La iniciativa que desde la Audiencia Nacional se hace para la constitución de un censo sobre los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura posterior ha generado más esperanza en el trabajo que la parca, corta e insuficiente Ley aprobada en diciembre pasado, no sólo entre las organizaciones de memoria, sino entre la ciudadanía en general. Y la razón es sencilla del todo: es la primera vez que el Estado, en este caso la Justicia, interviene directamente por la recuperación de la historia democrática de este país, aunque sea en un terreno tan concreto como es este de las desapariciones (es decir, la mayoría de las ejecuciones realizadas a personas con una absoluta impunidad desde las fuerzas represoras del Estado franquista o los grupos paramilitares falangistas a lo largo y ancho de la geografía de este país y enterradas ilegalmente por cunetas, campos, minas, cuevas o fosas comunes sin localizar -con excepción de las abiertas por el régimen en los años cincuenta para recuperar los cuerpos y rellenar con ellos la cripta de la iglesia del mausoleo de Franco en Cuelgamuros, Madrid)
Aún sin saber el grado de compromiso con la recuperación de la Memoria que tiene el juez Garzón, responsable de la providencia que permitirá llevarlo a cabo, la intervención de la justicia ha de ser elemento clave para avanzar y un revulsivo para que la Administración sea el garante, motor y el responsable de que en España se conozca la verdad y se recuperen para la historia de la democracia a las víctimas de la dictadura.
Pero si el censo y la investigación que su elaboración supone diera también, se entiende que sí, para tener los elementos necesarios para demostrar que desde el aparato del Estado franquista se desarrolló un exterminio político y físico hacia los ciudadanos y ciudadanas de ideales distintos (no sólo antagónicos) de los propuestos por el Movimiento, ¿se llevaría el caso español a los tribunales internacionales?, ¿se aplicarían los convenios de imprescriptibilidad por desaparición?, ¿se está dispuesto a llevar el tema hasta sus últimas consecuencia o se pondrían límites para no reabrir heridas? Hay que apostar por la verdad, aunque a veces duela, por saber de los responsables y asumir cada uno la parte que le corresponda, al que le corresponda. Porque apostar por la libertad para elegir debe conllevar primero el derecho a saber, sin manipulación interesada o sectaria. En este terreno de desaparecidos y en cualquier otro que contribuya a la recuperación de la historia democrática de España, la memoria de los defensores de esos valores y su incorporación real a los texto escolares y a la enseñanza media.
Pero volviendo al tema de desaparecidos, las agrupaciones del Partido pueden y deben hacer una labor fundamental y básica en este trabajo: la recogida de testimonios, grabándolos, completar o confeccionar listados con nuevas aportaciones y localizar las fosas en cada uno de los territorios. Y de manera centralizada, personarnos en esta iniciativa de la Audiencia, para estar presente y poder presionar hacia los objetivos expresados anteriormente en este modesto escrito.
