Los PGE de 2013 son la plasmación concreta de la aceptación de las condiciones impuestas por la “troika” (Comisión Europea, FMI, BCE) de acuerdo con el Memorandum de entendimiento firmado por el Gobierno español. Estamos ante unos Presupuestos que atentan contra la soberanía nacional y la capacidad del Parlamento para decidir la política económica del país y ante unos Presupuestos que reinciden en el fracaso político. Las políticas de recortes y ajustes (reformas y consolidación fiscal en la neolengua del Gobierno), iniciadas por el Gobierno del PSOE a partir de mayo de 2010 y continuadas por los gobiernos del PSOE y del PP han fracasado. Los índices macroeconómicos principales de la economía española han descendido. La recesión es creciente (entre -1,3 y -1,6% del PIB, según los estudios de la OCDE, del FMI e, incluso, de la CEOE). El desempleo sigue aumentando. La prima de riesgo no desciende significativamente.
Unos Presupuestos antisociales
El único gasto social que aumenta es el de las pensiones, y se hace por el aumento del número natural de pensionistas, pero el Gobierno no asegura la revalorización automática de las pensiones, de acuerdo con el aumento del IPC entre noviembre y noviembre, que, posiblemente, será superior al 3%.
Se guarda esta decisión hasta después de las elecciones en Galicia y Euskadi, lo que parece apuntar a que no se aprobará la revalorización, produciendo una notable pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas.
La congelación de las retribuciones de los empleados públicos constituye un grave atentado sobre su poder adquisitivo. Cálculos sindicales apuntan a una pérdida mínima del 25% en la capacidad adquisitiva de este colectivo de trabajadores como consecuencia de las medidas contra la crisis. En concreto, las medidas de recortes en la Función Púbica tienen un importe de 3.723 mill. De €.
Se rebaja la partida para las prestaciones por desempleo, que hace prever que los 450 euros del plan PREPARA dejarán de abonarse el próximo mes de febrero cuando caduca el actual. Además de esto, se modifican las condiciones para las prestaciones, se suprime el subsidio especial para mayores de 45 años y el pago del 35% de las cotizaciones a la S. Social de los desempleados. El importe de la disminución en las políticas de empleo es de 5.746 mill. De €.
Los fondos del FOGASA descienden en un 31,9%.
Se disminuyen los recursos dedicados a aplicar la Ley de Dependencia en 1.391 mill. De €.
Los gastos del Estado en Sanidad descienden el 3,1%, en Educación, el 14,4%, y en Cultura, el 19,5%.
Finalmente, y recogiendo aquí uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista social (aunque luego se tratará más extensamente en su apartado específico), el ajuste impuesto a las CC.AA. para alcanzar el 0,7% de déficit, representa en la práctica una mayor reducción de los gastos en los servicios sociales que gestionan (educación, sanidad y dependencia, principalmente). Las CC.AA. estarán obligas a hacer un recorte de 6.867 mill. De €.
Hacia más paro y pobreza
El documento de PGE 2013 reconoce un aumento del paro de 0,2% para 2013 que está alejado de todas las previsiones de organismos independientes. La OCDE anticipa el paro en el 25,3 de la población activa y la Comisión Europea, el 25,1, frente al 24,3% del Gobierno.
Los parados de larga de duración (más de 1 año) son ya el 52,3 por ciento del total, 4,5 puntos más que un año antes, y las previsiones, incluso oficiales, anticipan su crecimiento.
El paro juvenil entre los menores de 25 años es ya del 53,5%.
Las consecuencias de estos Presupuestos es que aumentará la pobreza y la exclusión, fenómenos ambos que afectan muy mayoritariamente a las mujeres, a los inmigrantes, a los jóvenes y ahora ya, a la infancia.
Empujan a la recesión económica y aumentan la crisis
Los PGE 2013 nos hunden más en la crisis e incrementaran todavía más nuestra tasa de paro, como consecuencia de las medidas que contienen:
Recortan la inversión, sacrifican los estímulos a la actividad económica y a la creación de empleo y renuncian a una política fiscal que, empezando por perseguir decididamente el fraude, permitiese incrementar los ingresos del Estado y evitar así una nueva reducción de los gastos sociales.
El Presupuesto de la Agencia Tributaria desciende un 7,7% en este presupuesto.
Las inversiones reales del Estado descienden en el 15 % y el gasto corriente en bienes y servicios en el 5,8%. Esto quiere decir que las empresas que licitan obras, bienes y servicios con el Estado tendrán una demanda menor con la consiguiente repercusión sobre la actividad y el empleo.
Los PGE dedican a comercio, turismo y Pyme un 18,8% menos que en 2012.
Los fondos para la minería del Carbón descienden en un 17,8%.
Se intenta recentralizar el Estado de las Autonomías
Los PGE 2013 reducen, de hecho, los ingresos tributarios de las CC.AA. Así, mientras que en 2012, según el avance de recaudación que el Ministerio de Hacienda hace público en la presentación de los Presupuestos, el Estado recaudará 167.811 mill. de €, de los que cederá 92.091 a las AA.TT. (CC:AA. y entes locales) . Sin embargo, en los PGE de 2013, está presupuestado un ingreso tributario de 174.099 mill. de €, pero solo se cederán 69.865 mill. de €. La razón es que los aumentos tributarios (por ejemplo, el IVA) no formarán parte de los recursos cedidos, al mismo tiempo que se reconoce implícitamente un descenso relativo de la recaudación.
