Los impulsores de la Europa neoliberal han dado un paso más al aprobar el pasado 10 de junio una revisión de la Directiva de ordenación del tiempo de trabajo que pretende ampliar la jornada laboral hasta 60, 65, o 78 horas. Esta medida es la última de una serie de decisiones e iniciativas que atacan el Estado Social y de Derecho desarrollado en Europa. En esta primera década del siglo XXI Europa sufre ya la aplicación de una política comunitaria de privatización de servicios y desmantelamiento del sector público: transportes, servicios postales, portuarios, ferroviarios, etc.

La Directiva de ordenación del tiempo de trabajo, liderada por el tandem Inglaterra – Alemania, lleva en la agenda europea más de 4 años, pero se encontraba con la frontal oposición de Chipre, Grecia, España, Francia e Italia. Este debate se había cerrado en 2004, tras un informe desfavorable del CES. El Consejo Económico y Social consideró que el método de consulta era inadecuado, porque la Comisión no había escuchado a los agentes sociales; y porque ésta es una materia regulada por el derecho interno de los países y los convenios colectivos. Además, consideró que esta propuesta era contraria a las medidas impulsadas por los Estados miembros y la UE para garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral.

Cuatro años más tarde, auspiciados por una nueva coyuntura política europea, preocupantemente escorada a la derecha tras las victorias de Berlusconi y Sarkozy, Europa hace gala de una gravísima irresponsabilidad al poner este debate nuevamente sobre la mesa. Grecia, Chipre, Bélgica, Hungría y España se oponen a la modificación de la Directiva de ordenación del tiempo de trabajo. Si bien, la postura del ministro español de trabajo, Corbacho, ha sido muestra de una gran cobardía, ya que sólo se ha abstenido en esta votación.

La propuesta ha salido adelante, ahora, porque varios de los países impulsores necesitaban urgentemente aprobar una norma que avale el incumplimiento que en muchos países se está dando ya, particularmente en sectores como la sanidad y el transporte. El informe presentado por la Organización Internacional del Trabajo en 2004 observaba ya a un incremento general en el número de personas que trabaja más de 48 horas semanales, así como del trabajo a tiempo parcial, las horas extras, etc. La agencia especializada de ONU asegura que existe un fenómeno de diversificación, descentralización e individualización de la jornada laboral, cuya prolongación desmesurada afecta directamente a la salud, la seguridad y al rendimiento de los trabajadores. El gran desarrollo alcanzado por la ciencia y la tecnología que, supuestamente debería liberar a los seres humanos y garantizarles un desarrollo pleno y equilibrado, se contradice con la realidad. En la actualidad se trabaja más y durante más horas, la precarización del trabajo y los salarios obliga a muchas personas a recurrir al pluriempleo para poder llegar a fin de mes, etc. La OIT insiste en la necesidad de un trabajo decente y digno para todos e insiste en la incorporación de un análisis ético, porque este problema no puede resolverse por la libre acción del mercado, ni desde una posición puramente económica.

La propuesta de la Comisión, que aún ha de verse en segunda vuelta en el Parlamento europeo, supone una gran involución. A principio del siglo XX, tras años de lucha obrera, la OIT fijó los principios básicos para el establecimiento de la jornada laboral. Los derechos de los trabajadores, el derecho a un empleo digno, salarios justos y jornadas laborales reguladas son pilares básicos del Estado Social y de Derecho, que hoy se ve cuestionado. Esta propuesta:

1.- Introduce la llamada cláusula opt-out (propuesta de Inglaterra): Se trata de un acuerdo privado por el cual empresario y trabajador pueden firmar un incremento de la jornada laboral. Extrañamente esta cláusula podría aplicarse una semana después de haberse firmado el contrato laboral. Esta medida profundiza en la precarización del empleo y asienta la individualización de las relaciones laborales, al permitir que el empresario imponga a cada trabajador de forma individual su tiempo de trabajo, mediante la aplicación de las cláusulas opt-out. La aprobación de esta Directiva abriría la puerta al «dumping social», sentando un peligroso precedente que puede extenderse a los salarios y a las condiciones de seguridad e higiene laboral.

2.- Incremento de la jornadalaboral a 60 horas y 65 ó 78 horas semanales para los colectivos on-call (servicios médicos y de emergencia, etc. Este concepto no está definido a nivel europeo, por lo que cada país cuenta o no en este momento con una enumeración o definición de los sectores on-call): Actualmente está en vigor la Directiva 104/93/CE de ordenación del tiempo de trabajo, que establece el máximo de 48 horas semanales en todos los países miembros de la UE. Muchos países como España y Francia, han transpuesto esta directiva fijando máximos inferiores: 40 y 35 horas semanales respectivamente.
La propuesta de la Comisión pretende:

* Mantener la jornada de 48 semanales, pero modificando el periodo de referencia para su cómputo. La propuesta de la Comisión retira las salvaguardas que existían y fija un período de cómputo de 12 meses. De esta forma, la jornada no sería de 48 semanales, sino que esto sería la media anual por semanas, permitiendo a las empresas imponer jornadas mucho más amplias a los trabajadores, turnos irregulares, etc. Cuanto mayor es el período, mayor es el riesgo de que los trabajadores se vean sometidos a jornadas laborales abusivas.

* El incremento de la jornada laboral mediante cláusulas opt-out permitiría alcanzar las 60 horas semanales, para cualquier sector laboral, y prevé para los colectivos on-call (servicios médicos y de urgencias, etc) la posibilidad de ampliar su jornada laboral hasta las 65 horas, mediante acuerdo privado; e incluso hasta 78 horas semanales cuando así lo recoja un convenio colectivo. Esta fórmula busca legitimar y ocultar un incremento efectivo de la jornada laboral de hasta las 78 horas semanales, prácticamente el doble de lo actualmente permitido, dinamitando con ello el Estado Social y de Derecho.

3.- Redefinición del concepto de «tiempo de trabajo»: la Directiva actual considera tiempo de trabajo » todo periodo durante el cual el trabajador pertenezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales». La Directiva pretende no considerar «tiempo de trabajo» los períodos que aún permaneciendo en el lugar de trabajo o estando requeridos no se esté realizando un trabajo efectivo: hablamos por ejemplo de las guardias médicas. Esta medida afecta a múltiples elementos de la relación laboral como la protección social: ya que cualquier accidente durante estos períodos no estarían protegidos como accidente laboral.

Ante esta nueva agresión a los principios más básicos del Estado social es el momento de la movilización y la contestación. Izquierda Unida, y el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea iniciarán cuantas medidas sean necesarias, junto con los sindicatos europeos para combatir este grave ataque a los derechos de la clase trabajadora, conseguidos gracias a las luchas del movimiento obrero, y que representan un pilar esencial del Estado Social y de Derecho.