El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció oficialmente, dos días después de celebradas las elecciones legislativas, el 8 de diciembre, los resultados que otorgaban una mayoría muy cualificada a la Mesa de la Unidad Democrática, alianza opositora a la Revolución Bolivariana: 109 diputados de la oposición frente a 55 del oficialismo. Además, el Consejo atribuyó como ganadores a tres candidatos indígenas que se sumaban a la oposición alcanzando así 112 diputados, un 65,27% ante el 32,93% de los diputados y diputadas comprometidos con la Revolución. Con ese resultado, la Oposición (comprometida con la campaña de desestabilización) la guerra económica apoyada por la Administración Norteamericana y toda la expresión política Neoliberal (de la socialdemocracia a la caverna de la derecha), conseguía las dos terceras partes de la Cámara, fundamental para desmontar los logros de la Revolución. En un ejemplo de comportamiento democrático y patriótico, el Presidente Maduro reconocía el resultado inmediatamente después de hacerse público: «En todas las circunstancias hemos sabido reconocer los resultados. Resultados favorables y adversos (…) y siempre hemos confiado en nuestro poder electoral y, sobre todo en la voluntad de ustedes», ha afirmado Maduro. «Viendo estos resultados, hemos venido con nuestra moral y nuestra ética a reconocer y a aceptar estos resultados adversos y a decirle a nuestra Venezuela que la Constitución ha triunfado». El excelente trabajo del Consejo Nacional Electoral, tan difamado por campañas internacionales que denunciaban su parcialidad, y la propia reacción del Presidente Maduro, cortaban de raíz toda la campaña de mentiras y difamaciones (nacionales e internacionales) que ensuciaban la trayectoria absolutamente democrática y participada de la Revolución Bolivariana.
Ese resultado significaba en la práctica un triunfo de la contrarrevolución, de la guerra económica, así reconocido por el propio Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que inmediatamente reaccionó celebrando, tan solo cuatro días después de las elecciones (10 de diciembre), una sesión extraordinaria de su III Congreso, 842 delegados de todo el territorio nacional, además de diputadas y diputados activos y electos de la Asamblea Nacional, para afrontar de forma crítica el nuevo escenario y disponerse a volver a recuperar la base social perdida de la Revolución. El Presidente Maduro instó en el Congreso a la renovación de la dirección del PSUV y de su gobierno para afrontar los retos y fortalecer la unión del movimiento revolucionario y desarrollar estrategias para impulsar la Revolución Bolivariana ante el nuevo escenario.
Entretanto, la Contrarrevolución, elegía como Presidente de la Asamblea Nacional a Henry Ramos Allup, del partido Acción Democrática, miembro de la Internacional Socialista que junto a COPEI (democraciacristiana) controlaron todas las instituciones hasta la victoria de Hugo Chávez en las generales de 1998 poniendo fin a la corrupción y el clientelismo generalizado de esos partidos y de la oligarquía venezolana. En un documento secreto de la diplomacia norteamericana (filtrado por Wikileaks) hace cuatro años, se refería a Henry Ramos como “una reliquia del pasado” ”fanfarrón y repelente”, de impetuoso carácter. Con ese “perfil” se estrenó haciendo retirar los símbolos más queridos de la Revolución, los retratos de Hugo Chávez y Simón Bolívar de la Asamblea Nacional.
Todo parecía indicar que la oposición se disponía a utilizar sus dos terceras partes de la Asamblea para desmontar los logros más sobresalientes de la Revolución Bolivariana. Un recurso por irregularidades en la elección de los diputados por el Estado de Amazonas, admitido por el Tribunal Supremo de Venezuela, ponía a prueba a la oposición y al propio Presidente de la Asamblea. En un primer momento, y a pesar de su anulación, Henry Ramos aceptó que tomaran posesión, lo que motivó que el Tribunal Supremo declarara que todos los actos que realizara la Asamblea Nacional a partir de ese momento serían nulos e ilegítimos. Ante esa advertencia, que declararía a la Asamblea Nacional fuera de ley, finalmente los tres diputados renunciaron a sus actas rectificando su provocación a la ley electoral y a la Constitución.
¿Qué llevó al personaje de Henry Ramos a ponerse fuera del mandato constitucional? Muy sencillo, con esos tres diputados, la contra conseguía con sus 2/3 partes de la Asamblea las siguientes prerrogativas: Revisar Tratados Internacionales como el de Petrocaribe, intervenir leyes orgánicas, promover una reforma constitucional, retirar magistrados del Tribunal Supremo o del gobierno, es decir, poner en un serio aprieto a la Revolución. Pero ese aparente repliegue de la contra no es óbice para que la campaña internacional contra la Revolución Bolivariana siga adelante. El secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro envió una carta al Presidente Maduro acusándole de “erosionar” la democracia y dar “un golpe directo” a la voluntad popular poniendo en duda el papel del Tribunal Supremo. Sin tener ningún mandato para ello, el secretario general de la OEA en una acción imprudente e irresponsable, se convirtió en un actor político de la derecha venezolana y sus aliados para seguir desacreditando la Constitución Bolivariana, para en definitiva seguir erosionando la soberanía nacional de Venezuela.
Sin duda, vienen tiempos difíciles para la Revolución Bolivariana que habrá que superar con inteligencia, determinación y capacidad de análisis para corregir errores utilizados por la contrarrevolución y la guerra económica, para recuperar base social perdida. La respuesta inmediata del PSUV y del Presidente Maduro y su gobierno apuntan en esa dirección. Corresponderá también a la solidaridad internacional contrarrestar las injerencias permanentes del Neoliberalismo Internacional a la soberanía venezolana concretada en su Constitución e Instituciones.
