El plan de ampliación de aeropuertos impulsado por AENA ha reabierto el debate sobre los límites del crecimiento del turismo y su impacto ambiental en España. La propuesta, recogida en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031, contempla una inversión cercana a los 13.000 millones de euros destinada a la ampliación y adecuación de 12 infraestructuras aeroportuarias.
El objetivo es aumentar la capacidad del sistema aeroportuario para elevar el tráfico de pasajeros desde los 283 millones registrados en 2023 hasta los 347 millones en 2031, lo que supondría un incremento del 22%. Esta previsión se suma a una tendencia de crecimiento sostenido: el número de viajeros ya se duplicó entre 1999 y 2019, pasando de 128 a 275 millones.
Sin embargo, el proyecto ha sido recibido con preocupación por parte de organizaciones como Comisiones Obreras (CCOO), que advierten de las consecuencias ambientales y sociales del aumento del tráfico aéreo. El sindicato considera que este crecimiento contribuirá a intensificar la masificación turística en destinos ya saturados, especialmente en zonas costeras, archipiélagos y grandes ciudades.
Según CCOO, el incremento de visitantes está estrechamente vinculado al encarecimiento de la vivienda, la gentrificación y el deterioro del entorno urbano y natural. En este contexto, la organización sostiene que “turismo sostenible y masificación turística son conceptos incompatibles” y reclama una revisión del modelo actual.
En el plano ambiental, las críticas se centran en el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. La aviación, altamente dependiente del queroseno, carece a corto y medio plazo de alternativas tecnológicas viables para su descarbonización. Aunque existen propuestas como los biocombustibles, la electrificación o el hidrógeno, estas no están disponibles a gran escala en el sector aéreo.
La única opción considerada parcialmente viable es el combustible sostenible de aviación, cuyo objetivo de implantación en la Unión Europea es del 6% para 2030. Esto implica que la gran mayoría de los vuelos seguirán dependiendo de combustibles fósiles durante la próxima década, dificultando el cumplimiento de los compromisos climáticos.
España se ha fijado como meta reducir en un 46% las emisiones del transporte para 2030, un objetivo que, según los críticos del plan, entra en contradicción con el crecimiento previsto del tráfico aéreo, uno de los modos de transporte con mayor huella de carbono por pasajero.
Más allá del impacto ambiental, CCOO también señala la necesidad de reequilibrar las inversiones, apostando por la modernización sostenible de aeropuertos con menor volumen de tráfico para favorecer la cohesión territorial. Asimismo, critica la falta de atención al factor humano en el plan, reclamando mejoras en la profesionalización y las condiciones laborales de las plantillas.
El sindicato concluye que una decisión de este alcance no debería adoptarse sin un amplio debate social y político. A su juicio, la ampliación de aeropuertos plantea interrogantes de fondo sobre el modelo de desarrollo económico y territorial en un contexto marcado por la emergencia climática y la creciente presión sobre el acceso a la vivienda.
