Izquierda Unida exige al Ministerio de Justicia que dé una respuesta inmediata sobre el indulto a ‘Las seis de La Suiza’, después de que las seis sindicalistas hayan ingresado en prisión. La formación recuerda que registró en el Congreso el pasado 3 de junio una iniciativa parlamentaria para saber si el Gobierno pensaba tramitar “de forma urgente y prioritaria” una medida de gracia que, en sus propias palabras, es “urgente e indispensable para el mantenimiento de la democracia”.
Las seis personas condenadas —cinco mujeres y un hombre— fueron detenidas e ingresadas en prisión este jueves, un día después de que el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón ordenara su encarcelamiento tras desestimar las solicitudes de suspensión presentadas tanto por las defensas como por la Fiscalía. La condena impuesta es de tres años y medio de prisión, además de una indemnización conjunta de 150.000 euros, ya abonada, por las protestas realizadas frente a la pastelería La Suiza.
IU subraya que el Ministerio que dirige Félix Bolaños, también responsable de Presidencia y Relaciones con las Cortes, aún no ha dado respuesta a su iniciativa, firmada por todos los diputados de la formación: Enrique Santiago, Fèlix Alonso, Toni Valero, Engracia Rivera, Francisco Sierra y Nahuel González. El texto pregunta al Gobierno “qué plazos” maneja para resolver un indulto solicitado por “numerosas personas y organizaciones sindicales”, y recuerda que la propia “Fiscalía había pedido que no ingresen en prisión”.
Las protestas por las que han sido condenadas se realizaron de forma pacífica, con autorización administrativa y sin intervención policial. Las movilizaciones denunciaban el despido de una trabajadora que acusó al propietario del establecimiento de acoso laboral y sexual, y reclamaban una indemnización para ella y la retirada de una denuncia contra su pareja, a lo que el empresario se negó.
IU insiste en que el Ejecutivo debe aclarar también “qué va a hacer para proteger el ejercicio de la libertad sindical y el derecho a huelga evitando otros casos de condenas como este”. La formación advierte de que sentencias como la dictada en este caso “debilita el ejercicio de la libertad sindical y el derecho a huelga, y puede reducir la voluntad de las trabajadoras y trabajadores de ejercer dichos derechos, suponiendo un claro retroceso social”.
En el escrito registrado en el Congreso se destaca además que la condena “se sustenta en la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que lo denunciaban por acoso laboral y sexual”.
IU se hace eco también del pronunciamiento de la Plataforma de la Abogacía en Defensa de la Acción Sindical, que advierte de que este caso, con sentencias confirmadas hasta el Tribunal Supremo, “crea un precedente jurídico muy nocivo sobre los derechos fundamentales de libertad sindical, libertad de expresión y derecho de manifestación”. Además, recuerdan que el auto del juez Lino Rubio Mayo “implica una exhibición de ‘orgullo’ por este retroceso, en lo que jurídicamente consideramos un verdadero atropello a la acción sindical”.
