Los bancos de Ecuador, que en los últimos cinco años han conseguido sus mayores ganancias, tendrán que colaborar en la financiación de los programas sociales para la población más vulnerable. Los impuestos para las entidades financieras suben del 13 al 23% para que paguen lo mismo que el resto de las empresas. Así lo establece la Ley de Redistribución de los Ingresos del Gasto Social, aprobada en la Asamblea Nacional con 79 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones. El gobierno del presidente Correa calcula que podrá aumentar así en 160 millones de dólares anuales el presupuesto para los bonos de desarrollo humano con los que ayuda a dos millones de los ciudadanos en situación de pobreza. La superintendencia de Bancos y Seguros “vigilará, controlará y sancionará de manera ejemplar a las instituciones financieras que recarguen estas reformas económicas a los clientes y usuarios”.
La nueva iniciativa gubernamental se añade a las reformas legislativas para democratizar el sector financiero y el sistema de medios de comunicación.
