M.O.: ¿Qué está pasando para que en 2008 abortar continúe siendo un riesgo para las mujeres y los sanitarios?
M.C.: Está pasando que vivimos en un estado confesional pero la separación entre Iglesia y Estado en la práctica no es tal. La jerarquía católica está muy nerviosa: los seminarios están vacíos, no tienen vocación, las iglesias no se llenan a pesar de los inmigrantes… Y además les han tocado los bolsillos, poquito pero lo suficiente para que hayan soltado a los cachorros para intentar influir en los resultados del 9 de marzo utilizando sin ningún pudor y sin ninguna piedad al colectivo de las mujeres españolas, es decir, poniendo en solfa nuestros derechos, criminalizando el derecho al aborto y utilizando como coartada a los sanitarios. Es una estrategia perfectamente estudiada, coordinada y presupuestada que tiene el objetivo fundamental de recordarnos que las mujeres en el siglo XXI nos estamos saliendo del tiesto y que nuestro papel es el de la pata quebrada y en casa. Es el modelo de familia que vendieron en el mitin que dieron los obispos en Colón. Y no se enteran los obispos que estamos en el siglo XXI y que las mujeres no vamos a retroceder.

M.O.: ¿Quien es el responsable de que las mujeres que han abortado sean llamadas a declarar? ¿La Iglesia y las asociaciones Provida o la ley que se lo permite y no protege a las mujeres?.
M.C.: Hay que empezar preguntándose ¿quiénes están persiguiendo a las mujeres y a los sanitarios y por qué? Forma parte de la estrategia. Por una parte los obispos y los grupos mal llamados Provida. Y por otra parte está la Comunidad Autónoma de Madrid que por segunda vez nos sorprende con actitudes que yo llamaría inquisitoriales, primero contra el Hospital Severo Ochoa de Leganés en un intento de no permitir que los avances de la ciencia se pongan al servicio de los seres humanos y que la gente pueda morir sin dolor, en cuidados paliativos, y por otra con en el tema del aborto intentando desacreditar a las víctimas y angustiar lo suficientemente a las mujeres y a los sanitarios para que dejen de ejercer este derecho democrático. Y, por último, hay un máximo responsable que se llama gobierno socialista que prometía una ley de plazos en su programa electoral, que aunque no sea la panacea es lo que más se acerca a devolver la dignidad al colectivo de las mujeres y permitirles decidir sin tutelas, pero no la ha puesto en marcha. Y es esta cobardía política del PSOE y de Zapatero la que permite que por las rendijas de un marco legislativo obsoleto que lleva en vigor 23 años se cuelen los enemigos históricos de las mujeres, que son los mismos que en la década de los setenta se oponían a la educación sexual y que dicen no al condón.

M.O.: Una de las dos reivindicaciones fundamentales es la despenalización de aborto. ¿Cómo debería quedar el Código Penal?
M.C.: Ahora mismo hay una ley de supuestos pero el aborto sigue como un delito. Sólo está despenalizado en tres supuestos. Entendemos que el aborto es un derecho democrático de las mujeres y no un delito, y por lo tanto lo primero es que el aborto salga del Código Penal. Hasta Portugal tiene leyes más progresistas que nosotros. El único delito que debería quedar es el de aquellos abortos que se realicen contra la voluntad de la mujer y los practicados por no profesionales que pueden poner en peligro la vida de las mujeres.

M.O.: ¿En que consiste la ley de plazos?
M.C.: En una ley que permita a la mujer decidir acerca de su maternidad sin tutelas y sin tener que explicarle a medio país, a los médicos, a los jueces, a su entorno, etc. lo que va a hacer, porque somos responsables y dueñas de nuestra propia vida.
Izquierda Unida plantea una ley de plazos hasta las 14 semanas de embarazos. Otros países europeos lo ponen a las 12. El resultado será lo que acuerde el Parlamento español que es a quien corresponde legislar. Sin derechos de las mujeres no hay democracia.

