La legislatura, en términos de proyecto político, ha terminado y, por tanto, es posible caracterizarla. Desde una óptica positiva, es la legislatura del regreso de las tropas de Iraq y de la legalización de los matrimonios gays. Pero en general no es una etapa que pueda aprobarse desde el punto de vista de la izquierda. Aunque es preciso reconocer que la presión,
ultramontana muchas veces, de la derecha, impide situar en primer termino los temas claves de la vida cotidiana de la gente, esto es, de cómo se expresa el capitalismo neoliberal en nuestro país. En todo caso sí es posible decir que no está justificado que IU se pueda mantener como «socio preferente» del PSOE en el gobierno.
El capitalismo en España es el más duro de la Europa de los doce. Esta aseveración, sin lugar a dudas dura, necesita de inmediato una justificación, pero dicha justificación, que creemos posible, es precisamente el sustento de una política diferenciada de la izquierda transformadora en España que, por serlo, no puede dejarse arrastrar a la inexistencia o al seguidísimo en función del vendaval bipartidista que ha generado algún tema, especialmente el del terrorismo. Quiero decir: habida cuenta de que España es un país desarrollado, muy arriba en el listado mundial, hay cifras oficiales o precedentes de estadísticas solventes que corroboran este enfoque: la precariedad laboral (la reforma laboral, incapaz, ha sido votada por el PP), el paro, la siniestralidad laboral (España es de los poquísimos países donde está creciendo), el precio de la vivienda, el porcentaje de gastos sociales, la presión (progresiva) de los impuestos, el ahorro familiar, el porcentaje de gastos militares (y no sociales) , la situación de las mujeres y la juventud en el llamado «mercado» laboral o en la estructura económica en general, etc.…y lo más grave: las tendencias consolidadas en los anteriores gobiernos, en absoluto se ven afectadas a través de un giro social y a la izquierda por parte de la política del actual gobierno, a pesar de los superavits públicos y privados.
Todas estas realidades desagregadas se expresan y obtienen su autentico sentido en el seno del modelo de crecimiento asentado. Y aquí una pregunta: ¿Por qué el PP no hace oposición en la política económica y laboral? Se trata de un modelo de crecimiento que ha encontrado en el «ladrillo» un motor del que no se piensa prescindir, aunque se intenten corregir ciertos detalles demasiado llamativos, como la corrupción. Por tanto, en este negocio, de tintes corruptos y especulativos, que no solo afecta al precio inalcanzable de la vivienda, es una parte estructural de la actual política económica. Sus factores internos, que han pasado de ser daños colaterales a elementos causales, son la precariedad (33%), la siniestralidad laboral y la explotación de una franja muy importante de los inmigrantes. Eso ha hecho (en cifras aportadas por la FIM) que en el último decenio de los pisos han subido el 180% y los salarios el 30%.
Esa es la realidad oculta. La distancia entre las magnitudes macroeconómicas del modelo social-liberal y la vida diaria de la gente es un escándalo de gran dimensión. El crecimiento económico tiene su factor más dinámico en la política especulativa del ladrillo; y los superávit en todos los niveles no se traducen en gastos sociales o en mejoras laborales; más todavía: los índices espeluznantes de precariedad laboral, accidentalidad y explotación de una franja no menor de la inmigración, se han convertido en factores estructurales del actual modelo de crecimiento, como he dicho anteriormente. En este marco general LA LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA presentada por el Gobierno resume una posición global que nos lleva, al menos a mí, a la consideración de que ha fracasado el proyecto de Zapatero. Es verdad que la presión del PP, que no logra superar la pérdida del poder, ha sido muy importante, y por eso la gente de izquierdas hemos colaborado en que no aumentarán los índices de inestabilidad; pero también es verdad que en temas fundamentales se ha cedido excesivamente a los valores de la derecha, como en el tema crucial de la memoria, de cara a darle impulso a la actual democracia y restañar ciertos aspectos de la parte más inmodélica de la Transición.
Mientras la democracia española no conecte el hilo de su lógica diaria con la legitimidad de la II República, y no con la dictadura franquista, la democracia será entendida por gran parte de la derecha (no sólo la derecha política) y de la denominada «mayoría silenciosa» como una democracia otorgada, como una especie de modernización de la dictadura a través de la que en su tiempo se denominó «Ley de la Reforma Política»; el punto de llegada de la Constitución tendría en esta ley su fuente y no en la lucha de miles de republicanos y anti-franquistas. Es decir, la Transición, que es cierto que se negoció con una pistola encima de la mesa, si no se abre ahora (2ª Transición?) a la posibilidad de un nuevo pacto de Estado, se convertirá de nuevo en la sepultura (por olvido y por la declaración de impunidad de los cuarenta años de dictadura) de todos los que defendieron la libertad y crearon con su lucha la posibilidad de un régimen democrático. En realidad sería un segundo y definitivo entierro.
