En enero del año pasado la borrasca Filomena dejaba una nevada calificada de “histórica” por todo el país. En Madrid se pudo ver hasta medio metro de nieve. Un fenómeno extremo que sufrimos como consecuencia, entre otras cosas, del calentamiento global.
En algunas zonas de Madrid adineradas la nieve fue retirada con más apremio que en los barrios obreros, donde en muchas ocasiones las vecinas y los vecinos tuvieron que retirar la nieve de sus calles. Una subida del recibo de la luz de hasta un 27% se unió a la tormenta, afectando a cientos de familias. La rentabilidad económica de las compañías eléctricas continuó prevaleciendo frente a las necesidades básicas de la clase trabajadora.
En la Cañada Real Galiana sufrieron con mayor intensidad el impacto de la nevada, al pasar aquellos fríos días de enero sin recursos tan básicos para una vida digna como la electricidad y los servicios públicos. Su situación recorrió titulares nacionales e incluso internacionales. A pesar de ello, un año después los sectores 5 y 6 continúan sin luz en una situación que vulnera los derechos humanos ante la inacción del gobierno de la Comunidad de Madrid.
Uno de los pocos avances para tratar de solucionar la situación ha sido la aprobación de un Real Decreto por el que se reguló la concesión directa de unas subvenciones por valor de cinco millones de euros a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Desde la Plataforma Cívica de Apoyo a la Luz en la Cañada Real denuncian que la actitud del gobierno de la Comunidad de Madrid es una grave omisión del deber de socorro, atentando contra los derechos humanos.
Agustín Morán, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), y Pedro Navarrete, ex comisionado especial municipal para la Cañada Real durante el gobierno de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, trabajan en la Plataforma Cívica.
Moreno explica la situación de las familias en el pasado invierno, con la pandemia y la gran nevada: “El corte de luz en este contexto es un golpe muy duro, hay gente que pone un generador, siendo un machaque para los nervios, y gente que pone leña, estufas o gas butano para poder paliar la falta de calor en los hogares”. Nos cuenta que varios informes del Equipo de Intervención con Población Excluida (EIPE) documentan “las consecuencias en la salud de la falta de electricidad, como las intoxicaciones y las hipotermias en los bebés”.
¿Quieren que se vayan?
La Plataforma Cívica abrió las puertas de la Cañada al sector ecologista que trató de comercializar placas solares pero “no tienen capacidad de sustituir el flujo de antes”, por lo que la solución está en hacer que la Comunidad de Madrid negocie con Naturgy y les obligue a dar la luz a la Cañada Real: “Tenemos enemigos muy fuertes y muy poderosos. Naturgy, que es la que tiene la distribución, con el poder detrás de la Consejería de Industria y Energía perteneciente al gobierno de la Comunidad de Madrid del Partido Popular”.
“Ha sido muy duro, ha habido un activismo enorme en medio de esa confusión, de esa oscuridad. Han tenido el vigor de organizarse, sobre todo en torno a una organización de mujeres magrebíes porque son el 75% de la población afectada”, comenta Agustín Moreno.
El ex comisionado por la Cañada Real Pedro Navarrete detalla que “están fatal, hasta el punto de que hubo casos de congelación en algunos menores y mujeres, una situación terrible para cualquier ser humano, las familias están condenadas a pasar frío y a vivir en la oscuridad. Había madres que te contaban cómo dormían con una pila de mantas porque la situación era dramática y lo sigue siendo en la actualidad”. Y añade que “la situación en el sector 6 sigue siendo dantesca, con los generadores están algo mejor pero es muy insuficiente”.
Para la Plataforma Cívica, las administraciones tienen que asegurar los suministros a las familias con unos servicios que les permitan vivir. Navarrete recuerda que durante el mandato de Manuela Carmena se produjo una avería en 2018 de un calado importante. “Estuvo todo el sector 4 sin luz pero trabajamos por solucionarlo, se hizo una cala en la M-203, una zanja, para poder meter un cable nuevo que restableciera la luz. Ahora la Comunidad de Madrid dice que esas soluciones son inviables pero ya se hicieron en su momento sin causar un mayor problema”.
Intentaron desde el gobierno de la Comunidad de Madrid criminalizar a la población del asentamiento, cuando Ignacio Aguado (Ciudadanos) dijo que “en la Cañada Real existen decenas de plantaciones de droga que provocan constantes cortes de luz”. La Plataforma Cívica pide al gobierno de la Comunidad que “no mientan respecto a los problemas de la luz en el sector 6, ya que es difícil que en un año y medio sin luz se sustenten plantaciones de marihuana o que la policía no las haya detectado”.
Para el ex comisionado, son peligrosas las intenciones de Ayuso y de Almeida: “¿No será que están utilizando el tema de la luz para que la población decida que, si mañana le ponen delante un realojo a 80 km de Madrid, se vayan con los ojos cerrados, o incluso se vayan antes porque no pueden seguir viviendo en estas circunstancias?”.
El drama de estas familias no sólo tiene que ver con la luz. Para Agustín Moreno, existe una evidente desigualdad propiciada por la burbuja inmobiliaria y la especulación que apartan a las clases más humildes de la vivienda digna. “La población está organizada en asociaciones de vecinos y sobre todo de mujeres, con tres peticiones: luz ya, contratos para los vecinos y mesa de seguimiento”.
Los realojos son una solución pero la principal emergencia es la electricidad, ya que mientras se busque otro hogar para las miles de familias del asentamiento no pueden seguir viviendo en las terribles condiciones actuales. Según la Plataforma, “el gobierno central tiene que exigir a Naturgy, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento que nos den una solución”.