M.O.: Las reivindicaciones han quedado claras, pero ¿cómo se plantea la realidad con un PSOE que no se compromete en la despenalización del aborto y un PP que quiere defender los valores tradicionales de la familia con un Ministerio de la Familia?
M.C.: La realidad depende mucho de los resultados electorales del 9 de marzo. Si el PSOE gana las elecciones de nuevo, lo hace sin mayoría absoluta e IU logra un grupo parlamentario fuerte, tendríamos una posibilidad real de conseguir una ley de plazos. Pero si el PSOE no necesita los votos de IU y recurre al nacionalismo catalán o vasco, los derechos de las mujeres continuarán en la cola interminable de la historia.
M.O.: ¿Cómo es posible que entre el 95 y el 98% de las interrupciones voluntarias del aborto que se llevan a cabo en España se realicen en clínicas privadas?
M.C.: Porque aquí nunca ha habido voluntad política de resolver el problema del aborto a través de la red sanitaria pública. Se legisla en 1985, pero ya en el 86, viendo que en la pública no se realizan abortos, se saca un Real Decreto de Acreditación de Clínicas Privadas que deja ya bien claro cual es la intención socialista de Felipe González en aquel momento. A lo largo de 22 años, feministas, los propios sanitarios que se han puesto al servicio de las mujeres, Izquierda Unida, y algunos otros partidos minoritarios hemos ido defendiendo que la Sanidad Pública es la garantía del ejercicio del derecho, es decir que el aborto tiene que estar normalizado dentro del catálogo de prestaciones públicas de la sanidad española. Pero no lo hemos conseguido por falta de voluntad política del PP y del PSOE. Es paradójico y produce rubor porque en un estado de derecho la medicina privada ha de ser subsidiaria de la pública y no al revés.

M.O.: ¿Cómo podrían solucionarse casos como el de Navarra donde los médicos se niegan a practicar la interrupción voluntaria del embarazo y se amparan en la ley de conciencia?
M.C.: Eso es facilísimo. Cuando el aborto es una prestación normalizada en la red sanitaria pública dentro de los tres supuestos despenalizadores actuales, la sanidad pública está obligada a tener en cada servicio materno-infantil a médicos no objetores de conciencia dispuestos a realizar abortos para garantizar esa prestación normalizada dentro de la red sanitaria pública. Eso sería lo normal, pero de nuevo no ocurre porque falta es voluntad política. En Navarra puede haber muchos objetores, pero hay mucha gente en España que está dispuesta a ponerse al servicio de los derechos de la mujer y del servicio de la Sanidad Pública. Lo que hicieron en Navarra fue un proceso inquisitorial a la ginecóloga Elisa Sesma. Por mucha influencia que tenga del OPUS, tienen que cumplir las leyes como todo el mundo.

M.O.: ¿Cómo valoras el éxito de la movilización social de apoyo y la campaña de autoinculpaciones llevadas a cabo en toda España?
M.C.: Parece que estamos en el año 86 cuando también desfilaron por los juzgados de la Plaza de Castilla más de 500 mujeres, y donde también hubo un juez que instruyó un sumario, nos detuvo, metió en la cárcel a sanitarios, nos tuvieron dos años sin pasaporte y fichando en los juzgados semanalmente para acabar archivando la causa. Y es un poco lo mismo que ha pasado ahora con el Severo Ochoa. Pero el daño que se hace es irreparable. Alguien tiene que reflexionar sobre lo que está pasando a las mujeres llamándolas asesinas en programas de la televisión pública, enseñando fetos y diciendo que se los cargan. Espero que dejen de jugar con las mujeres en clave electoral desde el PSOE, desde la Conferencia Episcopal…
Estamos siendo perseguidos por la comunidad autónoma de Madrid y yo por derivación responsabilizo a Esperanza Aguirre. Y esto seguirá existiendo mientras no haya un gobierno de izquierdas que se plantee la división entre la Iglesia y el Estado, el laicismo como valor fundamental del estado de derecho y que gobierne para los ciudadanos sin presiones del poder fáctico de la Iglesia. El fundamentalismo católico es igual de nocivo que el fundamentalismo de otro tipo. Y los obispos, si quieren hacer política que se presenten a las elecciones.

M.O.: ¿Cómo está trabando Izquierda Unida la defensa del derecho al aborto libre y gratuito de las mujeres?
M.C.: Somos los primeros que como Partido Comunista de España, y luego también como Izquierda Unida, hemos llevado al Parlamento los derechos de las mujeres. Seguimos siendo los que en ningún momento hemos dejado de enarbolarlos en el Parlamento y en las diversas instituciones del Estado.