«La Huelga del 11N ya es historia de lucha de clase obrera organizada y de todo el pueblo». Así de contundente resumía la cuenta del PCE en su red social (X), el éxito de la jornada de huelga general y las masivas manifestaciones que a lo largo de la tarde noche cerraban una jornada de participación de los trabajadores y las trabajadoras en defensa de los salarios, el derecho a la vivienda y los servicios sociales.
Grandes ciudades de nuestro país como Madrid, Barcelona, València, Málaga, acogieron, en medio de condiciones meteorológicas más que adversas, a miles y miles de personas de todas las edades, incluidas familias, pero con una presencia mayoritaria de personas jóvenes, muy conscientes de su pertenencia de clase y dispuestas a seguir reivindicando y peleando en el futuro por los objetivos que llevaron a la jornada de huelga y movilización.
Tal y como afirmó desde la capital hispalense Enrique Santiago, secretario general del PCE y candidato del Frente Amplio por Sevilla, en su declaración valorando el éxito de la jornada de huelga: «se trata de un éxito intergeneracional, pues esta primera huelga general por el derecho a la vivienda ha unido a personas jóvenes de este país con el movimiento sindical, con el movimiento obrero«.
Frente a los bulos de la derecha y la ultraderecha, su política de recortes en salarios, pensiones, derechos y su agenda racista, la clase obrera dio ayer un impulso para colocar como prioridad social y política, garantizar la vivienda, los servicios públicos, subir salarios y que las pensiones públicas y las bajas por enfermedad son intocables.
Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, reseñaba también el carácter histórico de la manifestación en Madrid, por la participación masiva que desbordaba todas las previsiones y por el carácter unitario que aunaba el empuje del movimiento de inquilinos e inquilinas por la vivienda, las organizaciones sindicales y otras organizaciones sociales que se habían destacado en la preparación de la huelga.
Laboral y política
Desde la derecha política y mediática se ha cuestionado tanto días antes de la celebración de la jornada de huelga como después, dado el éxito de la misma, el carácter de la huelga, tachándola de política y cuestionando la legitimidad de realizarse en la proximidad de una elecciones generales.
El hecho de que los precios que se manejan de acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en compra, estén impactando tan fuertemente en los salarios, devaluándolos pese a los incrementos en los convenios de empresa o tras la aprobación de las subidas del SMI, ha hecho que los sindicatos hayan incorporado la reivindicación del acceso a la vivienda como un objetivo de la huelga.
Como reconocía Unai Sordo en un artículo escrito para Mundo Obrero en vísperas de la jornada del 11N, «el 11 de noviembre pretende impulsar una gran movilización social y dotar de una dimensión laboral a la reivindicación de unas políticas de vivienda ambiciosas». Sordo, en declaraciones hechas a otro medio, ha señalado que la convocatoria de huelga era un input que se lanzaba para señalar que «el problema del acceso a la vivienda es el principal problema socioeconómico que tiene España». «Se trata de una huelga general heterodoxa —explica Sordo— no es una huelga general al uso… pretendía generar un paro en el ámbito laboral para impulsar una enorme movilización social en el entorno del problema de la vivienda, que no es una reivindicación estrictamente laboral pero que impacta de una manera enorme en la clase trabajadora».
Enrique Santiago, secretario general del PCE, justificaba plenamente el carácter laboral y político de la huelga, alegando que la vivienda es un derecho constitucional, que hay «muchos trabajadores y trabajadoras, incluso con salarios dignos, que no pueden pagar un alquiler», y que «los convenios colectivos debían incorporar medidas de acceso a la vivienda».
También Pepe Álvarez, secretario general de UGT, defendía en un artículo para Mundo Obrero, la incorporación sindical del acceso a la vivienda y su objetivo movilizador en la huelga: «la vivienda es una cuestión sindical de primer orden. Los logros que negociamos en los convenios pierden buena parte de su eficacia si acaba absorbido por el alquiler».
Cargas policiales, porras y gas pimienta
La intervención policial fue ampliamente cuestionada desde el comienzo de la jornada, con actuaciones desproporcionadas que ponían en cuestión el legal y legítimo desempeño de los piquetes informativos en la madrugada del 11 de noviembre.
Los sindicatos anunciaban acciones judiciales por la actuación de la Policía contra los piquetes en la misma mañana del día 11N en la primera rueda de prensa ofrecida por las centrales sindicales para informar de los datos de evaluación e impacto de seguimiento y participación e ironizaban sobre la no tan casual coincidencia por la utilización antirreglamentaria de esprays de gas pimienta, al margen del protocolo policial, por parte de las fuerzas del orden con el reciente uso de este material por parte de una diputada del PP en sede parlamentaria y del influencer de extrema derecha Ndongo en su tarea no periodística ni informativo de acoso.
Agresiones policiales en Mercamadrid, en la localidad vizcaína de Zamudio, en Mercamálaga, donde nuestro compañero Ernesto Alba, secretario general del PCA y diputado de Por Andalucía fue agredido, y el uso desproporcionado de la fuerza contra los piquetes y al término de algunas manifestaciones de la tarde, tratando de impedir el derecho de huelga y de manifestación, han levantado indignación y un gran interrogante acerca de quién y cómo se autorizan dichas intervenciones.
Enrique Santiago exigía responsabilidades, tachaba de inadmisible el uso excesivo de la fuerza atribuyéndolo a algunos policías descontrolados y recordaba que las manifestaciones y los piquetes no son delito.
Por su parte Unai Sordo ha anunciado ejercer actuaciones penales ante los tribunales por la violencia policial y ha declarado que «no hay sociedad democrática sin una policía democrática».
