El Proyecto del Gobierno para el Presupuesto 2014 ha sido presentado bajo la etiqueta de “presupuestos para la recuperación”. Pero, en realidad son los presupuestos del sufrimiento.
Los portavoces del PP vuelven a los brotes verdes, pero como dice una conocida periodista, Soledad Gállego-Díaz, lo importante de los brotes verdes es quién se los va a comer. Y ya lo estamos viendo: los bancos y las grandes empresas mejoran sus beneficios, mayores que en 2012. En el campo de la mayoría social el empleo precario, el paro, la pobreza, los comercios cerrados, el deterioro de los servicios públicos, etc. sitúa en su justo lugar esa pretendida esperanza. La realidad es que son los presupuestos del paro, de la recesión, de la destrucción de empleo y del cierre de muchos autónomos y pequeñas empresas. Los presupuestos de la desesperanza.
Estamos en el sexto año de la crisis y las políticas de austeridad la han agravado. En España más aún: al inicio de la crisis, las cifras de paro en España eran equivalentes a las del resto de Europa (9,5-10% de la población activa), pero hoy mientras en Europa están en una media del 12,1%, en España se llega al 26% de la población activa.
La esperanza está en otra política
Por tanto, la esperanza está en otras políticas. Esas políticas son posibles. Nadie ha quemado el dinero en las calles; el dinero sigue existiendo. Si alguien compró pisos, alguien los vendió, lo mismo con los coches o cualquier otro producto.
No se trata necesariamente de subir los impuestos. Al contrario, algunos habrá que bajarlos (el IRPF para rentas más bajas y el IVA para ciertos productos, etc.). Izquierda Unida tiene una Proposición de Ley para una Reforma Fiscal Justa que va en ese sentido.
Lo que hay que hacer es combatir el fraude fiscal y la economía sumergida. Los técnicos de Hacienda estiman en 90.000 millones de euros el fraude fiscal (la mayor parte originado por las grandes empresas y las grandes fortunas). Eso es bastante más que todo el déficit en el que los neoliberales apoyan sus políticas de recortes, que han sido reforzadas en estos presupuestos del 2014. Por otra parte, las grandes empresas y los bancos pagan menos impuestos que las pequeñas empresas y los autónomos, cuando son unos de los grandes culpables de la crisis.
Las reformas del PP son una catástrofe
El Gobierno pretende que sus reformas están dando resultado. Esto es completamente incierto. La afiliación a la Seguridad Social ha descendido desde septiembre de 2011 en 1.120.000 cotizantes y el paro ha aumentado en casi 500.000 personas. Los salarios han descendido en el último año un 5%, según cifras oficiales del INE, y la contratación indefinida sólo se da en 7 de cada 100 contratos en septiembre de 2013, según datos de los servicios públicos de empleo. Esto en cuanto a la reforma laboral.
En cuanto a la reforma financiera, al menos 36.000 millones de euros tendrán que ser asumidos por el Estado, es decir por todos los contribuyentes.
La deuda externa genera el pago de unos intereses en los presupuestos de 2014 de 36.500 millones de euros, mucho más que el gasto en desempleo.
Obstaculizan la creación de empleo y generan pobreza
El ministro Montoro manifestó en las declaraciones hechas a la Prensa en el momento de la presentación del Proyecto que para el Gobierno la crisis es la crisis de la balanza por cuenta corriente, no el desempleo. Por eso, el Gobierno considera el empleo como un efecto colateral del beneficio empresarial, beneficio elevado y rápido (todas las empresas del IBEX 35, incluidos los bancos con 22.000 millones de beneficio en Bolsa sólo en los 6 primeros meses de 2013, lo están teniendo). Según El Mundo, las empresas del IBEX 35 han reducido su plantilla un 8,8%, mientras que han ganado un 25% más. Por tanto, el incremento de los beneficios empresariales no se trasforma en empleo y se sigue apostando por el mismo modelo productivo que nos ha llevado a lo más profundo de la crisis: ladrillo y turismo de baja calidad (Eurovegas, Parque Temático en Cataluña, la Olimpiada en caso de haberse conseguido, etc.).
Pero algunas medidas concretas son un buen exponente de esta real despreocupación por la creación de empleo. Entre ellas se pueden destacar:
– La congelación del salario de 3 millones de empleados públicos, la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones y el descenso de los salarios, reducen el consumo y por tanto el empleo.
