La reforma de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha que el PP ha llevado a cabo, y que ha requerido de una previa reforma del Estatuto Regional, tiene como único objetivo blindar las Cortes al bipartidismo y facilitar la permanencia de la Presidenta Autonómica y Secretaria General del PP, María Dolores Cospedal, en el poder. La reforma del Estatuto Autonómico, básicamente, consiste en la reducción del número de escaños de la actual horquilla de entre 47-59 (en la actualidad hay 49) a otra que se sitúa entre 25-35 (la nueva Ley Electoral lo ha fijado en 33, sin que llegara a entrar en vigor y en clara contradicción con la última reforma del mes de junio de 2012, donde el propio PP situó el número de escaños en 53). Se trata de un episodio más, en este caso aún más cualificado, del uso partidista que se ha hecho a lo largo de la historia electoral de Castilla-La Mancha, ya que hay que recordar que el PSOE aprobó a través del Decreto de convocatoria de las elecciones de 2007 un diputado más por Cuenca que por Guadalajara, a pesar de tener aquella menos número de habitantes.
La reducción de los escaños nos sitúa en el Parlamento con menor número de representantes de las diecisiete Comunidades Autónomas, y permitiendo que un partido con menos del 30% de los votos tuviera la mayoría absoluta.
Ya es histórica la reivindicación del PCE-CLM y de IU-CLM de superar el gravísimo déficit democrático que ha venido sufriendo la Ley Electoral de Castilla-La Mancha, diseñada por el PSOE de José Bono y el PP regional para impedir el acceso a la cámara de otras formaciones políticas. De hecho, fue esa Ley la que ha permitido que Cospedal obtuviera mayoría absoluta en las Cortes Regionales en las pasadas elecciones sin que hubieran alcanzado el 50% de los votos. Si el PSOE de Bono y, posteriormente, el de José María Barreda, hubiera escuchado la propuesta de IU-CLM de elaborar una Ley Electoral justa y que reflejara fielmente la voluntad de los castellanomanchegos y castellanomanchegas, IU hubiera obtenido dos escaños y hubiera impedido la mayoría absoluta del PP. En las últimas elecciones IU obtuvo en Castilla-La Mancha 44.000 votos (sin lograr representación) cuando al PSOE o al PP les costó unos 22.000 votos cada uno de sus escaños.
Castilla-La Mancha tendrá los mismos escaños que La Rioja, que tiene 1.750.000 habitantes menos y una sola circunscripción electoral; mientras los riojanos eligen un escaño por cada 9.700 habitantes, en Castilla-La Mancha habrá un/a diputado/a por cada 63.500 habitantes (si se aplicara el método de Cospedal La Rioja tendría un parlamento de 5 escaños). El presupuesto general para 2014 que han aprobado y deben controlar los diputados de La Rioja es de 1.300 millones de euros, en Castilla-La Mancha es de 8.000 millones. Solo Andalucía, con 78.000 habitantes por escaño, supera a Castilla-La Mancha que, por tanto, tiene más habitantes por escaño que Madrid, Cataluña y Valencia. Con esos 33 escaños, las Cortes regionales tendrán 6 menos que Cantabria, 12 menos que Murcia y Asturias, 17 menos que Navarra, 26 menos que Baleares, 32 menos que Extremadura y 34 menos que Aragón, todas ellas CC.AA. con menos población, provincias y extensión que Castilla-La Mancha. Con algo más de población se sitúa Canarias, que tiene 27 escaños más, o el País Vasco, con 42 escaños más.
Es la única ley electoral, ya sea de carácter municipal, autonómico o general, que establece, en condiciones normalizadas de participación, un mínimo de hecho superior al 10% de voto emitido para poder obtener un escaño (llegando en algunas provincias a ser necesario más del 17%), lo que posibilita, como se ha dicho, que una formación política obteniendo tan solo el 30% del voto emitido, a su vez tenga más del 50% de los diputados/as.
