Decía Rosa Montero en un artículo en defensa de la reglamentación de la prostitución, en ese loable medio de comunicación que es El País, ese mismo que ingresa suculentos beneficios cada día con la publicación de anuncios de explotación sexual, de violencia de género, y que tan obviamente vulnera los derechos fundamentales de las mujeres, de todas las mujeres, sin que por ello deje de ser el diario de mayor tirada nacional, que “una de las cosas más molestas que tiene la realidad es su cualidad recalcitrante”. Pero si algo puede tildarse de recalcitrante es la letanía de que reglamentar la prostitución supone reconocer y defender los derechos de las mujeres, afirmando sin pudor que es un paso previo a la erradicación de esa forma extrema de violencia y desigualdad contra las mujeres, que es el sustancioso –para algunos- negocio de la prostitución.

Me gustaría en este artículo introducir una reflexión, que Cataluña sea la segunda Comunidad en paro registrado, según los datos del mes de septiembre, que los Ayuntamientos no tengan vías de financiación para hacerle frente a ningún tipo de política social, que el Conseller de Política Territorial y Obras Públicas del Govern Catalán reconozca que a lo largo de este verano se ha producido un repunte de la prostitución y que, precisamente, sea esta Comunidad Autónoma la que más se empeñe en considerar a este grave problema social como una actividad mercantil más, ignorando la sobreexplotación y el sufrimiento humano que en tantas mujeres produce, son caras de una misma moneda. Las vergüenzas que el capitalismo arroja, mucho más en tiempo de crisis, han de ser escondidas bajo la alfombra, aunque sea por un gobierno que se dice de izquierdas.

Que el negocio de compra-venta de carne humana a la carta produzca jugosos beneficios para los dueños de los “locales de ocio alternativo”, es decir de los burdeles de toda la vida, difumina que esos infames lugares en los que, como si de bestias se tratase, se suministran hormonas a las mujeres obligadas a prostituirse para “incrementar su rendimiento”, constituyen todo un entramado económico, donde una larga cadena de beneficiarios, –de los administrados y de los que administran en todas las esferas sociales- todos menos las mujeres en prostitución, no paran de presionar para que se prohíba en la calle, o se impida su ejercicio de forma autónoma por éstas, y pase a ejercerse sólo en lugares “dignificados” por una ley positiva que le diga a una sociedad que cree ¡por supuesto! en la igualdad, que su objeto social por más ilegítimo que sea, ha devenido por mor divino en lícito.

La última ponencia del Congreso sobre la prostitución en 2007 se posicionó con claridad: nada de reglamentar, considerando esta lacra social como una clara forma de violencia contra las mujeres, aunque lamentablemente no dio pasos en un sentido abolicionista. A pesar de ello, el tripartito (PSC, ERC, e ICV-EUiA) pretende impulsar la regularización de la prostitución. Cualquier excusa es buena: este verano unas mezquinas fotografías publicadas por El País, hechas en el “mercado de carne” de la Boquería, en pleno centro de Barcelona, ponían encima de la mesa otra vez el eterno y cínico debate de qué hacer ante tan escandalosos actos públicos. Porque aquí no estamos hablando de cómo resolver el gravísimo problema de cientos de miles de mujeres que por la situación de pobreza, guerra y hambruna de sus países de origen se ven obligadas a emprender la dura prueba de emigrar, muchas veces, a sabiendas de que la única opción para ellas es las sobreexplotación también en el país de “acogida” ¡qué eufemismo!: bien en el trabajo doméstico, o bien en la prostitución. Con unas legislaciones europeas en materia de extranjería vergonzantes que convierten a estas mujeres no en ciudadanas de segunda o tercera categoría, sino simple y llanamente en personas sin derechos.

Intentando hacer viable esta pretensión, el Gobierno catalán se topa una y otra vez con un gran obstáculo: el marco competencial. Para alcanzar su objetivo, serían necesarias modificaciones en la legislación laboral y en la de extranjería, y eso compete exclusivamente al Gobierno central.
En estos días, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha vuelto a llevar el tema al Congreso. Razón no le falta al diputado Joan Tardá cuando afirma que el Gobierno de la nación mantiene un discurso abolicionista y en contra de regular la prostitución, “que no acompaña de medidas abolicionistas en la práctica, de manera que sigue manteniendo la prostitución en una situación de marginalidad permitida”, faltándole toda cuando sostiene, al igual que tantas afamadas escritoras que engrosan el pesebre intelectual, que reglamentar es “reconocer y proteger los derechos de las mujeres que se dedican voluntariamente a la prostitución” Es muy libre, sin duda, de elegir la mujer que sin papeles, y sin ningún recurso, ejerce la prostitución como única opción de supervivencia.