– El incremento de la precariedad en la contratación genera falta de confianza en el futuro y dificulta el consumo a medio y largo plazo, con consecuencias importantes también sobre el consumo.
– El aumento del paro en el sector público, dejando sin cubrir las bajas que se produzcan salvo casos excepcionales.
– El descenso en las previsiones de crecimiento que contienen los presupuestos 2014. Frente a la estimación enviada anteriormente a Bruselas por el Gobierno de un crecimiento del 1,2% del PIB para 2014, ahora el crecimiento esperado por el Gobierno y recogido en los PGE es sólo del 0,7%. Con políticas neoliberales eso significa aumento del paro. Los expertos opinan que si se sigue con estas políticas, el paro no bajará del 25% hasta, al menos, 2020.
El descenso en la inversión pública, que vuelve a cifras de hace 25 años.
En cuanto a la mayor pobreza, basta leer el informe hecho por Cáritas. Más paro, menor poder adquisitivo de los pensionistas y más parados sin protección. En el centro de todo ello, una mayor feminización de la pobreza. Sólo el 52% de gasto social, frente al 60% en 2013.
Inútiles para salir de la crisis
Reducen el consumo y la inversión, que son los únicos elementos que pueden estimular el crecimiento sostenible. Ignoran por completo la trasformación del modelo productivo, única vía a medio y largo plazo de fundamentar otro modelo de desarrollo, generador de empleo digno y de un desarrollo sostenible y consolidable. Ignoran las necesidades en I+D+i civil y no toman medidas para estimular el crédito (teniendo además en cuenta que el Gobierno es el propietario de, al menos, la tercera parte de todo el sistema financiero del país.
Incongruentes con sus propios objetivos
Los sectores sobre los que el Gobierno pretende basar su política de recuperación son la exportación y el turismo. Pues bien, el presupuesto del Instituto de Turismo de España se reduce en el 16,7% y el del ICEX se estanca en 84 millones, pese a la fusión con Invest in Spain, CECO y España Exterior. Separados todos estos organismos tenían en 2012 un presupuesto superior a 115 millones de euros.
La promoción de la Marca España, otro de los objetivos prioritarios del Gobierno, se resiente sin embargo, no sólo del recorte en el Instituto de Turismo y en el ICEX, sino también del descenso del 9,4% en la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo.
Por su parte, la Agencia Tributaria sólo crece un 0,1% en términos monetarios, siendo un instrumento fundamental para la lucha contra el fraude fiscal. Esto contrasta con el incremento de un 345,2% para el Servicio Militar de Construcciones.
Finalmente, hay que subrayar que volvemos a estar ante unos PGE recentralizadores. Las trasferencias a las CC.AA. descienden en un 13,6%, con relación a 2013, Las inversiones regionalizables en CC.AA descienden en un 8%. Todo ello en un marco general condicionado porque el recorte del déficit en las Comunidades Autónomas será en 2014 del 1%.
De nuevo, enmienda a la totalidad
Izquierda Unida presentó propuestas para una enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Gobierno basadas en:
En el capítulo de ingresos, una reforma fiscal justa y la lucha contra el fraude fiscal.
En el capítulo de gastos, el apoyo a la creación de empleo y el aumento de la inversión pública, junto a la racionalización del gasto público. IU defiende el incremento del consumo y la inversión como palancas fundamentales para el estímulo de la actividad y la creación de empleo. Devolver a los funcionarios progresivamente la capacidad adquisitiva perdida, aumentar las pensiones, especialmente las mínimas, elevar el salario mínimo y apoyar a PYMEs, autónomos, cooperativas y empresas de trabajo social para la creación de empleo. Garantizar la calidad y universalidad de los servicios públicos.
En los fundamentos legales, la superación del corsé establecido por PSOE y PP con la reforma del art. 135 de la Constitución que establece la prioridad del pago de la deuda antes que los gastos en servicios públicos y políticas sociales.
Estas propuestas han sido recogidas por el Grupo parlamentario de IU, EUiA-ICV, Cha, la Izquierda Plural, que ha presentado una enmienda a la totalidad, cuyo resumen se publica en estas páginas, y unas 850 enmiendas parciales.
