Colombia es el mayor exportador de niños en América Latina. Cada año 2.000 son entregados para adopciones internacionales. Y desde el 2006 se acumulan las denuncias sobre un supuesto negocio por la privatización del procedimiento. El gobierno ha delegado en las Instituciones Autorizadas que Desarrollan el Programa de Adopción (IAPAS), cuyas irregularidades vuelven a ser investigadas por la Procuraduría General de la Nación. Parece que en los últimos cinco años el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no ha controlado a las ocho IAPAS (conocidas también como casas de adopción privadas) que reciben 20.000 euros como donación por cada adopción internacional. El segundo diario en importancia de Colombia, El Espectador, denunció en agosto que “la privatización de la política de adopciones prioriza la entrega a familias extranjeras adineradas de quienes se reciben donaciones y poco se explora la posibilidad de mantener a esos niños en sus hogares de origen o en sus familias a través de la garantía de políticas públicas” y añadía que “las familias en mayor situación de pobreza son víctimas de la desidia estatal y pierden a sus hijos en trámites amañados que violan principios éticos, derechos fundamentales y el cacareado interés superior de la niñez”.
Dos mil adopciones anuales con donaciones de veinte mil euros en cada tramitación acumularían un negocio de cuarenta millones de euros entre las ocho casas de adopción privadas.
