Los paramilitares colombianos tienen grabaciones en vídeo de sus reuniones con los políticos, los militares y los empresarios que comparten la responsabilidad del terrorismo de Estado.
Lo confirma Alonso de Jesús Baquero, conocido como «el negro Vladimir» cuando era uno de los comandantes de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), la federación de grupos paramilitares organizada por los hermanos Castaño: «Necesitabamos tener pruebas de su complicidad para que no pudieran negarlo», explicó Baquero en su confesión/acusación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y añadió que, cuando lo capturaron, informó a la fiscalía sobre el lugar dónde las grabaciones están escondidas. Si no se han utilizado es porque el pacto se mantiene.
Según «el negro Vladimir», por la finca de Fidel Castaño (el hermano que estuvo en el origen de los escuadrones de la muerte) «pasaron la mitad de los políticos de Colombia».
Baquero confirma tres denuncias sobre las que insisten desde hace treinta años las organizaciones de defensa de los derechos humanos: que el terrorismo paramilitar es una política de Estado con la complicidad de dirigentes políticos, poderosos empresarios y generales de las Fuerzas Armadas, que la supuesta «desmovilización de los paramilitares» es una operación política para mejorar la imagen internacional de los gobiernos de Colombia (facilitando a cambio que conserven su capacidad militar, sus redes de narcotráfico y su control regional) y que su impunidad está garantizada por lo que los paras pueden revelar sobre sus complíces institucionales.
En algún lugar de Colombia permanecen bien guardadas las grabaciones que demuestran la implicación de los más poderosos de la política, la economía y las Fuerzas Armadas en el terrorismo de Estado que se practica con absoluta impunidad desde hace sesenta años.
