La política guatemalteca Iskra Soto Orantes se encuentra de visita en Europa para denunciar la grave crisis política e institucional de su país, así como presentar el nuevo proyecto político de CONVERGENCIA-CPO-CRD. Inició su militancia política en las Fuerzas Armadas Rebeldes FAR y posteriormente, después de la Firma de la Paz, se afilió y militó en el partido político de izquierda Alianza Nueva Nación ANN, en el que asumió responsabilidades en la comisión de relaciones internacionales y fue su representante en España desde 2008 hasta 2015, donde formó parte de la Secretaría Europea del Foro de Sao Paulo. En las elecciones que se celebrarán en septiembre irá en la lista de ‘Convergencia CPO-CRD’, como candidata al Parlamento Centroamericano.

Mundo Obrero: Últimamente Guatemala se asoma con cierta frecuencia a la actualidad internacional, ¿cuál es la razón?
Iskra Soto: Guatemala está viviendo en la actualidad un fenómeno de movilización social sin precedentes, que ha provocado la renuncia de la Vicepresidenta R. Baldetti y otras autoridades gubernamentales. Por primera vez la gente sale a la calle espontáneamente para denunciar la corrupción y exigir la renuncia del Presidente Otto Pérez Molina. Estas movilizaciones reflejan el agotamiento de un sistema fallido que está en decadencia y que es necesario transformar.

M.O.: ¿Cuáles son los elementos novedosos con respecto a situaciones y etapas anteriores?
I.S.: La movilización es masiva, se mantiene viva desde hace 8 semanas, sábado a sábado, y se han implicado por primera vez las clases medias que durante años se habían mantenido al margen de la política. Por primera vez se ha perdido el miedo no solo a pedir la renuncia sino a exigir cambios importantes.

M.O.: ¿En algún momento de su historia tuvo Guatemala la oportunidad de ser un país con un mejor equilibrio en el reparto de oportunidades?
I.S.: Hubo una revolución allá por 1944, se le conoce como la ‘primavera democrática’ de Guatemala, porque veníamos de una dictadura liberal/fascista de 18 años. Se cambió la constitución y se hizo una reforma agraria, lo que provocó que la United Fruit Company alentase una invasión militar en 1954, que fue preparada en los EE.UU. y concretada con la presencia de personal norteamericano y con un grupo de militares guatemaltecos. El Gobierno fue derrocado y ahí dio comienzo una secuencia de 36 años de dictaduras militares, de una represión irracional sin control ni límites. Esta etapa trágica de Guatemala dejó un saldo de 250.000 víctimas, con 40.000 desaparecidos…

M.O.: … y surge el conflicto armado…
I.S.: Sí, en efecto, fueron 36 años de conflicto armado interno, hasta los acuerdos de paz de 1996. Luego, con la paz llegó también la desmovilización, así, la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), organización donde confluyeron las 4 organizaciones guerrilleras que participaron en el conflicto armado, se incorporaron a la lucha política dentro de la democracia –por así decir- y la URNG se inscribió como partido político. Aquel paso significaba entrar a participar en las dinámicas democrático/electorales ya establecidas. Todo ello hizo que las organizaciones se dividieran, hasta conformar el paisaje de fragmentación de la izquierda; sin credibilidad en la sociedad de Guatemala ni en el ámbito internacional. Toca volver a empezar.

M.O.: Pero el marco legal de los partidos políticos en Guatemala debería ser objeto de cambio…
I.S.: La Ley es muy mala; establece y favorece que los partidos se conformen como empresas y no como instituciones de participación política. Esta circunstancia impide que en Guatemala exista una cultura de instituciones políticas y partidarias como en México o El Salvador, con partidos, militantes, etc., En la actualidad, creo que hay que tener 22.000 afiliados para poder inscribirte como partido político, es una forma de negocio como cualquier otra. Los poderes oligárquicos y los militares forman un partido político, registran la ficha y cada cuatro años lo venden, entonces quien se quiera postular como candidato a la presidencia tiene que comprar el partido…

M.O.: Todo parece estar atado y muy bien atado como para que cedan los resortes de un sistema así conformado…
I.S.: Veamos, ese compadrazgo entre las estructuras de poder y el control de las instituciones que controlan los militares, los intereses de los oligarcas tradicionales y la participación de la inversión extranjera, es lo que ha provocado el colapso del sistema político institucional en Guatemala. La diferencia de ayer a hoy es que, en estos momentos, se está desarrollando una investigación que se ha hecho pública y que, como consecuencia, se han tomado medidas judiciales en relación a los responsables que han estado implicados. Hablamos del caso de ‘La Línea’, que es el que implica al actual gobierno y a su presidente, Otto Pérez Molina.

