El programa, por dentro: poner las condiciones para que la juventud pueda vivir

La propuesta del FA sitúa la emancipación en el centro de las políticas juveniles, con medidas sobre vivienda, empleo, educación y participación

La juventud ocupa un lugar específico en el programa electoral del Frente Amplio, pero su propuesta va mucho más allá de un conjunto de políticas sectoriales destinadas a este colectivo. La cuestión de fondo es la emancipación: garantizar que las personas jóvenes puedan acceder a una vivienda, encontrar un empleo digno, disponer de tiempo para vivir y participar en las decisiones que afectan a su futuro.

El diagnóstico que atraviesa las medidas es que la autonomía personal resulta cada vez más difícil cuando los salarios no permiten afrontar el coste de la vida, el alquiler absorbe buena parte de los ingresos y la precariedad condiciona las perspectivas laborales. Frente a esta realidad, el Frente Amplio plantea abordar las dificultades de la juventud desde una perspectiva integral, conectando los derechos sociales y económicos con la participación democrática y el bienestar.

La principal apuesta específica es la aprobación de la primera Ley Estatal de Juventud, acompañada de un Pacto de Estado. La iniciativa se estructuraría en cuatro grandes pilares: derechos socioeconómicos, con especial atención a la vivienda y el empleo; participación democrática; salud mental y bienestar; y justicia intergeneracional frente a la crisis ecosocial.

El programa incorpora también una reivindicación de ampliación de derechos políticos: reconocer por ley el derecho al voto a partir de los 16 años. La propuesta parte de considerar que la juventud debe tener capacidad para intervenir en las decisiones colectivas y no limitarse a ser destinataria de las políticas públicas.

Junto a ello, el documento propone un Plan de Emancipación Juvenil que combine vivienda asequible, empleo estable y participación. Este plan incluiría una revisión de las barreras que dificultan el acceso de las personas jóvenes al Ingreso Mínimo Vital (IMV), con el objetivo de evitar que los requisitos administrativos o las condiciones de acceso dejen fuera a quienes más necesitan esta prestación.

Vivienda, empleo y educación: las condiciones materiales para emanciparse

La vivienda constituye uno de los principales obstáculos que el programa pretende abordar. La propuesta general contempla la creación de un parque público de 1,5 millones de viviendas en alquiler asequible en un plazo de doce años, con una inversión anual equivalente al 1 % del PIB. El objetivo es que el alquiler no supere el 25 % de los ingresos del hogar. Para las viviendas públicas de referencia, el programa establece un precio máximo de 600 euros mensuales para inmuebles de 80 metros cuadrados, adaptado al coste de vida de cada territorio.

La intervención sobre el mercado inmobiliario se completa con medidas contra la especulación, la limitación de los precios del alquiler, la movilización de viviendas vacías y el impulso de cooperativas de vivienda en cesión de uso. El planteamiento es que el acceso a un hogar no dependa exclusivamente de la capacidad económica de cada persona ni de la ayuda que pueda recibir de su entorno familiar.

El empleo es otro de los pilares de esta estrategia. El Frente Amplio propone avanzar progresivamente hacia una jornada laboral máxima de 32 horas semanales sin reducción salarial, comenzando por las 37,5 horas, y establecer un salario mínimo interprofesional equivalente al 60 % del salario medio neto. Son medidas de carácter general que afectan directamente a las condiciones de vida de las nuevas generaciones, especialmente de quienes se incorporan al mercado laboral en un contexto de precariedad y dificultades para alcanzar una estabilidad económica.

El programa también plantea desplegar un Plan de Empleo Garantizado que preste atención prioritaria a colectivos con mayores dificultades de acceso al trabajo, entre ellos las personas jóvenes. A ello se suma la apuesta por una política industrial activa, la reindustrialización y el desarrollo de sectores estratégicos capaces de generar empleo estable y cualificado. La intención es que las oportunidades laborales no se limiten a puestos temporales o de baja remuneración, sino que permitan desarrollar trayectorias profesionales con derechos y perspectivas de futuro.

La educación y la formación completan esta apuesta por la igualdad de oportunidades. El documento defiende destinar el 7 % del PIB a la educación pública y garantizar la gratuidad educativa desde los cero años hasta la universidad. También propone ampliar las plazas públicas de grado y máster, reducir sus precios y aumentar las becas postobligatorias hasta alcanzar el 0,44 % del PIB. Entre las medidas destaca la creación de becas-salario para evitar que las dificultades económicas obliguen a abandonar los estudios.

La movilidad también aparece como un factor de autonomía. El programa propone un abono único estatal e integrado para facilitar el uso de distintos medios de transporte en todo el país, con tarifas específicas para la población joven. Entre ellas, contempla Cercanías a diez euros mensuales para menores de 26 años y gratuidad para menores de 16. El objetivo es reducir el coste de los desplazamientos y facilitar el acceso a los centros educativos, los puestos de trabajo y las actividades culturales y sociales.

Salud mental, derechos digitales y participación democrática

El programa incorpora una dimensión que va más allá de las condiciones económicas: el bienestar y la salud mental. Se plantea un programa plurianual de contratación estructural de profesionales de la salud mental en centros educativos, deportivos, culturales y comunitarios. La medida incluye psicólogos clínicos, psiquiatras infantojuveniles, enfermeras especialistas, trabajadores sociales y educadores sociales, con especial atención a los barrios más vulnerables.

No se trata únicamente de reforzar la atención sanitaria, sino de acercar los recursos de prevención y acompañamiento a los espacios cotidianos en los que se desarrolla la vida de niños, adolescentes y jóvenes. La propuesta busca que la atención no dependa exclusivamente de la capacidad económica de las familias ni de la posibilidad de acudir a servicios privados.

A esta cuestión se añaden las propuestas relacionadas con el entorno digital. El documento plantea aprobar una ley orgánica para proteger a los menores en los espacios digitales y establecer responsabilidades para las grandes plataformas que no actúen frente a contenidos ilegales. También propone regular las redes sociales dirigidas a menores de 16 años, con mecanismos de verificación de edad respetuosos con la privacidad y la eliminación de funcionalidades diseñadas para fomentar un uso compulsivo, como el desplazamiento infinito de contenidos, la reproducción automática, las notificaciones constantes o las recomendaciones algorítmicas.

La alfabetización digital y mediática también forma parte de esta estrategia. El programa propone incorporarla como competencia clave desde la educación primaria, reforzar la formación del profesorado frente al ciberacoso y desarrollar programas de educación afectivo-sexual basados en la evidencia científica.

La participación democrática constituye el otro gran eje de las políticas juveniles. Además del reconocimiento del voto desde los 16 años, la futura Ley Estatal de Juventud pretende incorporar mecanismos para que las nuevas generaciones intervengan en las decisiones que afectan a sus condiciones de vida. El programa vincula esta participación con cuestiones como la justicia intergeneracional y la crisis ecosocial, situando a la juventud no solo como destinataria de las transformaciones, sino también como protagonista de ellas.

El conjunto de medidas dibuja una concepción de las políticas juveniles que no se limita a facilitar el acceso a determinados servicios o a ofrecer ayudas puntuales. La emancipación aparece como el resultado de un conjunto de condiciones materiales: poder estudiar sin que la situación económica familiar sea un impedimento, acceder a un empleo con derechos, disponer de una vivienda asequible y tener tiempo y recursos para desarrollar una vida propia.

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