La FNCA, organización dedicada al estudio, investigación, difusión y debate social en materia de recursos hídricos y medio ambiente acuático, critica la nueva política de aguas anunciada por el ministro, una política del agua -según señala- centrada en el fomento público de la obra hidráulica estatal, reduciendo los deberes de carácter ambiental a su mínima expresión posible, que refuerza las aspiraciones de trasvases entre cuencas”. Para Leandro del Moral, “el primer objetivo de dicha política debe ser la protección de las aguas y sus ecosistemas, no las obras hidráulicas”.
Por otro lado, el catedrático de la Universidad de Sevilla, señala que el mensaje lanzado por Arias Cañete, de “recentralización” de la política de aguas bajo la Dirección General del Agua, contradice la política europea, que considera a la cuenca hidrográfica como “la principal unidad de planificación y gestión de aguas”.
Otra de las cuestiones anunciadas por el ministro que contradice la política europea es el impulso de las aguas residuales para el riego para resolver el déficit de agua. En este sentido, Del Moral ha recordado que el compromiso adquirido por todos los Estados para el buen estado de las masas de agua para el 2015 «no se consigue destinando a este fin las aguas residuales tratadas, pues no es solo una cuestión de cantidad sino de la calidad de las aguas que se destinan al mismo». Además, el catedrático de la Universidad de Sevilla, advierte que Arias Cañete no mencionó las aguas subterráneas y que el buen estado de todas las masas de aguas también comprende a éstas.
Para Del Moral no pasa inadvertido que Arias Cañete no concrete las medidas que va a tomar para resolver los problemas del déficit de aguas, aunque sí manifieste un rechazo expreso a la desalación alegando temas de coste para los regantes y efectos ambientales. En este sentido, el catedrático manifiesta que «no debe analizarse una medida como la desalación sin un análisis comparado del coste de todas las medidas factibles».
El co-presidente de la FNCA también indica que la simplificación y racionalización de la normativa ambiental anunciada por el ministro supone “una medida de riesgo para la eficacia de la protección ambiental” llegándola a comparar con la simplificación del procedimiento penal que podría suprimir garantías de defensa del acusado. Al mismo tiempo, este experto en Gestión y Planificación del Agua, recuerda que la gestión del litoral no puede centrarse en la flexibilidad de los criterios de protección del dominio público y los ecosistemas, pues conlleva “una reducción de la prioridad de la protección ambiental establecida en el Derecho comunitario y en las actuales estrategias científicas e internacionales de gestión costera».
