No sin trabas por parte de su socio de gobierno, el PSOE, la Consejera de Vivienda andaluza, Elena Cortés (IU), consiguió ayer que se diese luz verde a su proyecto de vivienda plasmado en un Decreto-Ley que saldrá publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el próximo jueves 11 de marzo. Este Decreto se suma a la batería de medidas emprendidas por Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, (IU-LV-CA) desde su llegada a la Consejería Fomento y Vivienda y con él se pretende dar respuesta a la situación de emergencia que se vive en Andalucía y “arrebatar la regulación del derecho a la vivienda a los mercados para la soberanía andaluza”.
El Decreto-Ley toma como referencia el artículo 47 de la Constitución Española que garantiza el derecho a una vivienda digna y adecuada, así como la obligación de los poderes públicos de hacerlo efectivo. Pero además tiene un potente anclaje jurídico en otras leyes, como el artículo 25 de la Declaración Universal de DDHH, el mismo artículo del Estatuto de Autonomía de Andalucía o la reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo que demuestra que en nuestro país se han estado violando durante los últimos 20 años los derecho a la vivienda y la tutela judicial efectiva.
No solo encontramos estas referencias jurídicas dentro del Decreto, también aparecen muchas otras que tienen que ver con un cambio radical de concebir la vivienda, que pasa de ser mera mercancía a garantizarse como un derecho, o con la idea de un reparto equitativo de las rentas, el sometimiento de la riqueza al interés general o la función social del derecho a la propiedad. “Ojo, función social del derecho de propiedad. Es pertinente reseñarlo, dado que si la propiedad tiene un anverso que es el derecho, también tiene un reverso, que es su función social. Ello en previsión de un probable discurso que tilde de anticonstitucional el decreto”, comenta IU de Andalucía.
Medidas que el Decreto pone en marcha:
• Se podrán expropiar viviendas con carácter temporal a las personas jurídicas (bancos, filiales, entidades de gestión, …) que hayan sido embargadas previamente o que estén en proceso de hacerlo para destinarlas a aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión social.
• Sanciones de hasta 9.000 euros a las personas jurídicas que tengan viviendas vacías.
• Se regula el mercado de alquiler con incentivos para personas físicas, garantizando el cobro de la renta y el arreglo eventual de desperfectos, a través de medidas y subvenciones recogidas en el próximo Plan de Vivienda.
• Se garantiza la seguridad jurídica dejando fuera las viviendas secundarias, las residencias de recreo y las viviendas reguladas por la legislación turística.
• En ningún caso se imponen sanciones a personas físicas.
IU sabe que la vivienda es un derecho humano, por eso critica que “no es posible ni decente que un país que permite el despojo masivo de viviendas no impulse medidas para que las viviendas deshabitadas de los bancos no puedan disponerse para el alquiler”. Los datos que da son aplastantes. En Andalucía hay más de un millón de viviendas vacías, que suponen el 20% del total, y en los registros municipales de vivienda, más de 50.000 familias demandan actualmente un alquiler.
Este Decreto-Ley se suma a una amplia batería de medidas que ya se han puesto en marcha por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda desde la llegada de IU al gobierno andaluz, como el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, que ha permitido parar más de mil desahucios en los primeros tres meses y la paralización de los desahucios en el parque público de vivienda. “IU en el gobierno no va añadir más dolor al dolor ni va a contribuir a agrandar la brecha de la emergencia habitacional”, señala la formación.
Como no cabía de otra manera, la medida adoptada por IU en la Junta de Andalucía ha causado reacciones contrarias entre la derecha y las empresas constructoras, algo que la propia coalición ya había previsto porque el decreto amenaza directamente sus intereses. Los constructores andaluces han acusado de “corralito” la medida y la patronal FADECO amenaza, incluso, con llevarla a los tribunales. Pero Izquierda Unida era plenamente consciente de ello y sabía que iban a “enfrentarse con la Troika mediática, a una derecha incapaz de aceptar que hay otra forma de hacer las cosas y al poder económico que va a ver en este decreto una amenaza real a su política de avaricia y especulación” asegura la formación. “Somos un problema para el régimen y somos conscientes de ello”, zanjan.
