Andalucía es una tierra rica y con una gran diversidad en su producción agrícola. El campo, como decimos comúnmente, supone para los pueblos de interior y para el conjunto de Andalucía una parte muy importante de su economía y del empleo: 1.500.000 personas dependen directamente o indirectamente de la agricultura.
La agricultura es nuestra historia, cultura, paisaje y un enorme patrimonio común que nos permite la sostenibilidad alimentaria, el asentamiento de la población y el desarrollo rural. Es nuestro principal capital social y económico.
El olivar es el único sector que tiene capacidad para crear empleo en provincias como las de Jaén y Córdoba debido a su monocultivo, no permitiendo otras alternativas laborales en unas provincias especialmente castigadas por el desempleo y el desmantelamiento del escaso tejido industrial que tenía, como ha pasado en la provincia de Jaén. Una provincia con la tasa de desempleo más alta de España, 36%, y un paro juvenil que alcanza el 64%, junto a una situación muy difícil por su escaso índice de actividad, 54,12%, llegándose a 105.000 personas sin empleo y 33.900 familias que no cuentan con ningún ingreso salarial.
Jaén también es castigada por el Gobierno de la Nación a través de la disminución de inversiones en los Presupuestos Generales del Estado en el año 2015, con un 10% menos con respecto al año anterior y por el recorte de fondos europeos de la Política Agraria Común (PAC).
La superficie de olivar en Andalucía supera el millón y medio de hectáreas. El 61% se concentra en las provincias de Jaén y Córdoba. En Jaén se cultivan 510.598 hectáreas, un 88,5%, de la tierra disponible para cultivos. En términos cuantitativos: 65.960 explotaciones agrarias de pequeño tamaño, 108.000 olivareros, con una producción de 700.000 toneladas de aceite (siendo el 20% del mundo y el 45% de España).
Andalucía durante esta campaña 2014–2015 va a tener una campaña con una producción de 643.000 toneladas de aceite de oliva, lo que supone un descenso del 56% con respecto al año pasado. Jaén es la que experimenta una mayor caída de producción no llegándose a las 250.000 toneladas de aceite, una producción un 68% menor que en la pasada campaña.
Debido principalmente a una climatología marcada por la falta de lluvias y altas temperaturas durante la floración -que ha causado un estrés hídrico en el olivo-, unido al agotamiento del árbol tras una excelente producción de la campaña anterior, provocando que el fruto no terminara de madurar quedándose en agracejo no pudiéndose desarrollar.
Por desgracia la falta de cosecha afecta al más humilde agricultor ya que por una mala cosecha, van a tener que acudir a los préstamos bancarios para pagar gastos comunes y necesarios como: combustible, maquinaria, tratamientos fitosanitarios, herbicidas, riegos, personal, etc.
Los más perjudicados de esta situación serán las familias que dependen del cultivo del olivar puesto que se han perdido más de 6,5 millones de jornales agrícolas en Andalucía, solamente en la campaña de la aceituna, de los más de 14 millones de jornales que se trabajaron el año pasado. En Jaén se perderán 4,5 millones de jornales, muchos de ellos dejarán de realizarse por el colectivo de mujeres que suponen más del 56% del total de afiliados al Régimen Agrario en Andalucía. Las mujeres, junto con los emigrantes, están siendo desplazadas por la vuelta de trabajadores de otros sectores, y una elevada mecanización que está experimentado el campo andaluz en los últimos años que disminuyen la cantidad de jornales que se realizaban hace apenas unos años. Esto imposibilita computar las jornadas reales necesarias para poder tener acceso al Subsidio Agrario. En el año 2013 se eliminaron de la percepción a 10.000 beneficiarios que no pudieron reunir las peonadas mínimas, siendo el colectivo femenino el más perjudicado al ser el más numeroso que se quedó sin cobrar el subsidio agrario.
La falta de trabajo nos está llevando al despoblamiento de zonas rurales de escasa producción agraria, abandonando sus habitantes lo que ha sido su medio de vida y la de sus antepasados. Pueblos cada vez más pequeños y por tanto cada vez más débiles para reaccionar e introducir posibles mejoras, débil concentración de productores, aparición de mafias, deficiente organización comercial y falta de crédito en los pequeños y medianos productores, feminización de la pobreza, competencia entre los propios trabajadores por un puesto de trabajo.
