Lo entrevistamos en un banco del Parque de los Poetas, frente al Hospital Severo Ochoa, muy cerca del soberbio busto de Rafael Alberti que donó el PCE a Leganés. Está algo cansado, dice. A pesar del tiempo transcurrido desde que la justicia le dio la razón y quedó clara su inocencia y la de sus compañeros, su actividad continúa siendo frenética. Echa de menos dedicarse más a los suyos.

Ahora está comprometido en la lucha por el derecho a una muerte digna. De ello, de la movilización social por la derogación de la Ley 15/97, la que abrió las puertas a la privatización de la sanidad, y de otros muchos asuntos hablamos con él.

Mundo Obrero: ¿En qué estado se encuentran las diferentes querellas por injurias que se han ido tramitando contra la COPE y determinados periodistas estrella de la extrema derecha?
Luis Montes: Había dos tipos de querellas: las de antes de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que ordenaba retirar cualquier referencia a malas prácticas médicas –te estoy hablando de 2005 a 2007- y las que hemos presentado después por haber continuado la misma campaña de no rectificación y de «caña al mono que es de trapo». Las anteriores, que eran fundamentalmente contra la COPE, César Vidal, Jiménez Losantos y López Schlichting, ya tienen calificación del fiscal y estamos esperando a que el juez dicte sentencia. De las demás, todas han ido siendo admitidas a trámite, están en las diligencias previas y se encuentran sin resolver.

MO: El pasado 7 de mayo se entregaron 400.000 firmas en el Congreso de los Diputados pidiendo la derogación de la Ley 15/97. ¿Qué grado de responsabilidad se le puede atribuir a esta ley en procesos de privatización de comunidades autónomas como la de Madrid? ¿Qué perspectivas puede haber de que la ley finalmente sea derogada y se produzca una reforma en profundidad para recuperar lo perdido en la salud pública?
LM: La ley ha sido fundamental para el desarrollo de los procesos de privatización. Como sabes, la 15/97 fue una ley del gobierno de Aznar, pero votada a favor por el PSOE en lo que ellos llamaban la «colaboración útil», y lo que planteaba era la búsqueda de fuentes de financiación para un sistema de recursos limitados como lo es un sistema público. Eso da pie, con las transferencias autonómicas, a que haya tantas leyes 15/97 como desarrollos autonómicos ha habido. En comunidades como la de Madrid, donde la obsesión del gobierno regional ha sido la de privatizar, la ley ha servido para la privatización y la construcción de los nuevos hospitales. Los resultados están ahí. Pienso que, ante un clamor popular por la sanidad en tanto que el único servicio público garante de la equidad y la universalidad, el partido en el poder tiene que derogar la Ley 15/97. Otra cosa es que lo haga.

MO: ¿Por qué crees que en comunidades como la de Madrid o la valenciana parece que no haya ningún castigo electoral al PP por este tipo de políticas que deterioran de manera tan drástica los derechos ciudadanos? ¿No hay alguna responsabilidad de la izquierda en general para que no se produzca un rechazo popular que se refleje en las elecciones?
LM: Bueno… el análisis sobrepasa mis posibilidades. Lo que yo pienso es que han influido, en el caso de Madrid, algunas cosas importantes a nivel cultural. Hemos progresado socio-económicamente; no podemos basarnos en los mismos presupuestos que hace 20 años. Ha calado hondamente el discurso demagógico de la derecha neoliberal de la desarticulación de España. En la comunidad valenciana yo creo que ha sido la especulación, el ladrillazo, la política del agua y también lo de «España, España, España». Se trata de dos comunidades que tradicionalmente no tendrían que ser de derechas. Luego, algo ha pasado. Por otra parte, en mi análisis también entra que no ha habido una alternativa. Yo no creo en los liderazgos, pero sí creo en la organización y la lucha. No quiero interpretarlo, pero pienso que ha interesado. Un discurso como el de Esperanza Aguirre puede favorecer una política socialdemócrata de reacción en comunidades como Andalucía y Cataluña.

MO: Finalizas tu libro (El caso Leganés, Editorial Aguilar, Madrid, 2008) con el compromiso de promover un cambio de mentalidad de nuestra sociedad con respecto al derecho a la eutanasia. En la última entrevista (Mundo Obrero, marzo 2008) nos dijiste que el caso de Leganés había provocado una reacción conservadora. ¿Crees que en estos últimos tiempos se ha recuperado algo, que ha habido algún cambio en sentido inverso?
LM: A lo mejor es que yo lo necesito mentalmente, pero sí que creo que ha habido un efecto feed-back. En un primer momento la crisis de Leganés fue terrible a nivel mediático, entraron de manera muy bestia en un asunto muy sensible y que afecta a todos los ciudadanos, que es el tema de la muerte. Pero, tras aquello, y con los casos posteriores de Chantal Sébire o Eluana Englaro, o el decreto de muerte digna en Andalucía –si es que llega alguna vez a discutirse-, me parece que el debate ha salido a la luz. En una sociedad plural, laica y aconfesional es esencial la capacidad de los ciudadanos de decidir sobre el proceso final de su vida.