El PE debatió el 23 de mayo, en su Comisión de peticiones, la denuncia presentada en su día a la Comisión Europea por el grupo municipal de IU de Madrid contra las obras de soterramiento de la autopista de circunvalación M-30. La portavoz municipal de la coalición en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, asistió a la reunión e intervino para argumentar las objeciones a este proyecto. Entre otros argumentos, denunció al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid por haber fraccionado la obra en doce tramos y alterado los planteamientos urbanísticos para evitar la obligación de presentar una declaración previa de impacto ambiental. Entre otras consecuencias de las obras, Inés Sabanés afirmó que se cortarían 12.000 árboles, quedaría afectado el río Manzanares y se meterían 250.000 coches más en la ciudad. Esta obra faraónica emprendida por el Alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, endeudaría al Ayuntamiento por 35 años.
Inés Sabanés informó que esta iniciativa forma parte de una batería de medidas que se remontan al 3 de junio de 2004, cuando se presentó recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el acuerdo de la Junta de Gobierno que daba vía libre a la reforma. Con posterioridad se elevó al PE otra denuncia en la que se exigía declaración de impacto ambiental para todos los tramos de la obra, según se recoge en las directivas europeas.
Miles de vecinos de los barrios de Vallecas, Villaverde y Arganzuela han iniciado una intensa movilización contra estas obras, que ya han generado daños a decenas de viviendas.
El ocaso del modelo rojiverde de Alemania
Los Verdes alemanes perdieron en las elecciones del 22 de mayo el único Estado donde gobernaban en coalición con los socialdemócratas del SPD: Renania del Norte. El electorado ha castigado a una coalición que no funciona.
La apuesta de los Verdes por las energías renovables quedó paralizada por la necesidad de los socialdemócratas de mantener el empleo en la minería, donde aún trabajan 130.000 personas, en una zona muy afectada por la reconversión industrial. El SPD prometió que si ganaba mantendría las ayudas a la producción de carbón.
Los conservadores de la CDU, que resultaron vencedores, defienden, en cambio, la eliminación total de estas subvenciones a una industria contaminante como es el carbón.
El elemento decisivo de la derrota de Gerhard Schroeder y Joshka Fischer fue la política de regresión social y recorte de las pensiones. Castigados por el paro y las reformas laborales, los alemanes no ven una recuperación económica, con un crecimiento de apenas 0,7% y un déficit público que supera el 3%.
El resultado es tanto más grave para la coalición rojiverde que Renania del Norte, donde el SPD gobernaba sin interrupción desde hace cuarenta años, es el Estado más industrializado, que aporta el 20% del PIB alemán y 18 millones de habitantes.
El punto sobre la Constitución Europea
Italia, Bélgica, Chipre, Grecia, Alemania, Eslovaquia, Austria, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovenia han aprobado el Tratado por vía parlamentaria, así como España, tras el referéndum del 20 de febrero.
Tras el referéndum del 29 de mayo en Francia, y el del 1 de junio en Holanda, Luxemburgo votará en referéndum el 10 de julio, Dinamarca el 27 de septiembre y Portugal el 2 o el 9 de octubre. Malta someterá el texto al Parlamento en julio, Suecia y Finlandia a finales de año.
Los Comunes del Reino Unido aprobaron el 9 de febrero el Tratado, que será sometido a referéndum en 2006. También convocarán referéndum Polonia, República Checa e Irlanda, en 2006.
Los fondos europeos, en peligro
La negociación de las perspectivas financieras de la Unión Europea para el período 2007-2013 se ha abierto en Bruselas con fuertes discrepancias. Francia exige la supresión del «cheque británico» de compensación, que obtuvo Margaret Thatcher en 1984 y al que se aferra el Reino Unido. La Comisión Europea insiste en mantener el Fondo de Cohesión de 336.100 millones de euros para reducir las disparidades agravadas por la reciente ampliación a 25 Estados miembros, pero seis de los países contribuyentes reclaman su reducción: Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Suecia y Holanda.
España, que percibió de este Fondo más de 11.000 millones de euros entre 2000 y 2006, sólo podrá beneficiarse de él en 2007 y 2008, si prospera la propuesta de la Presidencia luxemburguesa.
Además, la Comisión respalda la propuesta española para que regiones como Valencia, Castilla y León, Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla sigan percibiendo fondos estructurales decrecientes a partir de 2007, pese a que han superado el umbral 75% de la renta media comunitaria por el efecto estadístico de la ampliación.
También perderían fondos las regiones españolas dentro del Objetivo 2 como Cataluña, Madrid, Cantabria, Aragón, Baleares y, en menor medida las comunidades autónomas de Navarra y La Rioja.
