El exministro de Hacienda del Partido Popular, Cristóbal Montoro, ha sido imputado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona por presunta prevaricación y tráfico de influencias durante su etapa al frente del Ministerio. El juez Rubén Rus investiga si Montoro aprovechó su cargo público para beneficiar a empresas gasísticas a través de decisiones legislativas diseñadas a medida, en beneficio del despacho Equipo Económico (EE), que él mismo fundó.
El caso, que permanecía bajo secreto de sumario desde hace siete años, gira en torno a ese bufete privado, creado por el propio Montoro antes de su retorno a la primera línea política. Según el auto judicial, el exministro fue “socio fundador, presidente y consejero” de Equipo Económico hasta abril de 2008. A partir de entonces, ocupó la cartera de Hacienda en los gobiernos de Mariano Rajoy, entre 2011 y 2018, durante los cuales se aprobaron diversas normas que, según el juez, habrían favorecido directamente a los clientes del bufete.
El juez sostiene que Montoro habría utilizado “las más altas funciones y competencias decisivas” del Ministerio para promover reformas legales que aseguraran beneficios al despacho EE. “Presuntamente hace uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio, lo que aseguraría una ganancia al despacho”, afirma el auto, citado por La Vanguardia y al que también ha tenido acceso elDiario.es.
El documento judicial apunta a una operativa según la cual el bufete ofrecía a empresas de distintos sectores —principalmente gasístico— reformas legales favorables a cambio de una contraprestación económica, en detrimento del interés público. Además, se señala que Montoro habría nombrado en cargos clave del Ministerio a personas vinculadas a su antiguo despacho, facilitando así que los textos legislativos fueran “redactados a demanda de las mercantiles investigadas”.
Junto a Montoro han sido imputados otros nueve altos cargos de su equipo en Hacienda, entre ellos su secretario de Estado, Miguel Ferré Navarrete; los subsecretarios Pilar Platero y Felipe Martínez Rico; el exdirector de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez; y varios directores generales y asesores. También figuran en la causa una veintena de representantes de las empresas presuntamente beneficiadas.
La investigación, aún en fase preliminar, podría tener un profundo impacto político y judicial, ya que afecta a decisiones estratégicas tomadas desde uno de los ministerios clave del Ejecutivo y apunta a un posible uso indebido del poder público para favorecer intereses privados conectados con el entorno del exministro.
