiona la confianza ciudadana y pone en duda la propia legitimidad y el modelo de representación. Dos factores inciden sobremanera en este hecho: la corrupción y la crisis de legitimidad que promueven actores transnacionales como los GAFAM, conformando un triángulo perverso que amenaza los cimientos de la gobernanza, tal y como se observa con el auge de partidos de la extrema derecha. El diagnóstico de IDEA Internacional es preocupante: el 54% de los países evaluados experimentaron un descenso en al menos un factor de desempeño democrático. El Estado de derecho fue la categoría con peor desempeño, con 71 países (41%) clasificados como de bajo rendimiento, especialmente en lo que respecta a la independencia judicial. La libertad de prensa sufrió el mayor deterioro desde 1975 y no se observa políticas activas en esta dirección.
Desde el inicio de la XV Legislatura, Izquierda Unida y el Grupo Plurinacional ha venido impulsando por ello en la Comisión de Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales, iniciativas en tres frentes estratégicos: desinformación, transparencia, y participación ciudadana.
El objetivo general desde el inicio del nuevo mandato es fortalecer el Estado de derecho, garantizar la independencia judicial, proteger la libertad de prensa y, sobre todo, combatir la corrupción con mecanismos efectivos de rendición de cuentas. En esta línea nos fijamos quince puntos de actuación:
- Plan Anticorrupción siguiendo las recomendaciones del grupo GRECO.
- Reforma del sistema electoral para una mayor proporcionalidad.
- Gobierno abierto y participación ciudadana.
- ILP de regularización y derecho a voto de migrantes con dos años de residencia en España.
- Promover el derecho a voto de los mayores de 16 años.
- Impulsar el I Plan de Parlamento Abierto del Congreso.
- Promover iniciativas sobre justicia y transición digital democrática.
- Definir un plan nacional de ciudadanía digital.
- Medidas de transparencia y ética en la gestión pública.
- Actualización del Reglamento del Congreso para regular las incompatibilidades.
- Constitución de una Comisión parlamentaria sobre Políticas de Comunicación.
- Regulación del derecho de acceso y participación de la ciudadanía según el artículo 20.
- Supresión de las medidas lesivas de la Ley Mordaza.
- Regulación del Derecho a la Comunicación.
- Y medidas contra la desinformación y en favor de la calidad de la esfera pública de conversación democrática.
La Presidencia de la Comisión, bajo dirección del PSOE, se ha centrado hasta la fecha en la ponencia sobre medidas contra la desinformación y, en la actualidad, se está trabajando sobre el I Plan de Parlamento Abierto.
Izquierda Unida ha liderado todas las iniciativas en los ejes reseñados de medidas contra la corrupción, democratización informativa y transparencia.
JUSTICIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Uno de los ejes apenas objeto de discusión en la Comisión, pero presente en las PNLs y debates plenarios cuando han tenido lugar comparecencias sobre participación, ha sido especialmente la política de adopción de medidas preventivas contra la corrupción. A iniciativa de nuestro portavoz, Enrique Santiago, IU ha avanzado tres líneas de actuación asumidas en parte por el Ejecutivo:
- Actualización del sistema de acceso a las carreras jurídicas del Estado (judicial, fiscal, abogacía del Estado) eliminando cualquier factor de discriminación económico y social en el acceso para garantizar la independencia del poder judicial.
- Incremento de la eficiencia de la administración pública de Justicia dotando los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la sociedad española.
- Modificación del Reglamento del Congreso para regular los grupos de interés y establecer medidas de sanción y control de los representantes a fin de garantizar la ejemplaridad y virtud de los diputados en su trabajo legislativo.
Estas y otras medidas son, estructuralmente, necesarias pero no suficientes en sí mismas. En línea con la tradición emancipadora de la que Izquierda Unida es deudora, el último año de legislatura el grupo parlamentario deberá avanzar en las políticas de profundización en la democracia participativa, a fin de proseguir, en una lógica reformista de progreso, propia del Estado Social y de Derecho, el cumplimiento del I Plan de Parlamento Abierto y propuestas de mejora de la ley que regula la Iniciativa Legislativa Popular, así como otras medidas complementarias sobre las Comisiones de Nombramientos o el Estatuto del Diputado. Es la única garantía de restituir el principio de confianza, clave para toda mediación política.
