¡Exigimos la dación en pago y el alquiler social! Eran las principales demandas de los afectados por la hipoteca que se escuchaba este jueves en la sede de Bankia de Celenque, después de 102 días acampados frente a esta entidad financiera sin lograr llegar a un acuerdo.
En rueda de prensa, varios activistas de este movimiento denunciaron la actitud pasiva del gobierno de Rajoy frente a las necesidades de la ciudadanía afectadas por los enriquecimientos injustos, causas de la burbuja inmobiliaria, siendo las entidades bancarias las impulsoras de concesiones abusivas de créditos hipotecarios que han llevado a varias familias a perder sus casas.
Maria Moran, de la plataforma de afectados destacó que la lucha que llevan es pacifica, y agradeció la colaboración de las Asambleas de Barrio, quienes han jugado un papel muy importante en parar varios desahucios. Explicó la activista, que han enviado unas 65 solicitudes, teniendo respuesta del banco solo en 7 ocasiones, e indicó que dentro de las diferentes actividades que realizan se encuentran los encierros, las charlas y los paros de desahucio, hasta el momento unos 500.
Por su parte, Rafael Gómez, miembro de la PAH señaló que ya se han recogido más de un millón de firmas para promover la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), más de las necesarias para llevar cabo un proceso judicial.
Asimismo el abogado de la plataforma, Rafael Mayoral, destacó la poca implicación de los sectores judiciales frente a esta problemática social, a la vez que señalaba que hay algunos jueces conscientes del problema, el letrado hizo énfasis en la estafa que constituye el banco malo como medida.
La PAH señala que:
“Sus propuestas están en la línea de las observaciones que la Unión Europea ha efectuado para prevenir los problemas del sobreendeudamiento y para que el acceso al crédito se haga de forma responsable. Supondría hacer efectivo el derecho del deudor de buena fe, en sede hipotecaria, a rehacer su vida económica, y equiparar así la normativa española a la del entorno europeo, donde están previstos diversos procedimientos, bien administrativos, bien judiciales, para afrontar las situaciones de insolvencia de personas físicas.”
