La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud han denunciado los asesinatos del dirigente campesino Manuel Ruiz en Colombia y del lider sindical Ovidio Ortiz en Guatemala. Atribuyen los atentados a paramilitares y sicarios contratados por empresarios que organizan sus negocios eliminando a quienes encabezan la resistencia popular.
Manuel Ruiz y su hijo Samir, de 15 años, fueron secuestrados por paramilitares. Cuando se encontraron sus cadáveres, tenían marcas de torturas y sendos balazos en la cabeza. Habían sido amenazados de muerte por la intervención de Manuel, como dirigente campesino, en las reclamaciones de tierras arrebatadas por empresarios dedicados al agronegocio de los biocombustibles.
Sindicalistas y líderes campesinos son las víctimas más habituales del terrorismo empresarial en Guatemala y Colombia sin que los respectivos gobiernos les garanticen su seguridad personal o investiguen los asesinatos y procesen a los responsables.
Ovidio Ortiz, del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, fue acribillado en Guatemala por los disparos realizados desde un vehículo en marcha con absoluta impunidad.
El asesinato coincide con la marcha de las organizaciones indígenas y campesinas que reclaman la desmilitarización de sus comunidades y una negociación sobre los conflictos agrarios.
El grupo internacional GRAIN, que reivindica una agricultura alternativa, más local y ecológica, acaba de denunciar el acaparamiento de 35 millones de hectáreas en 66 países, incluyendo a América Latina, por las compañías transnacionales de los agronegocios, las empresasas financieras y los fondos soberanos de Estados Unidos, China, Arabia Saudí, Gran Bretaña y Alemania.
