José Luis Centella acusó al PP de presentar unos Presupuestos Generales del Estado para 2015 que “no afrontan la realidad de este país” y que “condenan a más sufrimiento a la mayoría” de la población. Son unos presupuestos alejados de las necesidades de la economía social y de la mayoría de la ciudadanía para salir de la crisis. Ni siquiera han tenido en cuenta recomendaciones de la OCDE, el FMI y la OIT para el estímulo de la economía y la creación de empleo.
Cayo Lara, por su parte, dijo que con estos Presupuestos el PP demuestra tener “menos sensibilidad que las cuchillas de la valla de Melilla”, y los calificó de “los peores de los presupuestos posibles”.
Izquierda Unida considera que estos son unos presupuestos electoralistas, con una teórica bajada de impuestos planteada en términos populistas, cuando lo que hacen en realidad es congelar sueldos y bajar la capacidad adquisitiva de la gran mayoría, incluidos los pensionistas.
En realidad los beneficiarios de la política fiscal regresiva de este gobierno que presenta estos estos PGE son las empresas a las que regala una cantidad próxima a los 6.000 millones de euros, entre exenciones y desgravaciones fiscales, por un lado, y bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, por otro. Eso cuando esta repetidamente demostrado que el aumento de beneficios empresariales no repercute en aumento de empleo.
Así ocurrió el año pasado, cuando sólo en el primer semestre del año las empresas del IBEX 35 aumentaron un 25% sus beneficios a la vez que reducían su plantilla en un 8,8%, o sea aumentaban beneficios empresariales a la vez que disminuían plantilla y generaban más paro.
Las empresas del IBEX 35, incluidos los bancos, obtuvieron unos beneficios en bolsa de 22.000 millones de euros en sólo los seis primeros meses del año pasado. Pero esos millones de euros de beneficios empresariales ni se transformaron en empleo ni se redistribuyeron, ni llegaron a esos 2,7 millones de niños españoles que hoy viven debajo del umbral de la pobreza. Uno de cada 3 niños en España están en riesgo de exclusión social, el 36,3%, una cifra que dentro de los países de la Unión Europea y de la CEOE sólo es superada por Grecia y Letonia. Es el resultado de la creciente brecha social en este país.
El ministro Montoro, califica estos presupuestos de continuistas y sigue en la misma línea del año pasado cuando ya Izquierda Unida acusó al gobierno de considerar el empleo como un efecto colateral del beneficio empresarial. Pero para Montoro y el gobierno, la crisis es la crisis de la balanza por cuenta corriente, no el desempleo, que apenas bajará según las propias previsiones del PP.
“Política suicida respecto al mercado de trabajo” es como Izquierda Unida define a estos Presupuestos. Hasta el gobierno es consciente del nulo efecto positivo de su política ya que predice que el empleo caerá un 0,2% en 2014. Confía en que la población activa siga cayendo para así lograr un ligero retroceso en la tasa de paro hasta el 25,9% (hoy está en el 26,26%)
Unos presupuestos irreales y técnicamente insolventes
Los cálculos macroeconómicos son ilusorios: no es realista un crecimiento económico del 2% del PIB en 2015, ni un aumento del 20% en la recaudación por Sociedades, ni el crecimiento del 5,4% previsto en las exportaciones. Para todo ello es necesario que nuestros principales socios comerciales de la zona euro (Alemania, Francia e Italia) salgan de la recesión. Los últimos datos conocidos indican todo lo contrario.
En cuanto a las exportaciones fuera de la zona euro, habrá que tener en cuenta la depreciación de la moneda europea, estimada con relación al dólar en un 6,7% por el propio documento de presentación del PGE 2015 (de paso hay que decir que eso encarece las importaciones en valor euro de combustibles fósiles, de las que somos extremadamente dependientes).
Alternativamente, debería crecer el mercado interno, pero los datos proporcionados por el Banco de España y otros, indican su atonía.
Además, la evolución del IPC mantiene una situación cercana a la deflación que se prolonga en el tiempo. Lo curioso es que el documento presenta nuestra nula inflación como una elemento positivo con relación a la UE, cuando es conocido que una situación de deflación es una de las más graves amenazas sobre el crecimiento económico y el empleo.
Por otra parte, la política del Gobierno es radicalmente contraria al aumento de la demanda interna.
Unos presupuestos lejos de la recuperación y el empleo
No son presupuesto de recuperación y empleo. En todo caso, recuperación para las grandes empresas y los bancos, y empleo precario, que empuja a la emigración a cientos de miles dejóvenes.
El total de horas trabajadas está estancado, esas horas se reparten entre más gente, con contratos indignos y salarios de pobreza.
