La enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado se corresponde con la alternativa económica de Izquierda Unida y ha sido redactada y defendida por el diputado Alberto Garzón.
La enmienda se apoya en un profundo análisis crítico de la situación económica y del escenario social en los que se basa el proyecto del PP, cuyos principales elementos son los siguientes:
Un errado escenario macroeconómico
La economía española decrecerá en 2013 un 1,6%, dato negativo muy superior al de las estimaciones del Gobierno que preveían originalmente sólo una caída del 0,5%. El impacto contractivo de las medidas de consolidación fiscal ha sido, en consecuencia, mucho más elevado de lo que esperaban.
La caída de la demanda interna explica gran parte de los errores de medición del Gobierno. Mientras éste esperaba que las medidas de austeridad provocasen una caída de la demanda interna del 2,9%, la realidad finalmente impuso una caída del 4,1%. Pero, muy especialmente, ese resultado vino dado por la espectacular caída de la inversión empresarial, que descendió un 7,5% frente a la predicción del Gobierno de que caería sólo un 2,1%.
Estos datos revelan que tanto el Gobierno como las instituciones internacionales que promueven las políticas de austeridad están minusvalorando el efecto contractivo que provocan las medidas de consolidación fiscal. Así, frente a la tesis de la austeridad expansiva, que promueven recortes en el gasto público para poder obtener tasas de crecimiento económico, parece que la realidad impone una visión mucho más perversa de los efectos producidos en la economía.
Mantienen el desempleo
El gobierno adopta con estos presupuestos una política suicida con respecto al mercado de trabajo. Incluso el propio Gobierno predice que el empleo caerá un 0,2% en 2014. Sin embargo, esperan que la población activa siga cayendo y ello provoque un ligero retroceso en la tasa de paro hasta el 25,9%.
La reforma laboral sólo ha servido para producir un descenso en los salarios, y por ende en el coste laboral unitario, pero no para crear empleo. Y crear empleo es la tarea más urgente que la sociedad española debería acometer, aunque ni este Gobierno ni la troika así lo entiendan. Los presentes presupuestos, de hecho, no hacen sino empeorar la situación al reducir las inversiones reales un 9,8%. Y en un contexto de falta de demanda, como el actual, sólo la inversión pública puede relanzar la economía y crear importantes niveles de empleo.
Injustos fiscalmente
La política fiscal de este Gobierno está siendo especialmente regresiva, con incrementos muy superiores en los impuestos indirectos que en los impuestos directos. La subida del IVA, por ejemplo, es ampliamente injusta porque afecta por igual a la clase trabajadora que a las grandes fortunas de este país. Además, la subida del IVA en determinados sectores, como el de la Cultura, está afectando muy seria y negativamente a la actividad.
Empobrecen a los pensionistas
El Gobierno aprueba, junto con estos presupuestos, un ataque en toda regla a la capacidad adquisitiva de los pensionistas y a las cantidades que van a percibir desde ahora en concepto de jubilación. Este hecho se suma al incremento en la edad de jubilación hasta los 67 años, aprobado por el anterior ejecutivo, y que provocó un deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos.
La pretendida revalorización de las pensiones, al menos un 0,25% anual, no es en realidad tal cosa.
Generan más desigualdad
Estos presupuestos hacen recaer los costes de la crisis sobre los pensionistas, como ya hemos denunciado, y sobre los trabajadores del sector público y privado.
La distribución funcional de la renta sigue haciéndose cada vez más desigual. Para 2013 la participación salarial en la renta se reducirá hasta el 57,4%, según la Comisión Europea, cuando en 1998 era del 65,8% y en 1980 del 71,9%. Este proceso de pérdida de peso ha sido analizado por todos los organismos internacionales por sus efectos económicos en la demanda interna, pero no se han acometido reformas para revertir la tendencia. Más al contrario, la pérdida de poder de negociación de los sindicatos, como consecuencia de las últimas reformas laborales, y las medidas de austeridad fiscal, están empujando los datos aún más a la baja. Todo ello provoca un grave deterioro de la demanda interna y, en consecuencia, del empleo.
De forma lógicamente complementaria se está llevando a cabo un intenso proceso de concentración de la renta y riqueza tanto a nivel sectorial (como en el sector financiero) como a nivel individual. La entidad Credit Suisse ha calculado que el número de ultramillonarios en España ha crecido un 6,9% en el último año, mientras que su riqueza se ha incrementado un 8,3%. Teniendo presente la pérdida del Producto Interior Bruto en un 1,6%, es más que evidente el intenso proceso de concentración, que por otra parte es generalizado en los países de la Unión Europea. La mayor parte de los ingresos adicionales de estas 1.625 personas en España, controlando una riqueza por valor de 195.000 millones de euros, proviene del sector de las finanzas. Todo lo cual está perfectamente en línea con la política del Gobierno y, a la vez, justificaría la necesidad de nuestras alternativas.
Recentralizadores y antisociales
Están también al servicio de una visión centralista del Estado. En el actual modelo autonómico, una mejor financiación de las comunidades autónomas supone más recursos para garantizar el Estado del Bienestar, con partidas básicas como educación y sanidad.
Al servicio de intereses particulares
No se han redactado en los despachos de la Moncloa sino que muy al contrario vienen determinados y, de facto, redactados por las entidades financieras y sus instrumentos institucionales –la troika-.
El volumen de ayudas a la banca, la delimitación de prioridades económicas y su clara connotación antisocial representan la enorme deriva antidemocrática de este Gobierno y de las actuales sociedades europeas.
En definitiva, estos presupuestos no sólo sientan las bases de una nueva y profunda crisis económica y social, sino que también reflejan el declive de los principios democráticos y deliberativos con los que se ideó en su origen el proyecto europeo. Estos presupuestos son un paso más en la consolidación e institucionalización de una ideología antisocial que se concibe a sí misma como una verdad absoluta. La misma verdad, paradójicamente, que nos ha traído hasta esta crisis.
