Si en algo el Partido Popular se ha convertido estos meses de asueto es en un partido absolutamente capaz de retorcer y ocultar hasta el paroxismo las tremendas fracturas en su gestión institucional. Han descubierto, o más bien han redefinido la estrategia al calor de la campaña del “quien pueda hacer que haga” contra el gobierno, que la ineficacia, la negligencia o la dejadez en sus políticas públicas se pueden intentar ocultar en la culpabilización al gobierno de hechos que derivan de competencias propias.
Es tal el nivel de delirio, que el secretario general del PP, Alberto Núñez Feijoó, inició el pasado lunes 25 de agosto el curso político, aún con numerosos incendios activos en Galicia, con una rueda de prensa para decir que “ha sido un problema de prevención y planificación, después de las lluvias de primavera y las temperaturas, era evidente que estábamos ante un riesgo añadido”. Es decir, citando competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Galicia, pero apuntando directamente al gobierno central sin despeinarse.
La mentira, la manipulación y la deslealtad institucional se han convertido en el buque insignia de un partido que alguna vez quiso ser partido de Estado y que incluso bebió de las fuentes ideológicas de la democracia cristiana más o menos civilizada. Y buen ejemplo de ello es el manejo de tiempos y discurso sobre las competencias de las administraciones públicas.
Vox, condiciona presupuestos, leyes o lo que se tercie, a que ningún menor sea trasladado a su comunidad autónoma. El PP lo asume para que no le tumbe la gobernabilidad en algún territorio
En este nuevo marco discursivo del PP, de las competencias se hace patria cuando otra administración actúa para evitar la mala gestión como es el caso de los sistemas de protección de menores y la situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias, Ceuta y Melilla. Con la decisión del gobierno de aprobar un Real Decreto Ley para dimensionar las capacidades de acogimiento de los sistemas para evitar la saturación de los sistemas de protección a donde llegan los menores, las comunidades del PP han corrido a presentar todo tipo de contenciosos en instancias judiciales. Han argumentando una “invasión de competencias del Estado” en una mezcla de pánico porque por primera vez en democracia se empiece a hablar de las profundas desigualdades y infrafinanciación de los sistemas de protección y porque su socio de Vox, que condiciona todo (presupuestos, leyes o lo que se tercie) a que ningún menor sea trasladado a su Comunidad Autónoma le tumbe la gobernabilidad autonómica en algún territorio.
Pero análogamente, de las competencias se hace menoscabo o renuncia cuando saltan las costuras de la gestión forestal, de la precarización, externalización o inejecución presupuestaria en todo lo que circunda a la proliferación de incendios forestales que hemos vivido comunidades como Galicia. Ocultando la ley, el estatuto de autonomía e incluso la cordura, llevan todo el mes de agosto hablando de competencias que son profundamente propias, como si fuese el gobierno central el que dispusiese del marco jurídico, el presupuesto o la ley para ordenar el monte, contratar bomberos forestales, decidir los planes de emergencia o licitar las partidas relacionadas con todo ello.
¿Qué es lo que subyace tanto en un argumento para arrogarse competencias como en soltarlas alegremente? Pues básicamente en lo bien que le ha funcionado hasta que media provincia de Ourense ha quedado calcinada, en identificar al gobierno del Estado en el chivo expiatorio de todo. Ha funcionado porque existe una UTE permanente de periodistas, canales de información de redes, cuentas y uso demencial de medios públicos como la RTVGA, para focalizar en la gestión de gobierno cualquier ineficacia o incapacidad de gestión propia.
Pero la realidad a veces se muestra con toda su crudeza. Nadie se cree, a estas alturas, que el Partido Popular esté en guerra contra el Real Decreto Ley para el traslado de 4.400 menores a diferentes sistemas de protección de las comunidades autónomas desde Canarias y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla por una enconada defensa de “las competencias en materia de protección de menores en situación de desamparo” que le otorgan los estatutos de autonomía. Hasta el más despistado sabe que opera el cambio de tercio hacia el sendero ultraderechista de criminalización de la infancia migrante, de la dependencia de Vox en muchas comunidades autónomas y, sobre todo, al miedo a que sistemas donde operan empresas y fundaciones que no actúan en interés superior del menor, sean denunciados y desvelados por el Ministerio de Juventud e Infancia y el Gobierno de España. Y si alguien se lo cree, será por el efecto narcotizante de portar un carnet o un interés personal vinculado a las siglas del Partido Popular.
Y es que nadie se cree ya, menos en las comarcas calcinadas este mes de agosto, que la prevención, planificación o contratación de efectivos fuese algo que no tocase competencialmente a los gobiernos autonómicos. Los sainetes desesperados de presidentes autonómicos, de consejeros de medio rural o de responsables de emergencias autonómicos para colocar el foco en Moncloa han sido contestados por la ciudadanía en las calles, por un número considerable de periodistas que dignifican la profesión frente a la contaminación del propagandista afecto que impera por doquier en tertulias y artículos, y sobre todo por una ciudadanía que ya no traga el marco de “las competencias de quita y pon” del Partido Popular.
Iniciamos el curso político con una agenda política esencial para marcar el devenir del país. Urge colocar el foco en la verdad y la veracidad; convertir a los menores migrantes no acompañados en sujetos de derechos y no en “números que saturan según las comunidades autónomas sus sistemas de protección” porque será visualizar derechos humanos frente a la gestión privatizadora, asistencialista y profundamente racista del PP. Y urge hacerlo también en otras competencias como las de gestión forestal, porque será quitar el foco de donde el PP lo quiere: Pedro Sánchez, y colocarlo donde no quieren luz: privatización y precarización de los parques de bomberos forestales, intereses especulativos como el proyecto de Altri en Galicia, que depende profundamente de la eucapiltización de nuestro monte, o de la incapacidad de aprobar un plan forestal serio y riguroso.
Cambiar el foco en un contexto de competencias de quita y pon. Tarea difícil pero urgente.