DEMOCRACIA INFORMATIVA Y DERECHO A LA COMUNICACIÓN
Las políticas de Estado en materia de comunicación en España son una asignatura pendiente de nuestro sistema democrático. En la cámara legislativa no existe una comisión que aborde cuestiones sustantivas en la materia y, a diferencia de los países de nuestro entorno comunitario, no hay siquiera una autoridad específica que garantice el espíritu de la ley y la Constitución en su artículo 20. A fin de avanzar en superar este déficit democrático, desde el grupo parlamentario hemos presentado más de diez iniciativas parlamentarias en esta dirección. Cabe destacar entre otras las siguientes propuestas:
1. REGULAR LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. El Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios de Comunicación (EMFA) requiere de la reforma de la actual ley de publicidad institucional para adaptarla a los medios digitales garantizando mayor transparencia y proporcionalidad. Según el Media Pluralism Monitor Report 2024, España es el Estado europeo en el que los medios son menos transparentes, solo por delante de Chipre y Hungría. Tenemos una situación de absoluta discrecionalidad en la asignación de la publicidad institucional que nos sitúa en formas tradicionales, propias del siglo XIX, como los llamados fondos de reptiles que están en el trasfondo de las cloacas del Estado en los casos que ocupan la conversación pública impulsada por medios subvencionados como OK Diario o The Objective. Frente a la actual arbitrariedad de gobiernos como el de la Comunidad de Madrid, nuestro grupo ha liderado una propuesta en el Plan de Acción para la Democracia que respete los principios de equidad, transparencia, pluralismo y proporcionalidad con criterios objetivos evaluados y monitoreados por organismos independientes de autorregulación y corregulación en línea con lo establecido por la EMFA.
2. CREAR UNA AUTORIDAD INDEPENDIENTE EN COMUNICACIÓN. El pluralismo de mercado sigue siendo la mayor preocupación sobre los medios en España, llegando a un nivel de riesgo del 75%. El Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios de Comunicación exige la Creación de un Consejo Estatal de Medios de Comunicación independiente. La CNMC no cumple con los requisitos de independencia exigidos en el Reglamento Europeo al ser el gobierno el que nombra a sus miembros. Es, de facto, un organismo gubernamental. Además la CNMC solo tiene competencia sobre los medios audiovisuales y el Reglamento Europeo exige que sus competencias se amplíen a la prensa escrita en cualquier soporte. Con esta iniciativa de regeneración se garantizaría el acceso a la sociedad civil (sindicatos, asociaciones de consumidores y usuarios, grupos de telespectadores, etc.) cumpliendo con lo establecido en el Artículo 20 de la Constitución.
3. FOMENTAR Y PROTEGER LOS MEDIOS COMUNITARIOS. Nuestro ordenamiento jurídico sigue sin dar amparo a los llamados medios del Tercer Sector Audiovisual. El derecho de acceso y de socialización del poder de informar no cuenta con una política pública de financiación y soporte de los canales radiotelevisivos sin ánimo de lucro que cumplen una función vicaria estratégica para el desarrollo de la conversación pública. Desde Izquierda Unida se han presentado propuestas de regulación y financiación con fondos públicos de esta realidad.
4. PROMOVER MEDIDAS PARA LA DIGNIFICACIÓN Y MEJORA DEL TRABAJO PERIODÍSTICO. El intrusismo, la precarización y cooptación que sufren los profesionales de la información en nuestro país es un problema neurálgico para la calidad del ecosistema informativo. Pero a diferencia de otros estados de nuestro entorno, España sigue sin regular aspectos sustantivos como el secreto profesional, el derecho de rectificación además de la norma lesiva de la Ley Mordaza que afecta a la labor de los periodistas. En esta línea, hemos liderado la totalidad de las propuestas registradas en la legislatura para avanzar en este ámbito demandado por FAPE y Sindicatos de Periodistas.