Disminuyen en un 12,% los fondos transferidos a las CC.AA. del sistema de financiación. Se rebaja en un 41% el Fondo de Suficiencia y un 14,9 los Fondos de Compensación Interterritorial. Las inversión real en las CC.AA. desciende en un 16,18%.
Presupuestos imposibles de cumplir
Dada la atonía de la economía española, los PGE confían el avance de la economía española en la recuperación del sector exterior (balanza comercial) y del turismo.
En concreto, fijan en el 6,0% el aumento de las exportaciones y en el -1,5% la disminución de las importaciones.
Sin embargo, las previsiones económicas internacionales no avalan ese cálculo. Nuestros principales clientes se encuentran en unas situación de atonía o estancamiento. La OCDE prevé que la economía alemana se contraiga un 0,5 por ciento en el tercer trimestre y un 0,8 por ciento en el cuarto, en tasas intertrimestrales anualizadas. Así mismo, el PIB francés se contraerá un 0,4 por ciento el tercer trimestre y avanzará sólo un 0,2 por ciento en el cuarto. 0,1 por ciento, tras el 1,7 por ciento de 2011. Situaciones parecidas se dan en el Reino Unido y en Italia.
Por otro lado, el peso de las importaciones de petróleo en nuestra balanza comercial es muy alto y su precio imprevisible y, en nuestro principal rubro de exportación industrial, los automóviles, dependen muy estrechamente de piezas y componentes que se importan. Por tanto, en este caso, a mayor exportación mayor importación.
Por todo ello es necesario cuestionar esta vía como mecanismo de recuperación. Tanto es así que los propios PGE reducen muy notablemente los fondos dedicados a impulsar el turismo y el comercio exterior (el presupuesto del Instituto de Turismo se rebaja en un 15,2% y el del ICEX en un 24,5%).
La alternativa de IU: unos presupuestos creadores de empleo
Izquierda Unida va a presentar a través de su Grupo Parlamentario una enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos der 2013.Esta enmienda es esencialmente política y se fundamenta en las medidas para crear empleo y salir de la crisis que hoy son posibles.
La enmienda a la totalidad de Izquierda Unida niega la base en la que se asientan los PGE del PP, es decir: su finalidad exclusiva es limitar el déficit y la deuda, por encima de las personas.
Hoy está claro que la deuda y el déficit consiguiente se han generado fundamentalmente por la desfiscalización del Estado, (mediante la reducción de impuestos de las rentas más altas y las grandes empresas) y por el endeudamiento ocasionado para tapar las deudas de la Banca.
La enmienda a la totalidad de IU planteará la naturaleza de la deuda y la posible ilegitimidad de una parte de la misma, cuestionando el pago de los más de 38.000 millones de euros que representa el servicio de la deuda en los presupuestos de 2013 y que limita la posibilidad de recursos para crear empleo, estimular la economía y atender los servicios sociales.
En cuanto a las políticas de gasto, Izquierda Unida centra sus propuestas en la creación de empleo, el estímulo de la inversión pública, la defensa y desarrollo de los servicios sociales (educación, salud y dependencia, entre otros) y el apoyo a la creación de empleo por parte de la pequeña empresa y muy especialmente por la economía social.
Izquierda Unida complementa su enmienda a la totalidad con un conjunto de medidas fiscales que permitan asegurar el principio de suficiencia de los ingresos y la justicia y progresividad del sistema fiscal. Se trata de limitar el déficit sin recurrir a más deuda.
Para ello, el escenario fundamental es la lucha contra el fraude y la economía sumergida, que puede proporcionar del orden de 38.000 millones de euros.
Por otra parte, en el Impuesto de Sociedades con tipos teóricos del 30 o el 25%, la realidad es que el tipo efectivo se sitúa en el 11,6% de forma que las pequeñas y medianas empresas pagan en la práctica bastante más en proporción sobre sus beneficios que las grandes. Con la finalidad de corregir esta injusta situación proponemos que se eleve hasta el 35% el IS de las grandes empresas (aquellas que tienen un beneficio superiora 1 millón de euros) y que la suma de desgravaciones, subvenciones y ayudas (los llamados en conjunto beneficios fiscales) no pueda ser inferior al 25% de la base imponible. Con ello se recuperarían otros 20.000 millones de euros.
Otras medidas como el Impuesto de Transacciones Financieras, un nuevo impuesto sobre la riqueza que sustituya al de Patrimonio, la modificación del sistema de módulos y la legislación sobre las SICAV y la prohibición de las operaciones en corto sobre la deuda pública, generarían ingresos superiores a 11.000 millones de euros.
En consecuencia, hay recursos posibles y suficientes para una política de creación de empleo, sin necesidad de aumentar la deuda y limitando el déficit. La decisión es, por tanto, política. Se trata de si se quiere tocar a los grandes intereses de las grandes fortunas, de las grandes empresas y de los bancos.
