El pasado 16 de febrero conocimos la noticia de un nuevo ataque a la memoria democrática: esta vez ha sido contra el monolito situado en el cementerio de La Cartuja, en el barrio de La Cartuja Baja de Zaragoza. Otro ataque y sabotaje para destruirlo. Recordemos los atentados perpetrados contra la placa a Dolores Ibárruri en El Salar (Granada) el pasado año o al monolito de la fosa común de Caballeros en Aller (Asturias), por señalar algunos.
Mostramos nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras de la Asociación Foro por la Memoria de Aragón y nuestra máxima repulsa a este tipo de hechos que vienen, una vez más, a demostrar la carencia de garantías de respeto a las víctimas o, lo que es los mismo, las garantías de no repetición de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura en España.
Los informes de las distintas instancias de la ONU sobre las víctimas del franquismo son claros en el deber del Estado español de garantizar los cauces necesarios para la no repetición de los hechos de represión franquista. Nosotros, como no puede ser de otra manera, seguimos denunciando que en el Estado español estas garantías no se respetan y que es imprescindible tener en cuenta estos derechos como garantes de un estado democrático normalizado.
Este tipo de acciones, que nosotros no consideramos aisladas y tampoco acciones individuales, tienen detrás el peso ideológico del revisionismo y de la negación. Quizás exista la peor conclusión, que es la normalización de estos ataques y la justificación de los mismos.
Como hecho comparativo tenemos que afirmar que no debería haber ningún problema en la colocación de placas de recuerdo a las víctimas del terrorismo de ETA en Madrid (el grupo municipal de IU elevó su protesta ante el intento de colocación de una placa al liberticida Almirante Carrero Blanco que al final no fue colocada), si las víctimas del franquismo tuvieran equiparación semejante; pero sabemos que continúan esperando ser reconocidas y recordadas como se hace en los países de nuestro entorno. Sin esta labor difícilmente podremos estar garantizando los mínimos derechos de No Repetición del que hablábamos más arriba.
¿Cómo podremos evitar que hechos violentos de represión no sucedan ni se repitan mientras que no se realizan las mínimas acciones pedagógicas y de señalización de los lugares donde se produjeron? Una mínima señalización existente, como la realizada por la Dirección General de Memoria democrática en Andalucía, también víctima de la intransigencia muchas veces, o la llevada a cabo por el esfuerzo de iniciativas personales y de colectivos, no es suficiente para ese empeño.
Este tipo de actos en Europa son considerados difamación y son perseguidos. En España existe el delito de “incitación al odio” o “incitación a la violencia”, fórmula que estamos reivindicando para que puedan ser perseguidos y castigados en este tipo de acciones.
Saludamos la iniciativa del abogado Eduardo Ranz Alonso de presentar demandas a las ciudades donde no se pone en marcha la ley de memoria en cuanto a la simbología franquista y el callejero, iniciativa puesta en marcha el pasado 11 de febrero, fecha que coincide con el 142 aniversario de la proclamación de la primera República.
La Asociación Foro por la Memoria tiene una oficina de atención en Madrid todos los lunes y miércoles de 10 a 13 horas.
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