M.O.: Extraña que todo esto saliera a la luz en un país tan ‘encriptado’ como Guatemala…
I.S.: Esto lo hizo público la ‘Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala’ (CICIG), que es un organismo internacional con fondos multilaterales. Después de hacer público el informe, el Ministerio Público inició las detenciones correspondientes. La investigación viene a destapar una serie de sucesos que han ocurrido en Guatemala a lo largo de décadas, por lo que la gente ha salido a las calles a exigir justicia y la renuncia de un Gobierno ilegítimo, ladrón y corrupto.

M.O.: ¿Y en medio de este panorama novedoso, qué papel juegan las empresas multinacionales instaladas en el país?
I.S.: Entre las empresas extranjeras están, por un lado, las que se han hecho con los servicios públicos, como Unión Fenosa, Aguas de Barcelona, Telefónica, etc. y, en otro plano están las compañías mineras y las hidroeléctricas, con un perfil de industrias extractivas que ponen en riesgo el territorio y la soberanía de los pueblos originarios. Las injerencias y los abusos han provocado que la población indígena haya reaccionado con movilizaciones y protestas porque su territorio es el vínculo que tiene con su origen, de donde provienen y al lugar al que van a volver cuando termine su viaje por esta vida. Y como cabía esperar, el Gobierno ha sacado nuevamente el ejército a la calle para reprimir.

M.O.: ¿Cómo se está concretando la respuesta de los pueblos originarios ante la nueva situación?
I.S.: Se ha conformado el ‘Consejo de los Pueblos Originarios’ (CPO), que es una especie de reagrupamiento de los pueblos organizados en la defensa de la vida y el territorio, y que han identificado la necesidad de que para revertir esas leyes que favorecen a las multinacionales, es necesario acceder al poder. Y ahora sí, han decidido participar en las elecciones, organizados dentro de ‘Convergencia CPO-CRD’, que es el partido político que vehiculiza la fuerza del pueblo Maya articulada en el Consejo del Pueblo Maya (CPO) y las organizaciones articuladas en la Convergencia por la Revolución Democrática (CRD). Es la primera vez que los pueblos originarios determinan la necesidad de organizarse para transformar el sistema y se suman en un proyecto conjunto con organizaciones de DDHH, movimiento feminista, ambientalista, LGTB, etc.

M.O.: ¿Cómo ha sido posible la convergencia entre colectivos de origen tan dispar?
I.S.: Hace unos años iniciamos un análisis profundo de las razones que condujeron a que la izquierda que venía de las guerrillas, con capacidad de movilización e influencia en la sociedad, se fuera marchitando dentro del proceso democrático. Nuestra conclusión es que se perdió la oportunidad de conectar con la izquierda que anida en la sociedad civil organizada, los movimientos sociales, la izquierda sindical…

Este es el proceso que ahora estamos recuperando, a partir de una convocatoria para abrir una mesa de diálogo con un grupo de más de 25 organizaciones que permita conformar una estructura de las izquierdas que realmente pueda tener la capacidad de unirse para impulsar una agenda programática de cambio en el país.

M.O.: Contemplada la situación desde España, nos surge la curiosidad acerca de cómo actúan las empresas españolas en Guatemala…
I.S.: En Guatemala las leyes de inversión extranjera son sumamente macabras, pues establecen que solo el 1% de la ganancia se queda en el territorio nacional, y el 99% restante se divide entre la empresa inversora (casi siempre, extranjera) y la alianza que tiene que hacer por ley con alguna empresa nacional que, generalmente está conformada por parientes y familiares de los ministros, alcaldes, etc., que están implicados en ese negocio… Las empresas españolas son conscientes de esto, aquí tienen buenos amigos que los favorecen en sus negocios y, además, no se tienen que preocupar por las condiciones laborales, pues las relaciones se basan directamente en la violación de los derechos humanos… Por desgracia, el Gobierno español mantiene una actitud bastante hipócrita y se tapa la nariz cuando hay empresas españolas como Hidralia que están siendo acusadas de violaciones de DDHH, la desaparición de varios líderes comunitarios, detenciones administrativas, etc…

M.O.: … el propio presidente, Otto Pérez Molina, fue premiado y agasajado cuando visitó España…
I.S.: Sorprende mucho que el Gobierno español mire para otro lado cuando se conocen informes de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que implican a Pérez Molina en el genocidio y en las redes de corrupción…