Pese a que en el marketing comunicacional, el Gobierno afirma lo de la recuperación y el empleo, en sus propios documentos cambia de música y de letra: “un Presupuesto continuista, que tiene la necesidad de seguir ahondando en las reformas estructurales y en la consolidación fiscal con el fin de que el déficit del Estado no supere el 2,9% y la Seguridad Social cierre el ejercicio con un déficit no superior al 0,6%”. Es decir, el objeto expreso es acentuar los recortes.
Los PGE 2015 regalan a las empresas una cantidad próxima a los 6.000 millones de euros, entre exenciones y desgravaciones fiscales, por un lado, y bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, por otro. Más aún, como consecuencia del último proyecto de reforma fiscal del PP, que previsiblemente será aplicable en 2015, en este año el tipo teórico del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas desciende del 30% al 28%.
Los PGE 2015 continúan la política de austeridad de toda la legislatura. A lo largo de la misma, los gastos no financieros han aumentado sólo el 1,7%, mientras los intereses de la deuda se han incrementado en 12.000 millones anuales.
Unos PGE con el gasto social prácticamente congelado y con un reparto más irregular e injusto del mismo
Las pensiones aumentan sólo el 0,25%, con lo que retrocederá su poder adquisitivo.
Los gastos de protección del desempleo descienden el 15%. Sin embargo, la misma previsión del Gobierno es de un descenso del paro del 6,5% aproximadamente hasta llegar al 22,9 de la población activa en términos EPA. Eso significa una disminución importante de la protección por desempleo, que se agudiza por el aumento de los parados de larga duración.
El aumento de educación (4,5%) se destina exclusivamente a financiar la implantación de la Ley Wert.
La educación compensatoria, destinada a garantizar la equidad, pierde el 90% de supresupuesto. Se congelan las becas y el Programa Erasmus. También se congela el gasto en dependencia.
Unos presupuestos sin ningún estímulo de empleo
Los PGE siguen apostando por el incremento del empleo como resultado “natural” de su reforma laboral. Sin embargo, como el propio documento de presentación dice, los Costes Laborales Unitarios vienen descendiendo desde 2010, su evolución en comparación con la media de la UE (donde se encuentran nuestros principales competidores) es inferior, la productividad aumenta y, sin embargo, no se crea empleo de calidad y bien retribuido.
Se congela un año más el salario de los funcionarios. Y la mejora de la reposición del empleo público es muy limitada.
La inversión pública aumenta, pero más del 25% se concentra en el AVE.
Las inversiones en las comunidades autónomas aumentan ligeramente, pero el conjunto de la legislatura ha representado fuertes recortes en todas ellas.
Descienden las subvenciones a I+D civil, pero aumentan las destinadas a I+D militar.
Unos presupuestos apoyados en una fiscalidad injusta y regresiva
En 2015 se aplicará en su primer año la reforma fiscal del PP que se está tramitando actualmente en el Parlamento.
Estos PGE, que cuentan con que la reforma será aprobada en los términos queridos por el Gobierno -con un sorprendente desprecio por las Cámaras- basan todas sus previsiones de ingresos en la misma.
El Gobierno estima que aumentará la recaudación por Impuesto de Sociedades en un 20,4%, la de IVA un 7,2%, con un ligero descenso del IRPF (-0,6%), cuando la reforma fiscal que impone el PP bajará la imposición, fundamentalmente la de los más ricos, en 3.800 millones durante 2015.
En este sentido, el tipo máximo de Sociedades (el que teóricamente pagan las grandes empresas) desciende del 30% al 28%.
Los “beneficios fiscales” (desgravaciones, exenciones, etc.) aumentan un 6,1% hasta 40.719 millones, pese a que el Gobierno vendió su reforma fiscal argumentando su descenso. Estos beneficios favorecen esencialmente a las grandes empresas y la banca que logran pasar de tipos teóricos de sociedades del 28% en 2015 a tipos reales inferiores al 8%.
La deuda pública pasará al 100,3% del PIB y los intereses de la deuda a 35.500 millones de euros (casi 100 millones diarios). Para refinanciar la deuda, el Gobierno necesitará 665 millones cada día.
Disminuye el presupuesto de la Administración Tributaria, lo que muestra el poco interés del Gobierno en mejorar la lucha contra el fraude y la economía sumergida.
Una política presupuestaria recentralizadora
Se establece el déficit 0 para los Ayuntamientos, que tendrán que intensificar su política de recortes y austeridad. Esto significa un dogal para el desarrollo de los programas de progreso de las fuerzas que se presenten en las elecciones municipales y tengan responsabilidades de Gobierno.
Las inversiones en las Comunidades Autónomas aumentan ligeramente, pero el conjunto de la legislatura ha representado fuertes recortes en todas ellas.
Unos presupuestos electoralistas
Finalmente, se trata de unos presupuestos pensados en términos de las próximas convocatorias electorales, no solamente por la teórica bajada de impuestos, sino por la distribución de la inversión pública, especialmente de las empresas que no contabilizan déficit. En este sentido destacan las obras del AVE, por ejemplo.
