Izquierda Unida Federal, a través de su responsable de política municipal, Manuel Fuentes, en cumplimiento de lo aprobado en su programa marco local, ha dado traslado a todos los grupos municipales del país de una Moción instando al Presidente de Gobierno y a todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales la derogación inmediata de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Igualmente, se solicita la implementación de una propuesta de trabajo para la reforma local que analice y reflexione sobre importantes aspectos como la suficiencia financiera y la autonomía política de los ayuntamientos, la ciudad como pilar del desarrollo económico y la reforma del modelo de Estado.

Izquierda Unida ha sido desde su fundación una fuerza municipalista, que pone en práctica en los Ayuntamientos que dirige formas de gobernar diferentes, cercanas a los intereses del pueblo y de la clase trabajadora, con preocupaciones por los derechos sociales de sus vecinos y vecinas, aún más importantes en los momentos que vivimos, donde el Ayuntamiento, como administración más cercana, realiza y debe seguir realizando un papel de atención mayor y más sensible a las personas que peor lo están pasando.

Estas prácticas sociales y de compromiso con la mayoría social trabajadora queda coartada con la reforma que entró en vigor el 31 de enero de 2013 tras un complejo proceso que derivó en su aprobación con los únicos votos a favor de los diputados del PP y la presentación de un conflicto en defensa de la autonomía local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en nombre de cerca de tres mil municipios.

Incluso el Consejo de Estado, en mayo de 2014, remitió dictamen al Sr. Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas informando que existen fundamentos jurídicos suficientes para que los municipios interesados planteen conflicto en defensa de la autonomía local en relación con determinados artículos de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.

El documento recurrido ante el Constitucional, modifica otro ámbito competencial diferente, el local, sin contar con este ni con la administración autonómica, que tiene en muchos casos las competencias en exclusiva en materia de régimen local. Esta Ley supone la demolición del modelo de gestión pública que se inició en España con los Ayuntamientos democráticos desde 1.979, y que, grosso modo, ha supuesto un avance en el desarrollo del país desde el impulso dado en el ámbito municipal. En lugar de ello, se procede a un desmantelamiento controlado de la experiencia democrática local en la línea tradicional del modelo centralizador y de pulsión autoritaria del actual gobierno, despreciando y desconociendo que el nivel local de gobierno es una estructura nuclear del Estado Constitucional.

Diputaciones

Es inaceptable el poder que se otorga a las diputaciones provinciales cuando en realidad son meros instrumentos de poder en manos de los partidos políticos. Es incomprensible su existencia en nuestro Estado de las autonomías. Eliminar las diputaciones, pasando sus competencias a las CC.AA., supondría racionalizar la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos de los municipios evitando duplicidades. Se eliminarían las prácticas de caciquismo y de corrupción. Se someterían los asuntos al control democrático autonómico que difícilmente se puede llevar a cabo por diputados provinciales elegidos a dedo por los partidos políticos al margen de la voluntad popular.

Esta Ley significa el desmantelamiento de la referencia más cercana a la ciudadanía, el primer nivel de acceso a la representación popular, y lo sustituye por la eliminación de competencias y servicios consolidados, así como por una ausencia de financiación que ciertamente lleva a la privatización de los que queden.

El desapoderamiento y vaciamiento de competencias del ámbito local, dejando a los Ayuntamientos como entidades meramente formales. La tutela y control sobre la administración local, otorgando a las Diputaciones la coordinación de servicios y otras relevantes competencias. La estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como único patrón de medida, del que depende la autonomía municipal. La reestructuración del sector público local, que potencia la iniciativa económica privada, y por añadidura, la creación de lobbies empresariales para la prestación de servicios. La usurpación del debate público y acuerdo en el Pleno para la aprobación de los presupuestos municipales y otras importantes medidas económicas, como la vinculación del coste efectivo de los servicios para facilitar la intervención del Ministerio en el control del gasto. El establecimiento de mecanismos de ajuste o redimensionamiento sobre el personal al servicio de las administraciones públicas.

Estos puntos en concreto y la ley en general son para IU y el conjunto de la sociedad una norma contra los derechos de la ciudadanía y contra los servicios públicos de proximidad que prestan los ayuntamientos; una ley contra nuestros pueblos y ciudades; una ley contra la democracia que bien merece la presentación y aprobación de la moción de referencia.