El primero aún no se ha superado: más de 30.000 de estos luchadores aún yacen en olivares y cunetas, mientas que el dictador reposa en tumba de lujo ante un altar mayor. ¿Concibe alguien que Hitler siguiera connotando simbólicamente a través de su tumba la actual democracia alemana?
La recuperación de la memoria histórica exige una nueva etapa política, implícita en el proyecto inicial de Zapatero, que al final ha cedido a las presiones de esa derecha que basa su sentido original en la época franquista.
Basta para comprobar esto una simple lectura del proyecto, denominado kafkianamente como «Proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura».
El objetivo del citado proyecto, enmarcado en el denominado «Espíritu de la Transición», se dirige a proteger el derecho a la memoria personal y familiar. En este sentido, se reconoce el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal de las víctimas a través de las instituciones públicas, y sólo durante el año siguiente a la entrada en vigor de la ley; esto es, una especie de diploma de ámbito personal y familiar, donde se declararía, sin anularlas, que las sentencias han sido injustas, En el resto de los temas (exhumaciones, Valle de los Caídos, denominaciones y símbolos franquistas en espacios públicos, etc.) la ley es también absolutamente insuficiente, decepcionante.
Como decepcionante es la traducción que se hace del denominando «Espíritu de la Transición». Por ejemplo, se utilizan eufemismos en la mayoría de las referencias que se hacen a la dictadura; en ningún caso aparece el término república ni mención alguna del régimen y la etapa republicana; y más grave aún: se habla de dos bandos y una supuesta equidistancia de las víctimas y consecuencias. Y todavía más, yendo al fondo de la cuestión: en absoluto se plantea la nulidad de todos los juicios franquistas por razones sociales, ideológicas o políticas. Lo que quiere decir que el pronunciamiento de las sentencias se proyecta en el presente con plena vigencia. Y esto junto a la falta de voluntad política, evidencia la inutilidad del ordenamiento constitucional para condenar, en este orden de cosas, la impunidad histórica y jurídica del régimen franquista; un régimen ilegal e ilegítimo tal como ha reconocido desde 1946 la Asamblea General de las Naciones Unidas, frente al silencio «transicional» -recuérdese lo del espíritu: Un fantasma recorre la democracia española- de los Gobiernos españoles y del propio Congreso de los Diputados. Lo que quiere decir que una parte sustancial de la memoria democrática actual sigue uniendo su hilo conductor no a la legalidad inaugurada en 1931 sino a la «legalidad» que se instauró con el golpe fascista de julio de 1936. Con lo cual los derechos humanos de los sentenciados siguen siendo negados y estos/as luchadores/as siguen definidos en la inmensa mayoría de los casos como bandidos, delincuentes y sediciosos que auxiliaron la rebelión contra la España eterna recuperada por el Generalísimo.
Todo queda reducido en el proyecto de ley, como ya se ha dicho, al más estricto ámbito de la memoria particular y familiar. Es decir, no es posible condenar objetivamente la dictadura desde la memoria de los luchadores republicanos y antifranquistas; y, en el mismo sentido, se niega la posibilidad institucional de una memoria real del fascismo en España. De nuevo se ofrece el pacto del respeto equivalente de los dos bandos, como si hubiesen existido dos legitimidades, incluso dos legalidades o que, en todo caso, por el bien de todos, es mejor olvidar de nuevo y definitivamente, a través de la media verónica de un texto que se pretende que, en una versión cómica de la Transición (las segundas partes, dijo Marx, pasan del dramatismo a la comedia), sea aceptado por todos por mor de esa reconciliación que consiste en mirar hacia otro lado y desconectar una parte del cerebro.
El cartero siempre llama dos veces, habría que responderle a Marx, y es clave saber abrirle la puerta, convirtiendo la segunda vez en una ocasión definitiva. Se trata de cumplir con la justicia y liberar a la democracia española del peso muerto del franquismo. Si el Gobierno no puede estar a la altura de las circunstancias, sería preferible que retirase el proyecto. No es resistible un nuevo engaño, una nueva oportunidad pérdida, máxime cuando la propia calidad de la democracia española está en juego.