Sostiene asimismo Tardá, que el Gobierno no ha presentado ninguna iniciativa para que los periódicos dejen de publicitar anuncios de comercio sexual porque “no es capaz de enfadarse con los lobbys empresariales de los medios de comunicación”, mientras países como Francia han implantado ya esta medida. Y en eso estamos de acuerdo con ERC: si el Gobierno no quiere resolver este problema, desde el PCE y desde la Plataforma Estatal de Organizaciones por la Abolición de la prostitución pedimos a los y las españolas que dejen de comprar prensa escrita que anuncie prostitución, que en este país, ya hay periódicos que lo han hecho.

A favor de la prohibición de anuncios de prostitución están además de IU, por supuesto el PCE, ICV-EUiA y ERC, el PNV, CiU, BNG. PP y PSOE hablan de “instar” o “solicitar” a los medios, su supresión. Como se premia al empresariado con cuantiosas bonificaciones en la cuota de la seguridad social si contratan a mujeres, perfectamente formadas y experimentadas, para desempeñar su puesto de trabajo por un 30 % menos de salario que los hombres.

Joan Herrera, secretario general de la organización política hermanada con IU en las contiendas electorales, así caigan porras de punta sobre nuestros jóvenes, apuesta claramente por la reglamentación. Afortunadamente, y por razones bien distintas a las nuestras, el Congreso de los/as Diputados/as rechazó en su sesión del 22 de septiembre la propuesta de ERC de regular la prostitución, y tácticamente suprimir los anuncios de prostitución en los medios de comunicación. Sólo cinco diputados/as apoyaron la moción: además de los tres parlamentarios de ERC, Joan Herrera de ICV y Rosa Díez de UPyD. Algunos partidos estaban de acuerdo con algunos aspectos de la propuesta como intensificar la lucha contra la trata de mujeres o prohibir legalmente los anuncios de prostitución en la prensa escrita, pero ERC no aceptó que su propuesta se votara por partes, aunque lo de los anuncios de prostitución le parecía espeluznante a su portavoz. El resultado de la votación fue de cinco votos a favor, 329 en contra y seis abstenciones: IU, BNG, Nafarroa Bai y Coalición Canaria. Votaron en contra: PP, PSOE, PNV y CiU.

Lo que sigue resultando inexplicable es que haya que explicarle, una vez más a ERC, a ICV-EUiA, y a la abstención -supongo que crítica- de Llamazares, que reglamentar es legalizar la explotación y la violación de los derechos fundamentales de las mujeres, que prostitución es sinónimo de sobreexplotación, de pobreza y de exclusión, de beneficio de las mafias, y de defensa a ultranza de la violencia de los hombres contra las mujeres, de desigualdad y de una infame injusticia social… Por no hablar de ese partido en alza de yuppies de pseudoizquierdas, voceros del más rancio nacionalismo español que supone UPyD.

Y digámoselo claro a los ayuntamientos de Barcelona, de Bilbao… La prostitución no debe ser ni un problema de orden público, ni una fuente de financiación municipal, ni un modo de rebajar las cifras de paro o de población inmigrante sin papeles. Reglamentar la prostitución no va a acabar con la discriminación, la violencia y la explotación de las mujeres que la ejercen, ni con la degradación de los barrios en los que no se invierte socialmente, tal vez esa política higienista aplaudida por gentes que se dicen de izquierdas, consiga ocultar las manchas de un sistema que condena a mujeres nigerianas, o de cualquier otra parte del mundo empobrecido, a vender sus cuerpos y sus vidas para sobrevivir, eso sí sin ensuciar las impolutas ciudades del progreso.

No seamos hipócritas, reglamentar la prostitución no arreglará el problema que esa inmensa mayoría de mujeres que ejercen la prostitución en este país tienen con sus papeles y, por tanto, seguirá manteniéndose en la economía sumergida. Reglamentar no es sinónimo de combatir a las mafias, éstas son una consecuencia, no la causa.

Hablar de prostitución es hablar de negocio fácil para los proxenetas, de obtención de prebendas para determinadas administraciones y administradores, de mercado, de sobreexplotación, de desigualdad y de violencia contra las mujeres… Hablar de su erradicación es hablar de coeducación, de políticas europeas no discriminatorias en materia de extranjería, de pleno empleo… de cuestiones inviables en un sistema capitalista, patriarcal y racista; es, por tanto, hablar de feminismo , de socialismo o de comunismo.

*Miembro de la Permanente de la Secretaría Federal de la Mujer del PCE.