Y no sería tan injusta y antidemocrática la Ley Electoral si su reparto fuera proporcional a los votos obtenidos por las diferentes formaciones políticas en una circunscripción única o con un colegio de restos que facilitaría, con tan escaso número de escaños, más democracia, pluralidad, representatividad, igualdad y participación en la vida política, algo que viene reclamando la mayoría social desde hace tiempo.
El argumento del ahorro de los gastos destinados a los políticos esgrimido por Cospedal resulta mezquino. El ridículo ahorro en el recorte del número de escaños, que dicen será de 1,5 millones de euros, se ve anulado por la contratación de cargos de libre designación, que alcanza un coste de 58 millones de euros, frente a los 8,6 millones de euros que necesitan las Cortes para su funcionamiento. En los dos últimos años ha aumentado la partida de altos cargos y elegidos a dedo en un 60%. A lo dicho habría que añadir que Cospedal ya había retirado los salarios de los diputados y diputadas. ¿De qué ahorro se habla?
Es una medida miserable, porque se está haciendo al calor de un clima de ‘la antipolítica’ que se ha creado en este país precisamente por todos los políticos y políticas, corruptos y corruptas, vendidos a empresarios sin escrúpulos sobornadores en nuestro país.
En definitiva, se quiere perpetuar un sistema bipartidista, de apoyo a las políticas neoliberales y de recortes, encarnado tanto por PP como por PSOE. Cospedal no quiere oposición real a sus medidas, como tampoco quiere órganos que puedan controlar su Gobierno como demuestra que se cargara la Sindicatura de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Poder para despedir empleados públicos, para eliminar servicios de urgencia, para poner la televisión de Castilla-La Mancha al servicio de un partido, para quitar recursos a la dependencia, para que continúe el empobrecimiento de la población, el aumento del exilio juvenil, la destrucción del poco tejido industrial que tenemos, la degradación de los servicios públicos: la sanidad, la educación, los servicios sociales, etc.
Se preserva un bipartidismo que ha sido responsable de hundir a CCM, la caja de ahorros de la región, cuando gobernaba el PSOE y que el Partido Popular en esta Cámara se ha negado a investigar. Consolida un pobre bipartidismo excluyente, quebrando los principios de igualdad, pluralismo político, proporcionalidad y representatividad.
Entendemos que esta reforma, que viene sin consenso político ni social, incumpliendo las recomendaciones del Consejo de Estado sobre la proporcionalidad de las leyes electorales, y que encierra un peligroso discurso populista y autoritario, atenta contra las normas constitucionales y del propio Estatuto. Se atenta contra el artículo 1.1 de la Constitución porque se limita el pluralismo político; se atenta contra el artículo 23 ya que impide acceder en condiciones de igualdad a funcionarios y cargos públicos; entendemos que también afecta al artículo 4 del Estatuto de Autonomía porque no se facilita la participación de todos los ciudadanos con igualdad en la vida política de Castilla-La Mancha y, finalmente, también al artículo 10 del propio Estatuto que habla de la elección por sufragio universal, libre, igual, directo, secreto, etc.
IU reclama una circunscripción única
IU-CLM plantea una reforma electoral con participación social, sindical y del conjunto de fuerzas políticas. Apostamos por la circunscripción única, apostamos por mantener el número de escaños y por un referéndum para que sean los castellanomanchegos y las castellanomanchegas quienes decidan. Castilla-La Mancha necesita una reforma electoral que garantice de forma escrupulosa los principios de igualdad, proporcionalidad, representatividad y pluralismo político consagrados en la Constitución.
Han sido muchas las veces que hemos dicho desde IU-CLM que Castilla-La Mancha se estaba utilizando como “banco de pruebas” de las políticas neoliberales que después se extendían al resto del Estado. La reforma de nuestra Ley Electoral ha sido la experiencia para la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para la elección directa de alcaldes de la candidatura más votada.
