Felipe González debería devolver al Estado su mal denominado archivo personal, depositado en la fundación que lleva su nombre, porque procede de “la expoliación y privatización de una parte fundamental de nuestro patrimonio histórico”.
Es la conclusión de las investigaciones realizadas por Sergio Gálvez Biesca (*), doctor en Historia Contemporánea, autor del artículo El archivo de la Fundación Felipe González: la privatización del Patrimonio Documental, publicado por la revista Nuestra Historia, de la Fundación de Investigaciones Marxistas.
“Una empresa privada, financiada por la Fundación Telefónica -advierte Gálvez-, está gestionando una parte significativa y sensible del patrimonio documental con material clasificado y datos de especial protección”. Y añade que “se ha privatizado como un archivo personal la documentación que Felipe González generó como servidor público”.
Según el historiador, “ese fondo documental salió de forma no legal de la Moncloa” en violación de la Ley del Patrimonio Histórico Español que el propio González firmó en 1985 y que establece la obligación de los presidentes de entregar a su sucesor la documentación generada por su función pública o enviarla al correspondiente archivo oficial.
En junio de 2018, la diputada de Unidos Podemos Eva García Sempere dirigió la siguiente pregunta al gobierno presidido por Pedro Sánchez: “¿Considera el gobierno que es correcto que la documentación generada por un presidente en el ejercicio de su función sea custodiada y gestionada por una entidad privada?”. La respuesta del gobierno fue que “en nuestro país no existe una normativa específica que regule los fondos documentales de los ex presidentes”.
La asociación Archiveros Españoles en la Función Pública considera que “es una irregularidad que la Fundación Felipe González conserve documentos generados por el ex presidente cuando ejercía una actividad pública”. Gálvez denuncia que “quienes tienen la responsabilidad política y la autoridad legal no actúan ante un caso de manifiesta irregularidad e ilegalidad”. Y reclama, en defensa de lo público, “una Ley General de Archivos y políticas democráticas para la gestión documental, la transparencia y el acceso a la información”.
(*) Sergio Gálvez Biesca es doctor en Historia Contemporánea e investigador del Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional. Autor del libro
