El Ministerio de Vivienda ha aprobado una partida de 180 millones de euros destinada a los municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado, donde el precio de la vivienda dificulta especialmente el acceso a un hogar. Los fondos buscan ampliar la oferta de alquiler asequible y reforzar la intervención de las administraciones en un mercado marcado por la escalada de los precios.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado la medida tras la reunión del Consejo de Ministros. La financiación se distribuirá entre las comunidades autónomas que cuentan con localidades bajo esta declaración, en proporción a la población protegida en cada territorio.
En total, más de 9,3 millones de personas viven en alguna de las 317 localidades reconocidas como zonas tensionadas. Catalunya reúne 271 de ellas, mientras que Navarra cuenta con 21, Euskadi con 18, Asturias con cinco y Galicia con dos.
El reparto anunciado asigna 119,4 millones de euros a Catalunya, 31 millones a Euskadi, 13,3 millones a Navarra, 10,2 millones a Galicia y 5,9 millones a Asturias.
Cinco líneas de actuación
La financiación se vincula a cinco objetivos para aumentar la disponibilidad de vivienda asequible y facilitar respuestas públicas a la emergencia residencial.
Una parte podrá destinarse a construir o rehabilitar viviendas para alquiler social o asequible. También se financiará la compra de suelo y de viviendas por parte de las administraciones, así como la urbanización de terrenos destinados a nuevos usos residenciales.
El quinto ámbito contempla mecanismos de cobertura frente al impago del alquiler. Con ello, el paquete combina actuaciones para aumentar la oferta residencial con medidas relacionadas con la seguridad de los arrendamientos.
El Ministerio fundamenta la iniciativa en el artículo 18 de la Ley de Vivienda, que contempla planes específicos de actuación para las zonas tensionadas. La norma permite movilizar recursos adicionales cuando puedan contribuir a contener o reducir los precios.
La vivienda, en el centro del conflicto social
La nueva partida llega en un contexto de creciente movilización por el acceso a la vivienda y de presión social para que las administraciones adopten medidas que frenen la especulación y permitan a los hogares destinar una parte menor de sus ingresos al alquiler.
El anuncio se suma a otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo en las últimas semanas para afrontar el problema residencial, en medio de las negociaciones políticas y el debate sobre la eficacia de las medidas para contener los precios.
La aplicación de los fondos y su capacidad para traducirse en nuevas viviendas asequibles serán claves para valorar su alcance. La financiación pública puede contribuir a ampliar el parque residencial disponible, pero el resultado dependerá de los proyectos que se pongan en marcha y de la rapidez con que las administraciones conviertan los recursos en viviendas y soluciones concretas para la población.