Estamos ante una catástrofe, y por ello es imprescindible la eliminación del requisito de exigir un número de peonadas para tener acceso al subsidio agrario para todos/as aquellos trabajadores/as eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario. Es de suma urgencia el incremento de recursos económicos de la partida destinada al PFEA y es imprescindible y urgente la puesta en marcha de un plan extraordinario de empleo para el mundo rural. Junto a la necesaria adopción de medidas que refuercen la capacidad protectora y de garantía de rentas que dichos programas tienen y eviten que la mayoría de los 132.400 beneficiarios andaluces/as -el 4,35% del total de trabajadores con prestaciones-, (15.900 en Jaén) entren en riesgo de exclusión social ni en la indigencia,
El Plan de Empleo Rural (PER) fue instituido en 1986 por el Gobierno central, en dos comunidades con cifras de paro inasumibles y crónicas. El PER no era más que una medida paliativa para los campesinos sin tierra o jornaleros que ha permitido a la población jornalera tener acceso a un sistema de protección que se les había negado de manera sistemática hasta ese momento, posibilitando la dignidad como trabajadores/as y garantizando unos ingresos básicos para mantener a las familias. Hoy el Plan Fomento de Empleo Agrario (PFEA) es un plan de subvenciones a los Ayuntamientos para realizar inversiones en el ámbito rural. Aunque desde 1996 este plan se extendió a otras comunidades autónomas, Andalucía y Extremadura copan un 85% del total de la dotación económica del plan. Este plan ha sido el motor de la recuperación y el mantenimiento de decenas de pueblos andaluces y extremeños que hubiesen desaparecido o estarían ruinosos e inhabitables y que en la actualidad cuentan con infraestructuras, dotaciones y servicios básicos equiparables a los de cualquier ciudad. La subvención va a los consistorios, que presentan sus proyectos de obras, siendo una actividad temporal como el empleo que genera.
El subsidio agrario y Renta agraria tienen una inversión de 700 millones de euros anuales, el 2,3% del gasto en desempleo del país (32.600 millones). El PFEA tiene un presupuesto de 215 millones de los que 147 millones los aporta el Estado, unos fondos que posibilitaron la puesta en marcha de 1.933 proyectos presentados por el total de los municipios andaluces y las Diputaciones provinciales.
El subsidio es más necesario que nunca, y el Gobierno Central debe dar respuesta no exigiendo número de jornales, ante las graves situaciones y circunstancias por las que están pasando los trabajadores/as del campo, unas prestaciones que sólo cobran el 23% de todos los eventuales agrarios, en una cantidad de 426 euros durante seis meses (menor que la media del desempleo contributivo 860 euros) aminorando en 86,70 euros que cotiza mensualmente el trabajador agrario.
Los trabajadores agrícolas no viven de las prestaciones, sino que mal viven de cuidar un patrimonio que es de todos, de todos los jienenses y de todos los andaluces. Los trabajadores del campo han de tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador. No pueden ser castigados por realizar los trabajos más penosos e intermitentes que existen en el mercado laboral. Para nada se disfruta ganándose la vida como jornalero. Los jornaleros agrícolas han sido un sector discriminado continuamente y que sólo tiene la campaña de la recogida de la aceituna para poder trabajar y reunir las jornadas que le son necesarias para solicitar el subsidio agrario o la renta.
Es necesario dotarnos de una ley integral de Agricultura que cambie el modelo productivo en el campo y contemple un reparto más justo de la tierra, establecer e impulsar unas políticas agrarias que favorezcan a quienes trabajan directamente la tierra y viven en el medio rural, defendiendo una agricultura sostenible, y producen alimentos saludables para todos, frente a los que prefieren beneficios para unos pocos, curiosamente aquellos que en lugar de potenciar nuestro sector estratégico y tradicional han apostado por la especulación inmobiliaria, el ladrillo y el endeudamiento de trabajadores agrícolas que se encuentran hipotecados. Las Administraciones Públicas deben tomar cartas en el asunto para paliar en la medida de lo posible los efectos que va a tener la fuerte reducción de la cosecha en la economía de los trabajadores y trabajadoras agrícolas.
No puedo pasar por alto la postura poco clarificadora del grupo socialista el pasado día 23 de noviembre en el Parlamento de Andalucía rechazando la enmienda del Grupo parlamentario de I.U. que exigía la eliminación del requisito de presentar las jornadas para poder cobrar el Subsidio Agrario, tras pasearse por los pueblos recogiendo firmar para su eliminación. Los parlamentarios del PSOE no pueden olvidar tan pronto. “Que lo más indigno de un ser humano es tener que humillarse para poder comer”.
